El parto de Michell Mora, una madre primeriza y vecina de Cartago, terminó en una “amarga experiencia” que la marcará por el resto de su vida. Como ella, decenas de mujeres denunciaron violencia obstétrica en Costa Rica, una forma de maltrato en los servicios de salud que se duplicó en solo un año y que la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reconoce como persistente en sus hospitales.
Mora denunció haber sido víctima de violencia obstétrica en el Hospital Max Peralta. Relató que, un domingo, al cumplir nueve meses de embarazo, acudió al centro médico y fue atendida por un doctor que no le preguntó por qué había llegado ni qué le dolía, sino que “hizo algo peor”.
“Ese día me abrió membranas y me mandó para la casa. Claro, comencé a botar más líquido amniótico y tres días después tuve que volver a consulta porque mi bebé no se movía”, relató Mora.
Según explicó, el procedimiento provocó que su bebé habría quedado sin líquido amniótico, lo cual influyó negativamente en el parto. “Por esa misma razón tuvieron que meterme con ocho centímetros de dilatación a la sala de parto”, agregó.
Entre 2023 y 2024, los casos de violencia obstétrica se duplicaron, al pasar de 11 a 22, según datos de la Defensoría de los Habitantes. En 2022 se registraron 17, para un total de 50 denuncias en tres años. Sin contar los muchos casos que ocurren, pero no son reportados a las autoridades.
Una auditoría de la CCSS, realizada en 2024 a 12 centros hospitalarios, confirmó que la violencia obstétrica persiste en los servicios médicos públicos del país. Las visitas del ente auditor incluyeron los servicios de Maternidad, Sala de Partos, Ginecología, Obstetricia, Unidad Obstétrica, Emergencias y Neonatología, además de entrevistas a usuarias.
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Auditoría confirma irregularidades
Lo narrado por Mora coincide con testimonios recopilados en el informe de auditoría de la CCSS. Un 100% de las mujeres consultadas señalaron “oportunidades de mejora” en los servicios obstétricos, como el tiempo excesivo para decidir una cesárea, la inducción del parto como única opción ofrecida y comentarios despectivos, groseros o sarcásticos por parte del personal de enfermería. También criticaron la falta de explicaciones sobre los procedimientos realizados.
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El informe documenta que algunas pacientes perciben una carencia de sensibilidad y empatía por parte del personal médico, manifestada incluso en expresiones faciales de enojo. Denunciaron además contradicciones entre los criterios clínicos, falta de respuestas claras y ausencia de soluciones a sus consultas.
En tres hospitales, la auditoría detectó escasez de personal, como auxiliares de enfermería, enfermeras obstetras y supervisoras. En esta línea, Mora también denunció que, durante un procedimiento de sutura, no contaban con los “hilos y agujas” necesarios: “Los puntos no me pegaban como tenían que hacerlo, entonces por esa razón tuvieron que hacerme más”, comentó.
Falta de infraestructura y condiciones dignas
La auditoría también reveló que siete de los 12 centros hospitalarios no cuentan con espacios adecuados para madres que sufren pérdidas gestacionales.
En 2022, después de perder a su bebé a los ocho meses de gestación, una paciente del Hospital Max Peralta, en Cartago, vivió sus primeras horas de duelo en un área de Ginecología donde estaban otras madres con sus hijos recién nacidos, sin privacidad ni condiciones adecuadas para sobrellevar su pérdida.
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La mujer presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional por la falta de privacidad para vivir su duelo. El Tribunal falló a su favor y ordenó a la CCSS y al centro médico implementar un protocolo para humanizar la atención en estos casos.
Aunque la paciente relató que fue aislada del resto “para evitarle estrés y depresión”, una enfermera, por “error” y “desconocimiento”, llevó a un recién nacido al salón donde ella se encontraba.
Además, para ir al baño, la mujer tenía que atravesar salones con madres y recién nacidos. Según expresó, “escuchar a los bebés le provocó gran angustia”. De ahí su reclamo ante la falta de privacidad tras la pérdida de su hijo.
En esa ocasión, la Sala también ordenó al hospital habilitar un área específica para atender a mujeres que sufren la pérdida de un bebé y elaborar un protocolo de atención hospitalaria para estos casos.
Otras de las deficiencias identificadas por la auditoría de la CCSS fueron la falta de lugares exclusivos para madres adolescentes y puertas dañadas en salas de parto, lo que impedía el adecuado funcionamiento del aire acondicionado.
Además, en un hospital se constató que el área de emergencias obstétricas carece de ventilación adecuada, espacio suficiente, privacidad y condiciones mínimas para una atención digna. En otro centro, mujeres embarazadas esperaban de pie debido a la falta de sillas.

Usuarias desconocen sus derechos
Según la auditoría, algunas usuarias expresaron desconocimiento sobre el “Plan de Parto para un Nacimiento Seguro y Respetuoso”, documento avalado por la Gerencia Médica de la CCSS, en el que la paciente puede expresar sus preferencias sobre el proceso de parto. También dijeron ignorar cómo presentar una denuncia sobre la atención recibida.
Mora confirmó que no fue informada sobre este plan ni sobre los mecanismos para evaluar el servicio o presentar quejas formales.
Los centros médicos incluidos en la auditoría fueron:
- Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia
- Hospital San Juan de Dios
- Hospital México
- Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit
- Hospital de San Carlos
- Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño
- Hospital Monseñor Sanabria
- Hospital San Rafael de Alajuela
- Hospital Dr. Max Peralta Jiménez
- Hospital de Ciudad Neily
- Hospital Dr. Tony Facio Castro
- Hospital de Guápiles