EscucharEn política pública, existe una tensión recurrente entre lo más fácil de implementar y lo que realmente resuelve el problema. A menudo, las soluciones de mayor alcance y ejecución más rápida (los llamados low-hanging fruit) terminan ocupando un lugar central porque permiten mostrar avances en el corto plazo.
El problema aparece cuando esas soluciones empiezan a sustituir, y no a complementar, las transformaciones más complejas que el problema requiere. Esa tensión ayuda a entender el surgimiento de iniciativas como Hello Brete.
La lógica es clara: si el sistema educativo no ha logrado universalizar el dominio del inglés, entonces se puede ampliar el acceso mediante plataformas digitales, a gran escala y en poco tiempo. Es una respuesta pragmática. Pero también refleja un cambio en la forma de abordar el problema. El contraste es evidente en la forma en que se asignan y se interpretan los recursos. Por un lado, los programas tradicionales de formación en inglés implican costos elevados por “egreso”.
Si se toma como referencia la ejecución reciente del INA –alrededor de ¢6.700 millones para poco más de 7.000 egresos, según el PNDIP 2025–, el costo promedio supera los ¢900.000 por egreso. Por otro lado, modelos como Hello Brete operan bajo una lógica distinta. El costo por acceso es considerablemente menor –del orden de $80 por licencia anual–, lo que permite multiplicar la cobertura con los mismos recursos.
Desde una perspectiva presupuestaria, la comparación resulta atractiva. Pero también plantea una pregunta más profunda: ¿qué estamos comprando realmente? No es lo mismo financiar procesos formativos estructurados, con acompañamiento y seguimiento, que habilitar el acceso a una plataforma cuyo aprovechamiento depende, en gran medida, del usuario.
Tampoco es lo mismo medir egresos que medir aprendizaje, ni medir acceso que medir dominio efectivo. Cuando estos elementos se confunden, el riesgo es que el sistema optimice lo más fácil de contabilizar, no lo de mayor impacto. Esto tiene implicaciones directas para el diseño de la política pública.
Cuando se paga por procesos, existe el riesgo de ineficiencia; cuando se paga por acceso, el riesgo es de baja efectividad. La alternativa –más exigente, pero también más relevante– es alinear el gasto con resultados verificables: avance real en los niveles de dominio, certificaciones con estándar internacional o mejoras observables en la empleabilidad.
La discusión, entonces, no es si un modelo es más barato que otro. Es qué tipo de resultados estamos financiando. Porque en un contexto de recursos limitados, la pregunta no es cuánto cuesta enseñar inglés, sino cuánto está el país dispuesto a pagar por aprenderlo de verdad. Y es precisamente ahí donde vuelve a aparecer la tensión inicial: entre lo que es fácil de escalar y lo que realmente transforma. De esa decisión depende si el país logra cerrar la brecha o si simplemente aprende a administrarla mejor.
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Andrés Fernández Arauz es economista.
