EscucharLa Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) tiene a su cargo una de las tareas más cruciales para que electricidad, combustibles, agua, gas, pasajes de buses, taxis, puertos, revisión vehicular, peajes y otros servicios más estén al alcance de los ciudadanos a precios justos.
La Aresep también debe velar por la calidad y continuidad de los servicios. En el 2008, se le agregó la tutela de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y se creó un mejor marco regulatorio con el fin de proteger la institución de intereses políticos, evitar abusos de los monopolios o concentraciones, fomentar la transparencia y la productividad de las instituciones que debe evaluar.
La Aresep, sin embargo, no tiene fuerza para exigir información a los grandes regulados. Su falta de poder la limita al análisis de ciertas variables de cada modelo y a aceptar, la mayor parte del tiempo, las solicitudes de precios que se le plantean.
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El peso político y económico de las instituciones estatales y grupos empresariales es superior a sus capacidades, a lo que se suma la carencia de normas y procedimientos, que debería corregirse si se quiere una institución con facultades para regular y evaluar la eficiencia de las instituciones del sector público y empresas bajo su responsabilidad.
Una reforma debería darle mayor independencia para obligar a los regulados a contar con un verdadero gobierno corporativo, profesional e independiente, que proteja las inversiones, planifique a largo plazo, se preocupe por la productividad y modifique la arcaica ley 4-3 de las directivas.
Opacidad institucional
Es preocupante que al Grupo ICE, Recope, Acueductos y Alcantarillados, Japdeva, Senara, Correos y el poderoso sector del transporte público no se les exija la productividad que se requiere para tener un país más competitivo.
Mientras no se midan resultados y no exista competencia, las instituciones claves y los grandes oferentes del servicio de transporte público fijarán sus tarifas tomando en cuenta sus costos, y los consumidores seguiremos pagando la ineficiencia.
Entretanto, estamos pagando a una Aresep cuya operación le sale cara al país, pero no tiene posibilidad de cambiar las malas prácticas y la falta de transparencia.
Las tarifas, en teoría, se definen con base en estudios técnicos, mediante métodos que garanticen el retorno de la inversión al que brinda el servicio. Sin embargo, existen los más variados subsidios cruzados que distorsionan la estructura de costos en una misma actividad económica, lo que crea enormes distorsiones, como en el caso de los combustibles a pescadores y al gas licuado, diésel y búnker.
En telecomunicaciones, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) genera, distribuye y compra energía, pero también vende servicios de cable e internet, en algunos casos en forma monopolista, utiliza prácticas contables complejas y transfiere subsidios entre diferentes centros de costos, que complican la fijación de precios.
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Se desconocen muchos de sus costos, con el agravante de que hasta el momento ha rehusado aplicar las normas internacionales de contabilidad (NIC). Es preocupante que el Grupo ICE no abra los libros contables relacionados con la operación eléctrica, pues la competencia está en telecomunicaciones, donde ha venido perdiendo mercado debido a su falta de vigor, tarifas elevadas y fallas en el servicio, a pesar de haber nacido como monopolio, lo que le dio una enorme ventaja.
Aresep capturada
La política de subsidios debe ser revisada periódicamente. Debemos dejar que la Aresep participe en la discusión, aporte recursos técnicos e instrumentos que tengan el menor costo social y que sea factible identificar quién subsidia a quién. No podemos seguir sosteniendo un enjambre de subsidios cruzados que tornan cada vez más compleja la administración.
La Aresep está capturada políticamente por el Poder Ejecutivo y los grandes grupos de interés, aunque su ley le mande independencia, lo cual es evidente en la pretensión de reelegir en el puesto a Roberto Jiménez Gómez.
La Aresep está inmersa en una maraña de intereses políticos, y el consumidor resulta perjudicado. No puede exigirse productividad cuando a todo regulado le está permitido apelar la decisión del regulador, aunque sepa de antemano que no tiene razón.
Las demandas se pueden presentar contra el director, la junta directiva o los técnicos, con el agravante de que la defensa es personal. En esta indefensión, ¿quién se atreve a sacar una resolución que no será aceptada de antemano? ¿Quién se atreverá a pedir un ajuste de tarifas si sabe que puede ser demandado? ¿No es esta una herramienta para la extorsión? ¿Quién defiende a los consumidores? ¿Quién protege a los técnicos?
Hay que fortalecer la Aresep para que sea un organismo técnico, no político, potenciador de la eficiencia de las entidades y empresas que le corresponde vigilar.
Por lo pronto, el primer paso es cambiar al regulador y al consejo director y nombrar en su lugar a personas capaces de entender los desafíos que enfrenta la institución y que estén al servicio de los costarricenses, no de los intereses de los regulados que operan como monopolios y cobran según sus caprichos.
El autor es ingeniero.
