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Lo que la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) presentó como una alternativa para graduarse sin hacer tesis terminó en un conflicto que involucra a más de 300 estudiantes y que ahora será investigado por autoridades universitarias.
La situación es reconocida por las propias autoridades universitarias. En muchos casos, aunque los estudiantes ya cumplieron los requisitos de la Práctica Dirigida de Graduación (PDG), aún no han podido obtener su título.
Un oficio del 30 de julio remitido por la vicerrectora de Vida Estudiantil (VIVE) de la UCR, Adriana De Lemos, a la decana Marcela Moreno Buján, señala que serían 300 las personas involucradas.
“Muchas de ellas han concluido con lo aprobado como práctica dirigida, sin embargo no se han programado las defensas públicas, que les permitan concluir la Práctica Dirigida”, dice el oficio firmado por De Lemos.
El 6 de agosto, el vicerrector de Docencia, Jáirol Núñez Moya, pidió al contralor universitario, Glenn Sittenfeld Johanning, abrir una investigación relacionada con las Prácticas Dirigidas de Graduación en la Facultad de Derecho.
En tanto, en otro oficio del 30 de julio dirigido por la vicerrectora de Vida Estudiantil de la UCR a la decana Moreno Buján, se le pide un informe de las acciones que se están llevando a cabo para solventar esta situación.
En entrevista con La Nación, el coordinador de las prácticas dirigidas, Alfonso Chacón, aduce que hay 296 personas matriculadas, pero únicamente cuatro han completado los requisitos.
Sobre los cuatro casos, afirmó que esos estudiantes apenas están formalizando la fecha de defensa, por lo que, según él, no puede hablarse todavía de estudiantes que hayan cumplido todos los requisitos y permanezcan sin graduarse.
En un comunicado emitido el 12 de agosto, la Facultad defendió la legalidad de sus actuaciones y aseguró que no existen denuncias activas ni apercibimientos de control interno sobre el proceso.
Criterios contradictorios
Un criterio emitido por la Oficina Jurídica de la UCR (OJ), el 4 de marzo de 2026, advierte de supuestas falencias en la implementación de las PDG como la falta de una norma complementaria que regule el proceso, aprobada por la Asamblea de Facultad y validada por las instancias universitarias superiores.
El criterio pide detener las PDG para nuevos estudiantes, pero reconoce los derechos de los estudiantes actuales.
En ese momento, la OJ advirtió que quienes iniciaron el proceso podrán concluirlo, pero recomendó suspenderlo para futuros estudiantes.
“La continuidad del ingreso de nuevas personas estudiantes, bajo un esquema cuya regulación reglamentaria es insuficiente y respecto del cual no se han emitido ni aprobado normas complementarias por los órganos competentes, podría profundizar la situación de inseguridad jurídica descrita y ampliar los riesgos institucionales previamente señalados”, dice el criterio OJ-106-2026.
El coordinador de las PDG, Alfonso Chacón, reconoció que existe una advertencia de esa instancia, pero dijo que sus criterios no son vinculantes.
“La Oficina Jurídica no es vinculante. La que es vinculante es la Vicerrectoría de Investigación”, dijo.
El funcionario remitió a este medio un criterio de la Vicerrectoría de Investigación que señala que la Facultad cuenta con la reglamentación necesaria para implementar las PDG.
“Que no existe impedimento alguno para la continuidad de los proyectos en curso, ni para la matrícula o evaluación de las Prácticas Dirigidas de Graduación bajo la normativa vigente”, dice el criterio VI-7732-2025, de noviembre de 2025.
Ante la consulta de este medio, la Vicerrectoría de Investigación reveló posibles inconsistencias en el proceso de diseños de las PDG, aunque reconoce que estas no invalidan necesariamente la legalidad de las prácticas, ya que únicamente serían la forma “ideal” de crear el proceso.
Agregaron que han ejercido sus funciones de fiscalización y lo seguirán haciendo ante cualquier gestión que se les presente.
Ante ese oficio, la Facultad volvió a defender que ha actuado en “estricto apego al ordenamiento jurídico”.
En tanto, la Vicerrectoría de Docencia declinó referirse, porque el caso está en investigación.
El origen del conflicto
Los hechos se remontan a agosto de 2025, cuando la Decanatura presentó públicamente las PDG como una alternativa para sustituir la tesis, prometiendo que los alumnos podrían graduarse en un periodo de uno o dos semestres, dependiendo de ciertos requisitos.
