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El alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, aseguró que prevén concluir las obras viales en el barrio La Cañada, en el distrito de San Rafael, a finales del 2026, tras una advertencia de la Sala Constitucional de remitirlo al Ministerio Público en caso de no acatar un fallo que ordenó solucionar los problemas en esa comunidad.
“La meta es concluir el proyecto a finales del 2026. Desde la administración, lo hemos definido como prioridad, pero necesitamos que el Concejo apruebe los recursos para las etapas restantes (...), Desde el punto de vista de la administración, hemos cumplido”, afirmó el alcalde a La Nación.
Según explicó, la obra se ha desarrollado por etapas debido a su costo y a la magnitud de la intervención. “Esta es una obra muy cara, porque requiere una intervención pluvial, construcción de aceras, cordón y caño y la recuperación completa de la vía”, indicó.
El alcalde explicó que para este año se presupuestaron ¢800 millones. En agosto solicitaron al Concejo Municipal de Alajuela aprobar alrededor de ¢400 millones adicionales, sin embargo, los regidores decidieron destinarlo a otras obras, según explicó.
“Esos recursos se trasladaron a otras prioridades del Concejo. En el primer presupuesto extraordinario del próximo año, volveremos a insistir para incluirlos de nuevo”, dijo.
La municipalidad prevé plantear esa solicitud en febrero de 2026. La actual etapa del proyecto concluiría a finales de noviembre. Las obras se reanudarían en el primer semestre del 2026.
Thompson estima que faltan unos ¢1.500 millones para concluir los trabajos, que se dividirían en dos etapas: uno en el primer semestre del 2026 y el otro en la segunda mitad de ese año.
El proyecto enfrenta además problemas puntuales de avance, según el jerarca, entre ellos un conflicto con un vecino que había interpuesto un interdicto para frenar parte de la construcción. Thompson aseguró que ese tema está cerca de resolverse: “Hemos avanzado en un eventual arreglo y esperamos tenerlo solucionado en los próximos días, para terminar la construcción de la acera y el caño frente a esa propiedad”.
“Si pudiéramos presupuestar todo de una sola vez, lo hacemos. Si no, lo terminaremos en dos etapas, pero la obra se va a concluir”, concluyó.
Orden de la Sala
En el 2024, los vecinos de ese barrio presentaron un recurso de amparo contra el ayuntamiento, alegando que un camino histórico de aproximadamente cuatro kilómetros (km), que conecta Ojo de Agua con el distrito de San Rafael en el cantón central de Alajuela, no cumple con las condiciones mínimas de seguridad.
Argumentaron que la vía tiene apenas cinco metros de ancho, carece de caños, alcantarillado pluvial y aceras, y que su capa de asfalto presenta numerosos huecos. Esto también provoca, según los denunciantes, que haya inundaciones cuando llueve muy fuerte.
En la sentencia N.° 2024-014817, de mayo del 2024, los magistrados constitucionales fallaron a favor de los vecinos y ordenaron solucionar definitivamente los problemas de ese barrio en un plazo de tres meses. Sin embargo, la solución definitiva no ha llegado, pese a que ha transcurrido más de un año desde ese fallo.
Ante ese incumplimiento, los vecinos presentaron una primera gestión de desobediencia y, en mayo del 2025, la Sala constató que la municipalidad había realizado algunas labores para cumplir con su mandato. Aún así le ordenó “culminar las obras dentro del cronograma establecido e informar a ese Tribunal sobre el avance y la culminación de ellas”.
Sin embargo, las obras aún no han concluido. Ante esa situación, en setiembre pasado, por segunda ocasión, un vecino interpuso una gestión de desobediencia. Entonces, el municipio remitió a ese tribunal documentos para probar que habían realizado gestiones para cumplir con la sentencia.
Alegó, además, que un tercero interpuso un interdicto y dada una medida cautelar, que se tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
Y por último, argumentó que, pese a que la alcaldía incluyó el proyecto en un presupuesto extraordinario, supuestamente la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto eliminó la partida.
Sin embargo, los magistrados concluyeron que no se había cumplido a cabalidad la sentencia que ellos dictaron y decidieron acoger la gestión de desobediencia.
Además de Thompson, la Sala Constitucional también advirtió al presidente municipal, Francisco Sánchez Gómez; y al coordinador del Subproceso de Gestión Vial, de apellidos Moya Argüello, sobre la obligación de cumplir con lo fallado.
A todos les alertó que, de no cumplir, podrá “ordenar el testimonio de piezas ante el Ministerio Público por el delito previsto en el artículo 71 (sobre la desobediencia), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”.
