EscucharMe parecen excelentes las publicaciones de La Nación en lo referente a los audios sobre las contrataciones y ruptura de contratos por el gobierno, porque los ciudadanos tenemos derecho a saber los asuntos de interés público y los periodistas están haciendo su trabajo. Por eso, me parece absurda la denuncia presentada contra La Nación y la exministra Patricia Navarro.
Homero Escorcia López, Pavas
Trato inadecuado
El 5 de diciembre, a eso de las 9:50 p. m., un chofer de la empresa Tuasa se comportó de forma grosera con mi hermana y conmigo cuando le pedí tiempo para sacar el efectivo de la bolsa del pantalón para pagar los pasajes. “Esa palabra no está en el diccionario”, exclamó, como si nuestra intención fuera viajar gratis.
En todos los años que hemos viajado en los autobuses de la empresa Tuasa, nunca recibimos un trato tan inadecuado. Choferes como él hacen que la compañía quede muy mal. Deberían amonestarlo como mínimo, e incluso considerar despedirlo.
Pablo Hernández Páez, Alajuela
Interés público
Según el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, los audios grabados por la exministra Patricia Navarro no pueden ser divulgados. Para no referirse a los hechos, señala el artículo 295 del Código Procesal Penal.
Le recuerdo que, de conformidad con el artículo 30 de la Constitución Política, la información de interés público es de libre acceso. Los ciudadanos tenemos el derecho de saber los negocios que se fraguan en el gobierno.
Fernando Cordero Alvarado, Desamparados
Viaje innecesario
Recientemente, una funcionaria de la oficina de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en Filadelfia, cantón de Carrillo, me informó sobre el proceso para mi desafiliación como trabajador independiente. Me dijo que se encargaría de enviar los documentos a la sede de la CCSS en San José, adonde debo acudir para firmarlos.
Dado que soy pensionado y el viaje a San José implica 12 horas en autobús (ida y vuelta), ¿sería factible que los documentos se envíen a Filadelfia?
Héctor Orozco Umaña, Guanacaste
Respuesta de Popular Pensiones
En relación con la carta enviada por Luis A. Guzmán Leiva, el 4 de diciembre, acerca de que el Banco Popular “se negó a devolverle el ROP” a su hija, aclaro que la afiliada cuenta con un plan de beneficios en Popular Pensiones.
Según lo estipula la ley, para la devolución de los recursos del ROP, las operadoras de pensiones deben pagar a los pensionados un monto mensual, calculado de acuerdo con el producto que haya seleccionado para tal fin. Por tanto, Popular Pensiones garantiza que ha actuado en apego a la normativa.
Óscar Benavides Vargas, director de Negocios de Popular Pensiones
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