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El augurio de más pandemias y el cambio climático son solo dos de los factores que nos obligan a desarrollar mayor capacidad de adaptación.
Cada país, gobierno, organización y persona mostró su propio ritmo de acomodo al embate de la pandemia de covid-19. Esta visibilizó las flaquezas preexistentes y nos presentó nuevos desafíos. También desnudó grandes disparidades de liderazgos y de capacidades entre los países, para pasar de la parálisis e inacción de los primeros meses al ajuste y gestión de la crisis.
Los sistemas educativos del mundo fueron uno de los sectores más retados por la crisis sistémica, ya convertida en sindemia. Por ser la educación pilar fundamental del desarrollo humano y del progreso social y económico, actuar rápidamente y avenirse a las circunstancias es particularmente esencial. En Costa Rica el sistema educativo es la puerta de contacto de las franjas más vulnerables de la población con el estado de bienestar y es factor determinante para la movilidad social y la lucha contra la pobreza.
La relación estudiante-docente es un puente clave para identificar y atender tempranamente diversas necesidades y riesgos sociales que sufren miles de nuestros niños y niñas. Por ende, el servicio educativo de primaria no solo sirve para garantizar el derecho a la educación, sino también al desarrollo y bienestar integrales de esa población.
Las decisiones tomadas por los Ministerios de Salud y Educación como respuesta a la pandemia implicaron el cierre total de centros educativos por un período sumamente prolongado y cambios en la forma de recibir educación: primero a distancia y, este año, en modalidad combinada.
La cotidianidad cambió, además, debido a las múltiples restricciones, que incluyeron cierres de espacios públicos para el esparcimiento, como parques y lugares de juego. También se suspendió la intervención anual de los Ebáis en las escuelas para la revisión de talla, peso y estado general de salud.
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Revisión. La Contraloría General de la República (CGR) llevó a cabo una auditoría sobre la eficacia de las acciones del MEP en el contexto de la pandemia, para determinar la adaptabilidad, acceso y seguimiento del servicio de educación primaria, que cubre a unos 400.000 estudiantes. La evaluación abarca de marzo del 2020 a junio de este año.
En el primer reporte publicado, enfocado en la adaptación del servicio, la CGR examinó la capacidad de las estrategias Aprendo en Casa y Regresar, con miras a cumplir tres objetivos: los canales de apoyo a la mediación pedagógica, las acciones para promover la adaptación del docente y aquellas acciones tendentes a asegurar los aprendizajes básicos en la población de primaria.
A partir de marzo del 2020, el MEP robusteció la plataforma digital de comunicación, creó cuentas de correo electrónico para cada estudiante, diseñó guías de trabajo para la educación a distancia y bimodal, desarrolló material de lectura digital y videos pregrabados, y recurrió a medios complementarios, como la radio y la televisión.
Asimismo, ofreció pautas orientadoras, múltiples talleres y capacitaciones al personal docente, y creó una caja de herramientas virtual con diversidad de recursos didácticos, entre otras medidas. El esfuerzo es encomiable, pero ¿tuvo el alcance e impacto necesarios?
La mayor responsabilidad de continuar de alguna forma el servicio educativo recayó sobre los directores de escuelas y, principalmente, sobre los docentes, con elevadas dosis de adaptación para ejercer su labor en formatos digital, a distancia y bimodal.
El MEP carece de datos fehacientes sobre las condiciones de conectividad y equipo de los educadores y desconoce la frecuencia de uso de los diversos medios habilitados para la educación a distancia.
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Resultados desalentadores. En diciembre se hizo una consulta al personal docente sobre Aprendo en Casa TV, pero solo respondió el 0,5 % del total. ¿A qué se debió esa ínfima cantidad de respuestas? Más allá de que es una muestra irrelevante, la consulta arrojó resultados desalentadores: un 36,2 % de quienes respondieron no habían visto los programas y el 18 % no los promovió entre sus estudiantes. Según la Contraloría, no se ha dado seguimiento a esos resultados para ajustar el servicio. Asimismo, cabe preguntarse por qué no se han hecho más consultas.
La última evaluación del Ministerio sobre el uso de la plataforma digital de comunicación y otros medios tecnológicos por los docentes, ya cumplió un año. A pesar de que reveló un uso dispar e insuficiente, no se han definido ni tomado acciones de monitoreo y corrección.
La falta de conectividad y la carencia de equipo adecuado en miles de hogares hizo que las guías de trabajo autónomo se convirtieran en la herramienta fundamental de mediación y aprendizaje. Las guías se entregaron principalmente impresas e incluso, para el alumnado con conexión y dispositivos, el impacto de otros medios sincrónicos o asincrónicos fue bajo.
Uno de los resultados más preocupantes de la auditoría es que las acciones tomadas para adaptar el servicio no compensaron las enormes disparidades preexistentes entre las zonas urbanas y rurales, indígenas, limítrofes e insulares. Además de las guías de trabajo autónomo, en esos lugares la función docente ha sido determinante, pero insuficiente, dadas las condiciones de por sí precarias para la enseñanza y el aprendizaje. Las múltiples brechas estructurales se profundizarán, y en algunos casos podrían resultar insuperables, si no se hacen intervenciones urgentes.
En el actual estado de cosas, es cardinal definir metas de aprendizaje y remediación, y el correspondiente plan de evaluación. Con Regresar, puesto en práctica este año, el MEP delegó en el personal docente las estrategias y los ajustes para desarrollar el programa de estudio de cada asignatura. Dispuso que deben conjugar los conocimientos del 2020 y el 2021 y planificar la secuencia pedagógica hasta el 2022. Sin embargo, el Ministerio carece de mecanismos para dar seguimiento y evaluar el proceso de ejecución de estas acciones por docente, nivel y asignatura en cada centro educativo.
Cambios necesarios. Sabiendo que la sindemia está lejos de terminar y que no faltarán eventos disruptivos, como las inundaciones que cada año asolan varias regiones del país, es fundamental fortalecer la capacidad de adaptarse para asegurar la continuidad educativa. Las pérdidas que esta generación de estudiantes está sufriendo son muy graves en términos de oportunidades de desarrollo personal, y comprometen el desarrollo social y económico del país por lo menos durante dos décadas.
Es evidente que hay una gran diferencia entre la capacidad planificadora y la capacidad de ejecución del MEP. Puede deberse, en parte, a la dimensión colosal del Ministerio y la débil conexión y comunicación entre el centro planificador-decisor y las decenas de miles de brazos ejecutores.
El Ministerio no debe continuar trabajando a tientas. La falta de medición y de datos en los aspectos citados impide a las autoridades educativas realimentar el proceso; verificar la pertinencia, cobertura y utilidad de las medidas puestas en práctica; y hacer los ajustes necesarios para lograr la adaptación del sistema educativo y cumplir el mandato constitucional.
Adicionalmente, la adaptación del sistema para garantizar el derecho a la educación de calidad de forma equitativa e inclusiva depende de tomar en cuenta de forma diferenciada el contexto demográfico, infraestructura, ubicación geográfica, situación epidémica y otras condiciones propias de cada centro y comunidad educativos.
La autora es administradora pública.
