Josué Bravo. 7 mayo
El pago del tributo de bienes inmuebles, que se paga a las municipalidades, no cambiará. watermark-flex watermark-mobile
El pago del tributo de bienes inmuebles, que se paga a las municipalidades, no cambiará.

El paquete de seis leyes negociadas por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de un acuerdo de ajuste fiscal, no contiene ningún proyecto para aumentar el pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI), como falsamente lo asegura Célimo Guido.

Tampoco existe un plan del Gobierno o de los diputados para modificar ese tributo en la Asamblea Legislativa, fuera de la agenda del Fondo Monetario.

En un audio divulgado por Wahtsapp, Guido miente al aseverar que dentro del plan negociado con ese organismo existe un proyecto con ese fin.

“(La) ley del impuesto de bienes inmuebles pretenden imponerla de nuevo. O de nuevo pretenden imponerla. Es una ley confiscatoria, es una ley con la cual sube dos veces más el pago de bienes inmuebles con el cual estarán rematando propiedades de la mayoría de gente pobre, fundamentalmente del agricultor”, asevera erróneamente Guido.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, dijo que tal aseveración es “total y absolutamente falsa y la desmiento categóricamente”.

“Dentro de la agenda negociada con el Fondo Monetario Internacional, no existe ninguna propuesta para incrementar el impuesto a los bienes inmuebles. El Gobierno de la República no ha presentado ante la Asamblea Legislativa ningún proyecto para aumentar el impuesto a los bienes inmuebles.

“El Gobierno de la República no está apoyando ningún proyecto presentado por ningún diputado para incrementar el impuesto de bienes inmuebles.

“El Gobierno de la República no apoyará ningún proyecto que se llegue a presentar para incrementar el impuesto a los bienes inmuebles”, agregó el jerarca.

La agenda negociada con el FMI lo componen seis proyectos y no ocho como falsamente dice el audio de Célimo Guido.

Uno de ellos es el de reforma al empleo público, el cual está más avanzado en su discusión en el Congreso, y el de reducción o eliminación de exoneraciones fiscales que incluye el salario escolar.

Los restantes son un impuesto del 25% a los premios de lotería superiores a los ¢225.000, ajuste al impuesto a las casas de lujo, implementación de la renta global dual y el aporte de hasta el 20% de las utilidades anuales de las empresas públicas.

Adicional a esos planes, los diputados discuten un crédito de $1.788 millones de apoyo presupuestario que está ligado al cumplimiento del acuerdo.

Una primera propuesta de ajuste fiscal planteada por el Gobierno en setiembre del 2020, sí planteó incrementar del 0,25% actual a un 0,75% el IBI.

Sin embargo, luego de la crítica de varios sectores, esa propuesta fue retirada sobre la mesa, sin que siquiera llegara la discusión a la asamblea Legislativa.