Escuchar este artículoEs lugar común que vivimos una crisis de grandes proporciones. El desempleo ronda el 9 % y la pobreza alrededor de un 20 % de la población; esto pese a que nuestro Estado, el cual debe enfocarse en las soluciones de nuestras diferencias sociales, es uno de los más caros del mundo.
Las pifias en el Ministerio de Hacienda por su falta de transparencia en cuanto al monto y vencimiento de la deuda y su ineficiencia en el cobro de impuestos, las del ICE por el alto costo de sus proyectos y sus cuentas secretas que redundan en el precio de la energía, las de Recope y sus varios proyectos fallidos, la CCSS, con sus enormes listas de espera, sus medicinas que vencen y las sospechas de corrupción en algunos departamentos; el MOPT, cuyas carreteras carecen de estudios probados, a menudo mal diseñadas y que cuestan el doble de lo presupuestado; la complacencia y descuido con que se tratan las vías de transporte; los bancos del Estado con sus créditos malos que huelen a compadrazgo y clientelismo; el INA, con funcionarios que pasean mientras la gente permanece sin calificación… En fin, la lista es enorme y comprende a casi todo el Estado, y la educación pública no es excepción.
Alta inversión. Basta saber que pese a que invertimos cerca del 8 % en relación al PIB, inversión tan alta o más que la de los países escandinavos, nuestros niños no tienen aulas ni preprimaria, requieren dos años para aprender a leer y solo alrededor del 50 % obtienen el bachillerato, con muy dudosos conocimientos, denotados por la baja nota que obtienen en las pruebas PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Si nuestro Estado tiene suficiente financiamiento para enrumbar su trabajo hacia el desarrollo generalizado, el problema que vivimos reside en la falta de idoneidad de los funcionarios públicos. Y existe más que suficiente evidencia de que esta carencia de idoneidad se debe en muy buena parte al clientelismo con que se nombran a los funcionarios, en todo nivel, en el Estado y en especial en educación.
El presidente, conocedor de todo esto, nos prometió durante la campaña política que gobernaría con liderazgo, transparencia y nombraría en los cargos educativos a los mejores, y que, por el lugar primordial de la educación en el desarrollo personal y nacional, haría de la reforma integral educativa su proyecto estrella. Esta promesa nos causó un respiro de tranquilidad. Mucho documento serio hemos leído que demuestra que la educación proporciona trabajo, elimina la pobreza, provee neuronas para sacarnos del subdesarrollo y hasta evita dictaduras.
Calidad docente. Al respecto nos dice el Estado de la Educación en Costa Rica 2017 que la educación anda “manga por hombro” en muchos aspectos, pero que fundamentalmente el problema se muestra en lo que ocurre dentro de las aulas, y deja en evidencia que requerimos enfatizar con seriedad en la formación y la calificación de los docentes.
De manera acertada, el Ministro de Educación, Edgar Mora, tomó la decisión de disminuir el trabajo administrativo de los maestros para que se dediquen con prioridad a estudiar y enseñar, pero es preciso señalar que para arreglar el problema de la baja y pobre escolaridad de nuestros muchachos no basta proporcionar tiempo para que los maestros no lleven a cabo tanto trabajo administrativo, sino, fundamentalmente, se requiere garantizar que los maestros utilicen prácticas pedagógicas adecuadas y conozcan a la perfección el tema a enseñar.
Estándares deficientes. Tal y como está, el Ministerio de Educación Pública (MEP) no cumple, porque si cumpliera, no tendríamos los estándares deficientes que lucimos.
Para solucionar el grave problema de un número enorme de plazas en propiedad ocupadas por interinos, el ministro Mora firmó junto con el presidente un decreto ejecutivo para nombrar en propiedad a 15.000 funcionarios interinos. El ministro soluciona un problema de desorden legal, pero esta medida no contribuye a resolver el problema de la calidad de los docentes: las plazas no se abrirán a concurso y los interinos pasarán a las plazas sin garantía alguna de su idoneidad para el cargo. La situación actual en cuanto a la calidad de los docentes permanece exactamente igual con interinos o no.
El decreto ejecutivo soslaya dos graves problemas de gran vigencia. Uno es el fiscal. Acerca de esto, el presidente dijo que no abriría nuevas plazas y que eliminaría las redundantes no indispensables en el Estado. No creo que el ministro Mora haya hecho un estudio adecuado sobre la necesidad perentoria de conservar esas 15.000 plazas, las cuales, sin duda, aumentarán el presupuesto en educación porque ahora los interinos tendrán derechos a cesantía, preaviso, anualidades y otras remuneraciones propias de los funcionarios en propiedad.
El otro, es el problema de la calidad o formación de los docentes que se nombrarán en propiedad, sin cumplir con requisitos de ninguna clase. Es posible que el decreto ejecutivo obedezca al cumplimiento de tratados internacionales que comprometen al Estado a sacar a concurso las plazas en propiedad después de cierto tiempo, y quizás hasta obliguen a otorgarlas en propiedad a los interinos que las ocupan. Si esto fuera cierto, estos compromisos no eliminan la posibilidad de examinar para dictaminar la situación académica de las personas interinas y darles el tratamiento adecuado.
El Ministro habría podido idear algún requisito que rectifique las prácticas de tener maestros sin calificación, que nos tienen varados desde hace rato en la ruta del desarrollo de la educación.
Sin duda alguna, las 15.000 personas contratadas estarán felices y le deberán el “favor” de su nombramiento al ministro de Educación y al presidente de la República. Igual de felices estarán los sindicatos. Pero el pueblo verá con dolor, como el proyecto estrella del presidente peligra en este momento en que la inmigración de cientos de personas de baja escolaridad pasan a engrosar nuestra población estudiantil.
El decreto firmado podrá ser un paso hacia el cumplimiento de compromisos adquiridos por el país y no cumplidos a tiempo, pero, desafortunadamente, no es un paso adelante para una educación pública de calidad.
En el contexto actual, nos preguntamos si el compromiso firmado por el presidente y el ministro será un punto negociado para que algunos no enreden demasiado la cancha y aprueben el proyecto fiscal sin hacer mucha bulla. Y si así fuera, ¿qué pasará con la racionalización y reforma del Estado que con ansiedad esperamos?
La autora es filósofa.
