
En redes sociales circula un video en el que un creador de contenido cuestiona cómo se fiscalizarán las elecciones del 2026. Afirma que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) podría “sacar algo constitucional” para que solo personas previamente elegidas supervisen el proceso y sugiere que esas designaciones estarían ligadas al “poder o a Liberación”.
Al respecto, el TSE aclaró que la legislación electoral costarricense establece de manera precisa quiénes pueden supervisar y fiscalizar las votaciones, y no existe posibilidad de modificar esas reglas de forma arbitraria.
Según explicó Andrei Cambronero, jefe del despacho de la Presidencia del TSE, en el proceso electoral participan distintos agentes electorales. Entre ellos se encuentran las juntas receptoras de votos y los fiscales, quienes son militantes de partidos políticos propuestos por esas agrupaciones.
Las juntas receptoras de votos se encargan, durante el día de la votación, de facilitar el sufragio a las personas. Por su parte, los fiscales tienen la función de verificar que la jornada transcurra de manera transparente y conforme al ordenamiento jurídico.
Por ello, quienes deseen participar directamente en la fiscalización deben hacerlo mediante una agrupación que los acredite como miembros de junta o fiscales.
Cambronero aclaró que la figura de fiscal es exclusiva de los partidos políticos y no de la administración electoral. No obstante, añadió que, ante la dificultad de algunos partidos para llenar todos los puestos en las más de 6.000 juntas receptoras que se instalan en el país, el tribunal puede recurrir a la figura de auxiliares electorales.
Estos auxiliares son personas reclutadas por el TSE únicamente para garantizar que nadie se quede sin votar en caso de que un partido no logre nombrar representantes en una mesa. En ningún caso, responden a intereses de una agrupación en particular, ni sustituyen la labor de fiscalización que corresponde a los partidos.
Finalmente, el TSE hizo un llamado a las agrupaciones políticas a aprovechar los espacios de fiscalización y estar presentes en las juntas y centros de votación.
El plazo para que los partidos que hayan inscrito candidaturas propongan a las personas de las juntas receptoras vence a inicios de diciembre, mientras que para nombrar fiscales el tiempo se extiende hasta inicios de enero del 2026.
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