Casi ¢7.000 millones recaudados por el llamado impuesto a las casas de lujo y que deben destinarse a la erradicación de tugurios están retenidos en el Ministerio de Hacienda.

Por ley, el dinero debe pasar a las cuentas del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), entidad responsable de proyectos habitacionales para hogares en pobreza y pobreza extrema.

La inversión del también denominado “impuesto solidario” se hace a través del Ministerio de Vivienda.

Dagoberto Hidalgo, gerente del Banhvi, confirmó que durante el 2018 Hacienda no trasladó los fondos recaudados por ese impuesto y en 2019 solo giró la mitad (¢1.900 millones).

Agregó que a hoy la cuenta está en cero pues ya invirtieron el dinero.

En una década (desde octubre del 2009), el impuesto ha generado ¢22.000 millones y le ha dado casa a 1.404 familias. Sin embargo, el cálculo es que hay 21.000 tugurios.

A octubre del 2018, Hacienda recaudó ¢4.372 millones por ese tributo y a octubre del año pasado llevaba ¢4.570 millones, para un total de casi ¢9.000 millones.

El por qué el dinero está retenido es un misterio pues Hacienda rehúsa responder consultas de La Nación planteadas desde hace 18 días hábiles. Tampoco le dio explicación al Ministerio de Vivienda.

La ley 8683 de Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda, más conocido como impuesto a las casas de lujo, establece en su artículo primero, que el producto de ese tributo “se destinará, exclusivamente, a financiar los programas públicos dirigidos a la dotación de vivienda digna, para personas y familias en condición de pobreza y pobreza extrema”.

Lo deben pagar los propietarios de inmuebles con un valor superior a los ¢133,1 millones.

La ministra de Vivienda, Irene Campos, declaró: “Ha habido una comunicación constante entre ambos ministerios para efectos de los giros de estos recursos. Como una institución más, entendemos que muchas de las particularidades y las decisiones que el Gobierno Central se tienen que ir tomando en relación con el manejo del presupuesto, lo cual quiere decir que no somos ajenos a la situación que está viviendo el país”.

Por su parte, Hidalgo confirmó que a finales del 2019 Hacienda solo pidió información sobre uso de recursos, proyecciones y metas.

"Hasta la fecha, continúan haciendo las gestiones para la obtención de los recursos con Hacienda, el monto que se nos giró fue el 50% del monto que hubiese correspondido en condiciones normales”, agregó el gerente.

¿Qué pasó en el 2018 que no les giraron los dineros?

La ministra de Vivienda explicó que ese año la transferencia quedó pendiente debido a que la Contraloría General de la República solicitó, antes de dar el aval al presupuesto del Banhvi, la certificación a la Tesorería Nacional que evidenciara la factibilidad del giro de los recursos. Esta fue emitida hasta el 21 de diciembre del 2018.

“Ante el cierre presupuestario y aunado al plazo en que fue emitida la certificación, no se realizó dicho proceso, quedando los recursos disponibles en el sistema”, explicó.

Según dijo, ese ministerio cumplió con todos los procesos y coordinó de manera oportuna con el Banco Hipotecario, que a su vez gestionó lo que le correspondía ante la Contraloría para que se aprobara su presupuesto.

“Paralelamente, el Ministerio cumplió con los trámites y requisitos ante la Tesorería Nacional”, agregó Campos.

La Tesorería, añadió la jerarca, les informó de que los recursos pendientes de giro estaban “debidamente presupuestados” y se encontraban en el programa de desembolsos, con una estimación de giro de recursos de un 100%.

"No obstante, al cierre del período presupuestario 2019, el Ministerio de Hacienda no giró el dinero (del 2018)”, agregó la ministra.

Campos detalló que para el presupuesto ordinario de la República para el 2019, se aprobaron ¢3.969,6 millones como transferencia al Banhvi correspondientes a la Ley de Impuesto Solidario, de los cuales para el segundo semestre del año anterior, estaba pendiente un monto de ¢1.984 millones.

A ese monto se sumaría la totalidad de lo recaudado en 2018 (¢4.570 millones).

El gerente del Banhvi aseguró que pese la situación específica de este impuesto, en lo general el Banco “sigue contando con presupuesto para continuar ejecutando sus programas de vivienda".

“No podemos decir que haya habido un efecto negativo importante por el no giro, claro está que el tema de vivienda siempre es importante, pero hasta la fecha no podemos decir que haya habido un efecto. Nos obliga a ser más detallistas, cautelosos con el manejo del presupuesto anual”, agregó.

La omisión del giro se da en momentos en que el Gobierno impulsa un plan para reducir la deuda pública que, entre los mecanismos, incluye tomar los superávits se instituciones autónomas.

De acuerdo con datos del Banhvi, entre el 2010 y 2019 se han invertido ¢21.833 millones, correspondientes a los ingresos por ese tributo.

De estos, ¢14.686 millones se destinaron a proyectos de vivienda, ¢3.103 millones en bonos de vivienda individuales, ¢2.712 millones en bonos colectivos y ¢1.328 en comisiones de administración.

Los proyectos se ubican en Liberia, Pococí, Alajuela, Corredores, Alajuelita, Cartago, Esparza, Coto Brus, Nicoya, Poás y Desamparados.

Sobre los bonos colectivos detallaron que estos incluyeron mejoras en infraestructura de urbanizaciones y barrios.

Se trata plantas de tratamiento de aguas residuales, obras viales como calles asfaltadas, aceras, pasos peatonales, áreas recreativas y deportivas, obras para seguridad o para socialización de las comunidades.

Estos 17 proyectos se ejecutaron en Paraíso y Turrialba (Cartago); Desamparados, Goicoechea, Pérez Zeledón, Curridabat, Aserrí, y San José (provincia de San José); Matina, Limón (Limón); Guatuso y Los Chiles (Alajuela).