La confidencialidad de los datos es nula en el país porque las bases no garantizan privacidad. Son vulnerables a quien se propone acceder a la información o pague por ella.
Cada vez que usted recibe una llamada de un banco ajeno al suyo, y un vendedor le ofrece una tarjeta de crédito, tenga por seguro que el número de celular lo obtuvo porque “alguien” que vive en la impunidad facilitó o vendió la base de datos. A tanto ha llegado la vulnerabilidad que en la campaña electoral del 2018 un partido envió 6,6 millones de mensajes de texto a 2,5 millones de electores. ¿Cómo obtuvo sus números? Gracias a “alguien”. Tan mal se manejan las bases de datos que el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), administrador de información tan sensible como las cuotas obrero-patronales de 1,7 millones de trabajadores, le dio acceso acceso ilimitado a bodegueros, mensajeros, choferes y guardas. ¿Para qué?
Incluso, en el 2015, el Sicere fue objeto de un hackeo. Empleados de un banco habrían obtenido 500.000 registros de trabajadores. Un caso impune. Hay más. En el Poder Judicial, los controles también son débiles: 21 agentes del OIJ y 4 fiscales entraron sin permiso, en el 2014, a la Plataforma de Información Policial (PIP), donde están los datos de casi todo el país, para husmear los de Keylor Navas.
Ahora, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, quiere levantar el secreto bancario para que el Ministerio acceda a información con fines de fiscalización tributaria. ¿Qué garantiza el sigilo? Nada. Es irracional imaginar a los funcionarios de Hacienda escarbando cuentas solo porque sale de pronto un famoso millonario, como Keylor Navas.
¿Para qué levantar el secreto bancario si puede acceder a la información por medio de un juez? Si es porque los jueces responden con lentitud, el problema no es del secreto bancario, es de los jueces que incumplen su deber. Y es a ellos a quienes debe exigirles cambios.
Ahora, la Unidad Presidencial de Asesoría de Datos (UPAD) es noticia. Del análisis de datos no debe pasar y parece que eso le quedó claro a la Casa Presidencial.
La venta de información privada en Costa Rica es un negocio y nunca, nunca, ni siquiera el OIJ o la Fiscalía, menos la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, han llegado a ese “alguien” que vende información. Impunidad total.
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Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.