Así lo confirma una publicación disponible en el sitio web de la Facultad de Derecho, fechada el 10 de octubre de ese año. En el documento se exponen las razones que motivaron la reactivación de las Prácticas Dirigidas de Graduación: “Están previstas en la normativa universitaria y esta debe cumplirse. Su no implementación en el pasado no justifica que no se cumpla con un marco normativo vigente”, señalan.
En un video, la decana de Derecho, Marcela Moreno Buján, detalló la iniciativa en una actividad de agosto de 2025.
En entrevista con La Nación, el representante estudiantil Jonathan Alfaro, denunció lo que a su criterio es una “grave crisis administrativa y legal” en torno a esa modalidad de graduación.
Según Alfaro, el principal problema radica en que, en apariencia, esta modalidad no habría sido aprobada según los procedimientos institucionales y tampoco sería acorde con el reglamento pertinente.
Según relata el estudiante, la normativa universitaria exige que la práctica dirigida sea una iniciativa individual del estudiante, sin la dirección de profesores internos y evaluada por expertos externos; sin embargo, la Facultad de Derecho la implementó como cursos regulares con profesores propios, lo que ha invalidado los trabajos de muchos estudiantes que incluso realizaron labores grupales prohibidas en esta modalidad.
En su lugar, la Decanatura ha utilizado un “protocolo” propio que no fue aprobado por esas instancias, según la OJ.
En tanto, Alfaro aduce que esto ha permitido el cambio constante de las reglas del juego, por ejemplo la exigencia retroactiva de documentos como anteproyectos y bitácoras de horas.
Alfaro cuestionó: “Se inventó un protocolo que no tiene fuerza normativa ni fundamento jurídico. Al no haber norma (debidamente aprobada), las reglas cambian a diario a golpe de tambor”.
Alfonso Chacón defendió la legalidad de las actuaciones de la Facultad de Derecho sobre las PDG que él dirige.
“Parece mentira que le sigan el juego a un grupo de estudiantes sin escrúpulos”, dijo.
¿Se podrán graduar o no?
Esa una pregunta que aún no tiene respuesta. Los estudiantes defienden las PDG como una forma de graduarse, pero piden que se cumpla con la normativa universitaria para que no sea en vano completar esas prácticas.
Alfaro señaló que, mientras la Decanatura sostiene que el proceso avanza normalmente, la Vicerrectoría de Investigación ha cuestionado que no se cumple con el reglamento general de trabajos finales de graduación.
Según el vocero de la representación estudiantil, ante esa discrepancia la Vicerrectoría de Investigación exige que los estudiantes cumplan con el reglamento universitario para que la PDG sea validada y así puedan graduarse. Sin embargo, los alumnos alegan haber ya cumplido con lo exigido por la decanatura de Derecho.
Se intentó contactar vía telefónica con Moreno Buján, pero no se obtuvo respuesta. Chacón confirmó que la decana no se referirá.
Procesos judiciales
Los estudiantes advierten que están dispuestos a interponer procesos judiciales, pues aducen que se debe aplicar el principio de confianza legítima.
Ese precepto postula la imposibilidad o inconveniencia de que las administraciones públicas malogren o frustren las expectativas que crean sus normas y decisiones sustituyéndolas inesperadamente por otras extremadamente desiguales.
En este caso, señalan que cumplieron con los requisitos que en su momento la Facultad y su propia decana establecieron.
Tras las quejas de los estudiantes, los representantes sostuvieron una reunión con la vicerrectora de Vida Estudiantil de la UCR y asesores de la Vicerrectoría de Investigación.
En esa reunión, Alfaro les habría advertido a las autoridades universitarias de las consecuencias de no graduar a las personas que cumplieron con los requisitos del PDG. Él aduce que entonces esta situación “podría ser peor” que la vista en el caso de Marina Civil.
En julio pasado, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia condenó a la UCR a pagar entre ocho y nueve años de salarios a siete estudiantes que, aunque llevaron todos los cursos de la carrera de Ingeniería Marina Civil, no han podido graduarse.
En 2019, los alumnos denunciaron que no pudieron graduarse porque la UCR no había completado los cuatro requisitos internacionales para que los estudiantes terminaran la carrera. La situación impidió que hicieran la práctica profesional y defendieran la tesis.
