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La semana pasada, una corte federal de apelaciones en Estados Unidos confirmó lo que muchos especialistas anticipaban: la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales, al determinar que los supuestos de la Ley de Poderes Económicos ante Emergencias Internacionales (IEEPA) no aplican en este contexto.
La facultad de imponer aranceles recae normalmente en el Congreso de EE. UU., salvo que una legislación autorice excepcionalmente al Poder Ejecutivo. La administración Trump sostuvo que podía ordenar aranceles generalizados amparándose en la declaración de “emergencia nacional” contemplada en la IEEPA.
Las tarifas bajo esta ley incluyen los aranceles del “Día de Liberación”, anunciados el 2 de abril y vigentes desde el 5 del mismo mes, que fijaron un arancel general de 10% a todas las importaciones. También abarca los “aranceles recíprocos”, ajustados según el socio comercial: para Costa Rica, la tasa aumentó del 10% al 15% hace unas semanas. De igual forma, la medida cubre los aranceles sobre productos originarios de Canadá, México y China.
La corte de apelaciones ratifica en lo sustancial una decisión anterior de la Corte de Comercio Internacional (ITC), un tribunal especializado con sede en Nueva York. El fallo reconoce que la IEEPA otorga amplios poderes al presidente en momentos de crisis nacional, pero aclara que no faculta imponer aranceles generales como los promovidos por Trump. La aplicación de esta sentencia se posterga hasta el 14 de octubre para dar tiempo al gobierno de solicitar revisión ante la Corte Suprema; por tanto, los aranceles siguen vigentes.
Más allá del debate legal sobre la facultad presidencial para imponer aranceles, la noción misma de que un déficit comercial constituye una relación “injusta” resulta discutible. El déficit comercial significa importar más bienes de los que se exportan, lo que no es necesariamente bueno o malo, ni constituye automáticamente una amenaza a la seguridad nacional. Además, centrarse solo en el comercio de bienes ignora la importancia del intercambio de servicios.
Tras conocerse la resolución judicial, el presidente Trump afirmó en redes sociales que eliminar los aranceles sería un “desastre total” para la fortaleza financiera de EE. UU., y reiteró que los aranceles permanecen y que no tolerará más déficits ni barreras injustas impuestas por otros países.
Es previsible que la administración Trump apelará la decisión; de hacerlo, corresponderá a la Corte Suprema la última palabra. Esta será una decisión trascendental, tanto para el futuro de los aranceles como para el alcance de la autoridad presidencial en materia comercial.
Si la Corte Suprema confirma que los aranceles fueron indebidamente impuestos, la administración de Trump vería seriamente limitada su facultad para imponer cambios arancelarios y, en consecuencia, también su capacidad para maniobrar con una de las herramientas cruciales de su política económica y de relaciones exteriores.
Además, las empresas afectadas podrían exigir el reembolso de los pagos realizados al Gobierno estadounidense. Según el Departamento del Tesoro y un análisis de Politico, este año la recaudación por aranceles aumentó un 147,7% respecto al anterior, lo que equivale a una suma nada despreciable.
Si el gobierno de Trump quisiera continuar con estas medidas, podría recurrir a otras leyes, aunque estos instrumentos legales son menos ágiles. Por ejemplo, para imponer aranceles amparados en amenazas a la seguridad nacional –como en los casos del acero– se requiere una investigación previa que demuestre el riesgo real a la seguridad.
Esta decisión incrementa temporalmente la incertidumbre sobre la política comercial de EE. UU. Actualmente, las empresas desconocen cómo planificar y a qué reglas ajustarse, los consumidores afrontan confusión y aumentos de precios, y los socios comerciales podrían haber negociado durante meses sobre aranceles que nunca fueron legales. Esta incertidumbre genera costos que pagamos todos.
Francisco Chacón es abogado y lidera la práctica de Inversión Extranjera y Comercio Exterior del bufete Zurcher Odio & Raven Valeria Tiffer es abogada con una maestría en Administración de Negocios.
