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El año 2022, el primero de la administración Chaves Robles, cerró con una cifra —entonces récord— de 656 asesinatos; en esa ocasión, el presidente Rodrigo Chaves se sacudió la responsabilidad y afirmó que a su gobierno lo debían medir a partir de 2023. Hoy, se confirma que los siguientes tres años fueron aún más sangrientos.
Según datos del OIJ, el 2023 cerró con 904 asesinatos, el 2024 con 872 homicidios y, a falta de unas horas para su final, el 2025 contabiliza 856 asesinatos.
Antes del 2022, el año con más homicidios había sido el 2017, en el que se registraron 596, es decir, 260 asesinatos menos que este 2025.
El propio gobierno, en el plan Costa Rica Segura Plus, propuso bajar de 12,6 a 9,5 la tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. No obstante, el país cerró el 2024 con una tasa de 16,6 asesinatos, y la cifra de 2025 no se alejará mucho.
Para cuatro expertos consultados por La Nación, los datos desarticulan cualquier relato que intente minimizar la alarmante situación. Ellos son el exministro de Seguridad, Gustavo Mata; el exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rafael Guillén; el exdirector del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas, Roberto Méndez; y la abogada penalista e integrante de la Comisión de Crimen Organizado y Narcotráfico del Colegio de Abogados, Angie Arce.
Todos coinciden en que la política de seguridad es errática por:
- Falta de planificación
- Ausencia de voluntad política
- La negativa a destinar más recursos económicos a la lucha contra la criminalidad, el narcotráfico y el sicariato
“Desde hace tres años, advertimos de que esto iba a pasar si no se invertía en seguridad. Había que tener una actitud muy diferente, prepararnos, tener una política de seguridad del Estado. Había que adaptar ciertas leyes, porque el Código Penal fue promulgado para la atención de delincuencia común, no crimen organizado, pero el gobierno no generó ningún cambio. Al contrario, empezó una política que nunca lo fue; nunca presentaron una estrategia real”, criticó Mata, quien fue ministro de Seguridad entre el 2015 y el 2018.
Los especialistas abundan en la falta de planificación. En criterio del exdirector del OIJ, Rafael Guillén, el Poder Ejecutivo evadió su responsabilidad de prevenir los delitos e, incluso, los favoreció al sacar a Guardacostas de Bahía Drake (zona por donde suele ingresar cocaína) o retirar a la Policía de Control de Drogas (PCD) de muelles, aeropuertos y puestos fronterizos.
“En Costa Rica, hay puertas abiertas para el ingreso del narco. Nos dijeron que los que morían en manos del crimen organizado era porque andaban en malos pasos, pero estamos viendo las muertes colaterales, todos estamos en peligro, personas inocentes también están muriendo. Mientras tanto, el gobierno le echa la culpa a otros para paliar su negligencia o su intención de disminuir la lucha contra el crimen", aseveró Guillén.
También se pronunció en ese sentido la jurista Angie Arce, quien además es presidenta del Instituto de Criminología. Explicó que el crimen organizado se perfecciona y moderniza constantemente; por lo tanto, cada vez que el Ejecutivo se ha negado a financiar a los cuerpos de seguridad, le cede terreno a la delincuencia.
“No se ha hecho nada por parte de este gobierno, nunca existió consciencia de la gravedad de los homicidios, ni tampoco una política de disminución. En los últimos 3 años, el crimen organizado ha avanzado como ha querido y ellos no lo han atacado. Tenían que destinar un presupuesto amplio para atacar este problema, pero no le dieron al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) los fondos que necesitaban", declaró la abogada penalista.
El exdirector del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas, Roberto Méndez, coincidió en lo dicho por sus colegas y recalcó la importancia de la incautación de estupefacientes desde antes de que ingresen al país.
Según detalló Méndez, aunque la droga se decomise en los puertos antes de salir hacia Estados Unidos o Europa, se trata de narcóticos que ya pasaron por todo el país “dejando una estela de sangre”. Además, afirmó que, pese a la instalación de escáneres, la droga sigue saliendo sin problemas por nuestros puertos.
