EscucharUn mes después de que el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, anunciara en conferencia de prensa que el concurso para seleccionar a los futuros operadores de la revisión técnica en el país se descartaría para iniciar de cero, el Consejo de Seguridad de Vialidad (Cosevi) no ha ratificado la decisión.
Así lo reconoció la noche de este lunes ante los diputados de la Comisión de Infraestructura el propio jerarca, quien tampoco pudo asegurar que esa directriz vaya a ser acatada, pues, según dijo, no da "órdenes a la Junta Directiva” del Cosevi.
Zeledón reiteró, una vez más, que la decisión de lanzar un nuevo concurso se sustenta en que el modelo de precalificación no dio los resultados esperados, ya que la previsión era que al menos cinco empresas superaran esa fase.
Sin embargo, la diputada liberacionista Carolina Delgado le cuestionó las razones por las que no se tomó esa medida desde el principio, debido a que desde diciembre del 2023 se conocía que solo dos empresas habían superado la precalificación.
El jerarca argumentó que fue hasta abril de este año (esto ocurrió en octubre del año pasado) que la Sala Constitucional resolvió una acción relacionada con el modelo de contratación, así como la existencia de un recurso ante la Contraloría General de la República.
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“Yo asumí hasta hace pocos meses, no puedo opinar por lo que sucedió antes (...) Yo llego y veo algunas cosas que no necesariamente me parecen adecuadas. (...) No pensaría que fue tomar malas decisiones, sino que se tomaron a la luz de una situación particular que existió en el 2022, que tal vez en ese momento se consideró que fue lo adecuado por quienes estuvieron, pero que dos años después puede que no sean las adecuadas”, afirmó el ministro.
Delgado cuestionó además que no prime el criterio técnico y citó la existencia de informes de la comisión evaluadora del proceso de licitación, que recomiendan la continuidad del trámite actual.
Por su parte, el también liberacionista Francisco Nicolás cuestionó al ministro sobre las razones por las que, pese a haberlo anunciado junto al presidente como una decisión tomada, en la Junta Directiva del Cosevi no se ha ratificado la medida.
“Pasa un mes y lo que uno ve es nada en el Consejo, pareciera que nunca les ha preguntado (a los miembros de la Junta Directiva) qué pasó en este mes (...) o alguien tiene trabada esa decisión o alguien está esperando algo más sobre la mesa”, planteó Nicolás.
El diputado afirmó que dos años después de que se iniciara el proceso, “estamos en el mismo punto procesal”.
Zeledón recalcó que no forma parte de la Junta Directiva y por ende no controla la agenda de ese órgano colegiado, además dijo no haber sido notificado sobre las razones por las que no se ha tomado el acuerdo.
Nicolás insistió en cuestionar, si existe oposición a lo interno del Consejo de Administración del Cosevi, pero el ministro afirmó desconocer los detalles.
“El Consejo actúa de manera independiente, no actúa por instrucciones del ministro, no podría pedirle cuentas”, respondió el jerarca del MOPT.
Adicionalmente, Delgado le consultó a la actual directora del Cosevi, Nancy Rojas, si sabía algo antes de que se anunciara la decisión de suspender el proceso o si había sostenido reuniones con el jerarca y el presidente al respecto y esta indicó que no.
Rojas explicó que había sostenido reuniones con las empresas precalificadas, pero no se les había advertido que había intenciones de descartar el proceso.
En el trámite licitatorio que se llevaba adelante participaron tres firmas: Dekra, Tüv Rheinland y el consorcio Applus (en el que participa Riteve); no obstante solo estas dos últimas habían superado la precalificación.
Semanas atrás, las mismas autoridades del Cosevi habían asegurado que luego de confirmar la precalificación lo único que quedaba pendiente era adjudicar en firme las zonas y estaciones en donde operarían cada una de las dos empresas precalificadas, pues ya se cuenta con las bandas tarifarias aprobadas.
Inhibitoria
El pasado 12 de junio, la Auditoría interna del Cosevi emitió un informe a la Junta Directiva de ese consejo en el que advirtió de una solicitud de inhibitoria en contra del ministro, en su calidad de presidente de ese órgano, precisamente por las declaraciones brindadas en la conferencia de prensa del 4 de junio en Presidencia.
Según la Auditoría, las afirmaciones de que el proceso licitatorio iba a empezar de cero, alegando razones relacionadas con la falta de reducción tarifaria “podrían constituir, prima facie, un adelantamiento de criterio e intromisión en la competencia legal exclusiva de esta junta directiva”.
Esas declaraciones motivaron la presentación de una solicitud de abstención y/o inhibitoria, por parte de una de las empresas preseleccionadas en el proceso de licitación.
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“Dicha petición se fundamenta en el deber de imparcialidad objetiva y en la necesidad de preservar la legalidad, transparencia e independencia institucional en las decisiones que debe adoptar este Órgano Colegiado en el marco del procedimiento de contratación en curso”, agregó la Auditoría.
Ese ente además señaló que las declaraciones de Zeledón podrían derivar en riesgos de nulidad de los actos administrativos, “afectando gravemente la validez del proceso licitatorio y generando consecuencias legales significativas para la Administración”, además del riesgo de litigiosidad administrativa o judicial, con lo cual se “dilataría el procedimiento, se paralizaría la adjudicación del servicio y se aumentaría la incertidumbre jurídica para todos los actores involucrados”.
Adicionalmente se advirtió sobre la afectación al principio de legalidad, lo cual podría acarrear responsabilidades disciplinarias, civiles o incluso penales, además de afectar la transparencia del proceso licitatorio, lo que, según la Auditoría, podría minar la confianza de los oferentes, de la ciudadanía y de los entes de control externo.
Según la Auditoría, a fin de mitigar los riesgos identificados, se pidió a la Directiva valorar la solicitud de abstención y/o inhibitoria planteada contra el ministro y su delegado. No obstante, este lunes ni Zeledón ni los diputados hicieron referencia a dicha gestión.
La decisión del gobierno de reiniciar el proceso de licitación para seleccionar a los futuros operadores de la revisión técnica vehicular, no solo daría la oportunidad a la empresa Dekra de participar de un proceso del cual ya había sido excluida por incumplir requisitos financieros, sino que además obligaría al MOPT a extender el permiso provisional mediante el cual opera actualmente y que vence el próximo 27 de julio.
Este lunes, el jerarca aseguró que la extensión del permiso es necesaria para garantizar la continuidad del servicio, aunque no precisó de cuánto tiempo sería el plazo adicional otorgado a la empresa alemana, pues inicialmente dijo que sería de 6 meses a 1 año y posteriormente, afirmó que la empresa se mantendría hasta que exista un nuevo contrato de operación.
