EscucharMientras Texas desfallece bajo una ola de calor nunca antes vista, el gobernador promulgó una nueva ley de “prelación normativa” (preemption) que impedirá a ciudades como Houston y Dallas fijar normas para los lugares de trabajo locales (por ejemplo, que las personas que trabajan al aire libre tengan pausas garantizadas para beber agua).
La Ley de Coherencia Regulatoria de Texas señala ocho grandes áreas en las que los gobiernos municipales tendrán prohibido aplicar políticas que trasciendan la legislación estatal (y anula las leyes locales que ya lo hacen). Las ciudades cuyas políticas difieran de las del estado se exponen a pleitos y al pago de indemnizaciones.
Esto conlleva que los intereses de los votantes en las ciudades de tendencia demócrata del estado están siendo pisoteados por los dirigentes republicanos a escala estatal y por las empresas que los apoyan. Para colmo, la nueva ley texana no es más que la última en una serie de medidas de los estados que pretenden anular la autoridad de los gobiernos locales y la voluntad de sus electores.
El objetivo aquí es doble: eliminar leyes concretas y destruir la capacidad de los gobiernos locales para regular en áreas que tradicionalmente son parte de sus competencias. En todo el país se está usando el concepto de prelación para imponer una ideología desregulatoria en ciudades de tendencia progresista: la cantidad de esos proyectos creció de 140 en el 2017 a más de 1.000 en el 2022 (este año ya alcanzaron los 650).
Las ciudades atacadas representan a la mayoría de los votantes en asuntos clave, como el aborto, los derechos LGBTQ+, el control de armas, la reforma de la justicia penal, el salario mínimo, las condiciones de trabajo justas y el derecho al voto. En Texas, por ejemplo, una mayoría de los votantes considera que los gobiernos locales deben tener control sobre cuestiones de justicia económica.
Pero lo mismo que en otros estados bajo control republicano, una variedad de extremistas, grupos empresariales e intereses especiales ha prevalecido sobre la voluntad popular. Según el Center for Public Integrity, más de 10.000 proyectos de ley presentados en legislaturas estatales entre el 2010 y el 2018 son “copias” de modelos provistos por grupos de intereses especiales; de ellos, más del 20 % se convirtieron en ley.
Límites a la consulta popular
Los republicanos y sus donantes y aliados también están llevando adelante un esfuerzo coordinado para restringir los derechos de los ciudadanos poniendo límites al uso de la consulta popular, que permite a la ciudadanía proponer medidas y votarlas en forma directa (algo que hoy es posible en 27 estados). A junio del 2023, el Ballot Initiative Strategy Center contabilizó “cincuenta medidas que afectarán o debilitarán el proceso de iniciativa popular en catorce estados”, de las que 45 “se presentaron a través de la legislatura”.
A esto se suma una serie de ataques legales y regulatorios que buscan restringir el mecanismo, aumentando la cantidad de firmas necesarias para habilitar que se vote una iniciativa o el mínimo de votos positivos para aprobarla (es común que estas iniciativas se aprueben por escaso margen). Por ejemplo, en el 2022, Arizona instituyó (mediante consulta popular) un mínimo del 60 % de los votos positivos, y en Misuri hay una propuesta de elevar el mínimo a dos tercios; con esto se sumaría a otros nueve estados que ya tienen requisitos de mayoría calificada.
Pero el ataque más flagrante contra las consultas populares tendrá lugar en Ohio, donde una coalición de legisladores y grupos de intereses especiales consiguió que el 8 de agosto se celebre una elección especial para que los ciudadanos del estado no puedan votar una propuesta de enmienda relacionada con la libertad reproductiva.
Es evidente que los legisladores republicanos están alarmados por una serie de consultas populares exitosas que se celebraron en el 2022 para proteger los derechos reproductivos en diversos estados (incluidos algunos bajo férreo control republicano).
El uso de la doctrina de prelación es especialmente preocupante en aquellos estados donde el trazado de los distritos electorales está muy distorsionado para favorecer a un partido determinado, y un grupo no representativo de funcionarios elegidos ejerce un poder que no guarda relación con sus respectivas poblaciones de votantes.
De los diez estados donde la manipulación de distritos es mayor, nueve tienen legislaturas bajo control republicano y funcionarios decididos a llevar adelante una agenda a la que se opone la mayoría de los ciudadanos.
Medidas para frenarlo
Felizmente, hace poco, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un veredicto inesperado y dictaminó que el trazado de distritos electorales para el congreso de Alabama, modificado después del censo del 2020, viola la sección 2 de la Ley de Derecho al Voto, ya que diluye la influencia de los votantes negros del estado.
Pero la lucha apenas comienza. El uso de la doctrina de prelación, los intentos de restringir las consultas populares, el trazado distorsivo de los distritos electorales y los ataques contra el derecho al voto están en alza, y eso supone una amenaza creciente contra la democracia estadounidense a escala local y estatal.
No podemos permitir que estos intentos prosperen. En Arizona (donde la legislatura bajo control republicano está decidida a menoscabar el principio de elecciones libres y justas), la gobernadora demócrata, Katie Hobbs, vetó más de cien propuestas en apenas seis meses de mandato.
Otra defensa es hacer campaña contra los intentos de imponer el requisito de mayoría calificada en futuras consultas populares o de aumentar la cantidad de firmas necesarias para habilitarlas. Con ese objetivo, el Ballot Initiative Strategy Center ha desarrollado un valioso marco estratégico para identificar nuevas amenazas (poniendo un acertado énfasis en las comunidades históricamente marginadas).
Otra táctica importante es la acción directa de organizaciones sin fines de lucro para elaborar proyectos de consulta popular por cuestiones que afectan a la mayoría. Por ejemplo, desde el 2015, el Fairness Project ha ganado 31 de 33 consultas populares, con un presupuesto anual inferior a diez millones de dólares; al hacerlo, dio a unos dieciocho millones de ciudadanos la oportunidad de ejercer sus derechos conforme a la décima enmienda votando en forma directa para decidir cuestiones que los afectan.
A junio de este año, hay cuarenta iniciativas de consulta popular habilitadas para que se las incluya en el ciclo electoral del 2024 en los estados. Algunas de ellas son prodemocracia, por ejemplo, una propuesta de sistema de votación con orden de preferencias en el estado de Nevada y otra en Connecticut, que permitiría votar por correo sin necesidad de presentar un justificativo para no hacerlo presencialmente.
Pero muchas otras van en el sentido contrario, entre ellas, un proyecto para aumentar la cantidad de firmas necesarias para promover consultas populares en Arizona y una propuesta ridícula en Dakota del Norte para que estas iniciativas deban ganar dos elecciones sucesivas antes de ser aprobadas.
El ciclo electoral del 2024 será crucial para la democracia estadounidense. Como es natural, todas las miradas estarán puestas en la carrera por la presidencia y el control del Congreso. Pero la lucha para proteger (o subvertir) la democracia a escala local y estatal no será menos importante.
Laura Tyson, expresidenta del Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia de Estados Unidos durante el gobierno de Bill Clinton, es profesora de la Escuela Haas de Negocios en la Universidad de California en Berkeley e integrante de la Junta de Asesores del Grupo Angeleno.
Lenny Mendonca, asociado sénior emérito en McKinsey & Company, fue asesor principal en asuntos económicos y empresariales del gobernador Gavin Newsom de California y presidente de la Autoridad de Trenes de Alta Velocidad del estado de California.
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