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Álvaro Ramos: ¡Sea valiente!

Álvaro Ramos asumió el puesto de superintendente de pensiones dos años después de la emisión de los bonos de La Nación S. A. adquiridos por la Caja Costarricense de Seguro Social y su operadora de pensiones en el mercado bursátil entre el 2013 y el 2014.

Álvaro Ramos estuvo en el cargo durante casi cinco años, de junio del 2015 a abril del 2020. Durante esos casi cinco años, jamás dio señales de estar “muy preocupado” por el dinero invertido en La Nación S. A.

No lo manifestó porque, como correctamente admitió el miércoles delante de los periodistas y el Consejo de Gobierno: la Caja Costarricense de Seguro Social y su operadora de pensiones reciben los rendimientos puntualmente, religiosamente.

Álvaro Ramos no fue “diplomático” el miércoles, como afirmó el presidente Rodrigo Chaves. Álvaro Ramos fue veraz, aunque tímidamente, ante su jefe. Sabía que frente a las cámaras es difícil torcer los números.

Como experto en la materia, entiende perfectamente que en el momento de la colocación, La Nación S. A. desconocía quiénes habían adquirido los valores, pues la operación se realizó en el mercado bursátil, de conformidad con lo establecido en las reglas bursátiles.

Es decir, La Nación S. A. no fue a tocar a la puerta de la Caja Costarricense de Seguro Social ni de su operadora de pensiones para pedirles dinero, sino que ambas instituciones o su corredor de bolsa eran conscientes del buen negocio.

Buen negocio sostenido a lo largo de todos estos años, tiempo durante el cual las pensiones de su mamá, de su abuelita, de su tío, las del IVM y las de los empleados de la Caja en el Fondo de Retiro de Empleados (FRE) han recibido un rendimiento del 8%, pagado como se acordó, en las fechas convenidas.

Relación entre lo invertido en ‘La Nación’ y las reservas de la CCSS

Analicemos los datos: las pensiones de su mamá, de su abuelita, de su tío, las del IVM y las de los empleados de la Caja en el Fondo de Retiro pueden considerarse seguras, al menos en lo que a La Nación S. A. se refiere, puesto que el patrimonio de La Nación S. A. duplica su deuda total, de la cual la Caja apenas tiene una fracción. Pero eso no es todo.

La CCSS invirtió en La Nación S. A. ¢2.950 millones del IVM y la operadora ¢750 millones. Si solamente tomamos en cuenta que el IVM finalizó en el 2021 con un saldo de las reservas de ¢2.481.853 millones, lo cual incluye las inversiones en títulos valores en el mercado interno, dinero depositado a la vista en cuentas corrientes, préstamos hipotecarios y bienes inmuebles, lo invertido en La Nación S. A. equivale escasamente a un 0,11%. La décima de un punto.

Ya se pagaron ¢18.000 millones de bonos que vencieron en el 2018 y el 2019, y La Nación S. A. dispone de los ¢10.000 millones para devolver en el 2024. Para la tercera emisión que expira dentro de tres años, en el 2025, solo faltan ¢9.015 millones. El capital se pagará en esa fecha.

Por tanto, las pensiones de su mamá, de su abuelita, de su tío, las del IVM y las de los empleados de la Caja en el Fondo de Retiro de Empleados no pasan apuros por la colocación de bonos en La Nación S. A.

‘La Nación’ ha defendido históricamente al IVM

La razón es muy distinta. Álvaro Ramos y Rodrigo Chaves la manejan al dedillo: La Nación ha advertido en el transcurso de 20 años —esto es, desde el 2002 aproximadamente, muchísimo antes de la adquisición de los bonos de La Nación S. A.— sobre el mal manejo de las finanzas del IVM y otros fondos de pensiones.

Quien fue también superintendente de pensiones, Edgar Robles, responsablemente denunció ante los diputados y la prensa el maquillaje realizado a las cifras del IVM por parte de la CCSS a lo largo de 20 años, cuando ni la CCSS ni su operadora soñaban siquiera con invertir en La Nación S. A.

Álvaro Ramos lo sabe porque durante casi cinco años de gestión como superintendente de pensiones nunca halló motivo para preocuparse. Si ese hubiera sido el caso, su responsabilidad en el puesto lo obligaba a solicitar un plan de acción antes de ir a desempeñarse en un cargo internacional en el 2020, en plena pandemia, cuando la mayoría de las empresas resultaron afectadas, incluida La Nación S. A.

Como superintendente de pensiones durante casi cinco años, fue guardián de la misión de la Supén: ser la institución encargada de supervisar el sistema costarricense de pensiones para la protección de los intereses de los afiliados y pensionados.

En suma, Álvaro Ramos, o faltó al deber de protección de los intereses de los afiliados y pensionados cuando fue superintendente, o no tiene el coraje suficiente —ahora en la presidencia de la CCSS— para encarar con valentía los ardides gestados como vendetta contra un medio que ha sido consecuente con sus valores a lo largo de 75 años, que fiel a su derrotero ha practicado un periodismo ético, profesional y relevante, fundamentado en un claro sentido de nuestra independencia y del papel que la prensa libre cumple en las sociedades democráticas.

Alerta temprana

Álvaro Ramos, usted posee sobrada capacidad para relacionar otros hechos ocurridos en los pocos días de esta administración y llegar a conclusiones irrefutables sobre la forma como los autoritarismos utilizan al Estado para lograr sus fines personales.

Sí, Rodrigo Chaves usa los poderes públicos para desquitarse de lo que en buen castellano es un asunto privado. De una persona que era candidata y no ve con buenos ojos la publicación de hechos de interés público. No sabe separar el grano de la paja. Hágalo usted, Álvaro Ramos.

Costa Rica no merece perder la imagen de democracia plena, calificación segura no solo en términos de derechos humanos, sino también rentable en lo concerniente a la atracción de inversión extranjera directa y de turistas, entre otros.

La orden sanitaria contra el Parque Viva es solo una pieza en una hoja de ruta que comenzó en la campaña electoral contra La Nación por revelar la verdad y nada más que la verdad.

Los autoritarismos deben ser frenados en la etapa temprana. Los frenos institucionales deben atender las alertas. Si quienes están llamados a defender la institucionalidad se duermen ahora, después será difícil detener el deterioro de la democracia. Callar en este momento es una imprudencia. Hablar más tarde podría significar un suicidio.

gmora@nacion.com

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