Los diputados aprobaron una iniciativa por la cual obligarán a que el presidente de la República permanezca en el recinto legislativo tras leer su informe de labores, a fin de responder a preguntas de los legisladores.
No solo la iniciativa es inconstitucional, sino también la misma comparecencia para leer el informe de labores (léase el artículo 139 de la Constitución Política). El mandatario solo tiene que enviar el mensaje escrito.
La única ocasión en que el presidente de la República debe asistir al recinto legislativo es para prestar el juramento constitucional, previsto en el artículo 194 de la Carta Magna.
Debe desterrarse la costumbre inconstitucional de los presidentes de acudir a la Asamblea Legislativa a leer el informe, así como el análisis subsiguiente por parte de los diputados, para lo cual se dedican dos días infructuosamente. Precisamente por inútiles no los contempla la Constitución.
Galo Vicente Guerra Cobo, Aranjuez
Caos vial en Curridabat
La movilidad entre la zona de Multiplaza Curridabat y la Municipalidad del cantón se ha vuelto cada vez más complicada, especialmente en determinados horarios y aún más desde la implementación del carril reversible en el sector.
Aunque gran parte de la vía dispone de tres y hasta cuatro carriles, el principal cuello de botella se concentra en un puente de solo dos carriles frente a la estación de servicio El Ranchito, cuya ampliación resulta urgente. Esta limitación provoca congestionamientos constantes y afecta significativamente la fluidez vehicular de toda la zona.
Las autoridades competentes deben priorizar este proyecto de ampliación con el fin de mejorar la movilidad, reducir los tiempos de traslado y brindar una solución vial acorde con el crecimiento y la demanda actual del cantón de Curridabat.
Mauricio Solano Con, Curridabat
Pérdidas del ROP
Resulta preocupante que el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) continúe registrando pérdidas significativas, mientras la Supén mantiene un silencio que genera incertidumbre entre los cotizantes. Las operadoras, por su parte, no ofrecen explicaciones claras ni asumen responsabilidad ante la volatilidad que afecta directamente el ahorro de los trabajadores.
Más grave aún es el argumento utilizado para oponerse a la devolución del ROP, insinuando que los adultos mayores no saben administrar su propio dinero. Esta posición resulta ofensiva y paternalista, y desconoce el derecho de las personas a decidir sobre recursos que les pertenecen.
La transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al afiliado deben prevalecer en un sistema que administra el futuro de miles de costarricenses.
Guillermo Rivero González, Desamparados, San José
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