“El tráfico interno de droga produce una lucha entre bandas; de ahí los ajustes de cuentas, causa principal de los homicidios. Tiene que haber una muy buena contención del ingreso de la droga al país. Hay grandes zonas en Bahía Drake y Corcovado que están siendo usadas por el narcotráfico”, indicó Méndez.
Los cuatro especialistas consultados por La Nación criticaron la gestión política que han hecho el presidente Rodrigo Chaves y su ministro de Seguridad, Mario Zamora.
Gustavo Mata destacó que el mandatario, desde el principio de su gestión, prefirió “dinamitar puentes” antes que coordinar para luchar de forma conjunta contra el crimen organizado.
“Mario Zamora vino a entorpecer más. Zamora nunca pidió plata para Seguridad, siempre dijo que con lo que tenía le alcanzaba, lo cual es falso. Más del 60% de las patrullas están varadas, el reclutamiento de personal no es suficiente. El propio ministro dijo que Costa Rica necesitaba una policía pequeña, eso es falso", reclamó Mata.
El exdirector del OIJ también fue severo con su valoración del ministro Zamora.
“Han abandonado su responsabilidad, pero lo ocultan diciéndole a la gente que es culpa de los demás, cuando es el Ejecutivo el que distribuye los presupuestos. Hay una evidente intención de omitir cumplir con sus obligaciones. Si tuviera que calificar la labor de Mario Zamora, le pondría un 4 de 10, porque su trabajo ha sido simplemente de quitarse responsabilidades, seguir la misma línea del presidente”, declaró Guillén.
Escasa presencia policial
Roberto Méndez recalcó lo que considera una “sistemática reducción de la inversión en seguridad”. Esto, afirmó, imposibilita abrir más plazas, comprar mejor equipo, tener mejor infraestructura (muchas delegaciones tienen orden de cierre) y, sobre todo, mantener una mayor presencia policial en las calles.
“Por eso hay poca presencia policial, porque no tiene vehículos, embarcaciones ni aeronaves. Si comparamos la cantidad de droga decomisada en años anteriores, con la que se decomisa actualmente, hubo una caída estrepitosa. Los últimos decomisos importantes los hizo la Guardia Costera de Estados Unidos. La estadística está muy baja”, consideró.
¿Es posible revertir la violencia?
Todos coincidieron en que las cifras pueden mejorar, pero será imposible si el Poder Ejecutivo no tiene la voluntad política de hacerlo.
“Es posible, pero se necesita voluntad. Desde el Colegio peleamos tres años por los allanamientos 24/7 y el gobierno se oponía. Hay que hacer una planificación, que el narcotráfico entienda que estamos haciendo algo, asfixiar el crimen organizado atacando sus fuentes de ingresos. Se trata de una articulación de voluntades y dinero; así sí se podría parar”, detalló la abogada Angie Arce.
El exministro Mata y el exdirector Guillén coinciden.
“Se puede, con voluntad política. Lo que pasa es que hay una omisión del Poder Ejecutivo, un deseo de deteriorar la prevención y la represión. Cuando el Congreso aprueba presupuestos, el Ministerio de Hacienda no los gira. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos dinero y no lo giramos a los órganos que defienden al país", cuestionó Guillén.
“Tenemos que hacer un esfuerzo importante, tenemos que cambiar de visión. La Comisión de Crimen Organizado del Colegio de Abogados está dispuesta a apoyar de forma gratuita al equipo de seguridad que llegue, de cualquier gobierno que sea”, dijo Mata por su parte.
Roberto Méndez manifestó esperanza al ver que, pese a las circunstancias de escasez, el OIJ tiene un porcentaje de resolución de homicidios del 55%, uno de los más altos de Latinoamérica. “Eso implica que se hace un gran esfuerzo”, reconoció.
“Sí se puede, pero con la articulación de varios sectores, la redacción de una buena estrategia a 10 años vista, con planeas concretos. Se puede reversar si existen los recursos financieros adecuados para la policía, el trabajo del OIJ es formidable, pero si vemos la escasez que tienen, es terrible", finalizó.
