Trabajo

Plan para crear jornadas laborales de 12 horas divide criterios

Empresarios respaldan el llamado proyecto 4/3; laboralistas y organizaciones expresan temores. Red de Cuido deberá fortalecerse

El proyecto ley para regular las jornadas laborales de 12 horas abrió un debate entre los que consideran que responde a necesidades de los trabajadores y es necesario para la reactivación económica, y aquellos que advierten de consecuencias negativas para muchos empleados, principalmente para las mujeres, por ser las que tienen el recargo del cuidado de los hijos o los adultos mayores.

La iniciativa de ley impulsada por el Partido Liberación Nacional (PLN) fue convocada por el Poder Ejecutivo para discusión en el Congreso a solicitud del sector empresarial. Como fue dictaminada desde setiembre por la Comisión de Asuntos Hacendarios ya está en la agenda del plenario, no obstante, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, y otros jefes de fracción manifestaron que el proyecto merece más análisis, en lo que coinciden otros sectores.

El 9 de mayo, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) se pronunció sobre la urgencia de la iniciativa, porque dice que permitiría a los trabajadores decidir, a través de diversas fórmulas y dentro de límites legales establecidos y previamente acordados, sus horarios de entrada y salida al trabajo. Además, afirmó que este cambio permitirá competir con otros países y señaló que, de no aprobarse, Costa Rica estaría en desventaja con respecto a otras naciones para atraer inversión.

“Ese mecanismo se da en muchos países y es la consolidación de un marco jurídico novedoso y una alternativa para modernizar la legislación laboral vigente y contribuir con la recuperación de puestos de trabajo”, expresó.

En el mismo sentido, el Consejo de Promoción de la Competitividad destacó que el plan “va en la dirección correcta” porque “permite a patronos y trabajadores acceder a esquemas de trabajo novedosos para alcanzar mayor productividad, generar más empleo y garantizar los derechos de los trabajadores”.

Sin embargo, hay quienes no comparten ese optimismo en torno a la llamada ley 4/3, que implica cuatro días con jornadas de 12 horas y tres días libres a la semana.

La especialista en Derecho Laboral y gerente sénior de EY Law, Laura Navarrete, aseguró que estas jornadas de 12 horas ya se aplican en el país y que de aprobarse el proyecto de ley como está redactado actualmente, afectaría a los trabajadores que ya laboran ocho horas ordinarias y cuatro extraordinarias (que se pagan con 50% más que la hora ordinaria), pues trabajarán igual tiempo por menos salario. Para ella, el problema está en que la iniciativa parte de la premisa de que estas jornadas no existen en el país, cuando esa no es la realidad, a pesar de que no están debidamente reguladas.

“El proyecto estipula la posibilidad de pasarse de jornada ordinaria a jornada 4-3 si la empresa lo quiere aplicar, pero no contempla el escenario de que ya yo esté en esa jornada 4-3; parte de la premisa de que esta jornada no se aplica en la práctica y la ley dice que yo no tengo un derecho adquirido sobre una práctica ilegal, como el pago permanente de horas extra, entonces la empresa podría regularizar la situación y dejar de pagar esas horas extra, por lo que los trabajadores que actualmente reciben ese pago, van a tener un perjuicio”, explicó.

Además, el transitorio dos del proyecto de ley podría disminuir el valor por hora trabajada en la jornada excepcional de 1/8 a 1/10, ya que el Consejo Nacional de Salarios podrá “determinar un salario mínimo por hora para todas las personas trabajadoras que realicen jornada excepcional ampliada, equivalente a una décima parte del salario mínimo fijado por jornada de la categoría salarial, según corresponda la ocupación que desempeñen”. Por ejemplo, en una jornada pagada a ¢25.000, el valor de la hora pasaría de ¢3.125 a ¢2.500.

Según Navarrete, aunque el proyecto permita estas jornadas como una medida “opcional”, no valora la posibilidad de que haya empresas que inicien operaciones con esta modalidad y no ofrezcan otra elección a los trabajadores. En ese mismo sentido se pronunció la abogada laboralista María Marta Salazar, al destacar que las empresas pueden restringir cupos para cada jornada y que no necesariamente haya chance de elegir.

“¿Qué pasa si una mujer opta por la jornada 4-3 y tiempo después decide ser mamá? Aunque se quiera pasar a la jornada ordinaria el patrono le puede decir que no tiene espacio y que por eso la puede despedir, porque no tiene porqué abrir otro espacio en la empresa?”, dijo la jurista, al indicar que impulsar jornadas extenuantes que propicien malos climas de convivencia y trabajadores agotados es un retroceso en materia de derechos laborales.

El criterio es compartido por el doctor en Derecho Laboral Eric Briones, quien afirmó que la tendencia internacional de los países desarrollados va más bien en la dirección de reducir las jornadas laborales a menos horas por día, como seis horas diarias, ya que estudios han determinado que el empleado es más efectivo en las primeras cuatro horas y el resto no es tan oportuno. “Se pierde la concentración con muchas horas”, dijo.

Salazar, sin embargo, rescata que la parte de la jornada anualizada del proyecto es positiva porque muchos empleos dejarían de ser estacionales y adquirirían carácter de permanencia, lo que le daría mayor estabilidad a trabajadores y sus familias, principalmente aquellos que buscan empleo en comercios durante época navideña o en temporada alta como el verano en el sector turismo.

“En otras palabras, con la aprobación de la jornada anualizada no habría una necesidad de despedir trabajadores en periodos de baja demanda laboral o productividad o necesidad de implementar contratos por tiempo determinado. Otro beneficio es que disminuiría la informalidad laboral, ya que muchos trabajadores que luego de terminar sus empleos de temporada regresan a la informalidad, ahora permanecerían contratados con el mismo patrono”, agregó la laboralista.

La Nación pidió criterio a la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) sobre los alcances del proyecto en temas de atracción de inversiones, pero respondieron que aún analizan el tema. “Estamos estudiándolo y hasta no culminar ese análisis no podemos referirnos”, dijeron.

La misma respuesta se obtuvo de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

Un aspecto que preocupa es la situación de las mujeres trabajadoras. Criterios emitidos por el Consejo de Salud Ocupacional (CSO), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) indican que este plan podría empujar a las mujeres al desempleo o complicar la vida a esta población.

“El proyecto genera discriminación al obstaculizar el acceso a puestos de trabajo de 12 horas (jornada acumulada) a personas trabajadoras que requieren del uso de redes de cuido para aquellas personas con dependencia (niños, adultos mayores, personas con discapacidad), que emplean servicios que no se ajustan a sus nuevos requerimientos horarios ante una eventual ejecución: así como también, se vislumbra una limitante para el acceso a la educación por contraposición de horarios”, señaló el CSO.

También el Inamu hace la advertencia de que las trabajadoras que tienen ese recargo del trabajo reproductivo, del cuido de niños, personas adultas mayores o con discapacidad, van a encontrarse en una disyuntiva: “o asumen ese trabajo reproductivo que inequitativamente se les ha asignado o trabajan en esta empresa”, señaló el Instituto en su criterio al Congreso.

Ante consulta de La Nación, la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi) confirmó que no cuenta con recursos para eventualmente ampliar su cobertura si se aprobara esta iniciativa y también desconoce cuál es la demanda insatisfecha que existe hoy en sus servicios, los cuales ya están totalmente comprometidos.

La ministra del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Yorleny León, adelantó que desde su despacho estudiarán a profundidad el impacto que podría tener esta ley en la Red de Cuido, ya que conoce la dificultad de aumentar los alcances actuales de este programa.

Por su parte, la directora del CIEM, Montserrat Sagot, explicó que diversos estudios han demostrado que las jornadas de 12 horas seguidas son fatales para las mujeres, sobre todo las jóvenes y madres, porque el trabajo doméstico y de cuido no se detiene nunca.

Resaltó, además, que las mujeres ya fueron lo suficientemente golpeadas por la pandemia y expulsadas de sus trabajos.

Muchas de estas inquietudes llevaron al presidente legislativo a pedir mayor reflexión. Así lo comunicó luego de reunirse con la fracción legislativa del Frente Amplio.

El jefe de esa bancada, Jonathan Acuña, es del criterio de que el país debería repensar si legaliza jornadas diarias más extensas cuando la principal discusión en el mundo se orienta a reducir la cantidad de horas laboradas.

Para él, el proyecto de jornadas 4-3 “voluntarias” ignora que la relación entre asalariados y patronos no es de igualdad, porque suponer que en un país “con altos niveles de desempleo y precariedad” los empleados podrán elegir libremente si toman o no esta jornada, “es una ficción”.

Los jefes de fracción de Liberación Nacional (PLN) y del Liberal Progresista (PLP), Kattia Rivera y Eli Feinzaig, también se han referido a la necesidad de hacer ajustes en el texto, en favor de las mujeres y de las personas que tienen cuido de otras personas a su cargo.

Incluso Uccaep, nuevamente consultado sobre el tema, dijo que esperará el avance del plan. “El sector además ha planteado que va a trabajar de lleno para que este proyecto vaya de la mano con el tema de la Red de Cuido”, respondió la oficina de prensa de la organización.

José Andrés  Céspedes

José Andrés Céspedes

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación, graduado de la Universidad de Costa Rica. Escribe sobre vivienda y trabajo.

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