Mantener a los niños y adolescentes en las aulas, en convivencia con personas de su edad, es protegerlos contra la explotación laboral infantil, uno de los riesgos que se han incrementado durante la pandemia.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) detectó un aumento de denuncias por trabajo infantil entre el 2019, cuando recibieron 190, y el primer año pandémico, con 220, informó su presidenta ejecutiva y ministra de Niñez y Adolescencia, Gladys Jiménez Arias.

En lo que va del 2021, la institución rectora en la materia acumulaba 86 denuncias más, según el corte más reciente, que es hasta abril.

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En Costa Rica, el trabajo infantil está totalmente prohibido para menores de 15 años.

En los de 15 y más se autoriza pero bajo ciertas condiciones, como laborar un máximo de seis horas diarias y 36 semanales, y no trabajar horas extra ni en jornada nocturna. Esto para proteger, entre otros derechos, el de esta población a educarse.

Gladys Jiménez confirmó que en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –otra de las fuentes de denuncias de este tipo, además del 9-1-1 PANI– las ingresadas por menores de 15 años llegaban a 108 en abril de este año. Las denuncias por condiciones inadecuadas de trabajo en mayores de 15 alcanzaban a esa fecha las 160.

“Nuestra preocupación es que, por la situación derivada de la pandemia, tenemos niños y niñas que han tenido que suspender el avance en el sistema educativo, o han sido excluidos.

“La suspensión el año pasado de las clases, y las suspensiones y modalidades virtuales de este año, podrían estar generando que, de alguna manera , algunos de estos menores estén buscando remuneración económica para satisfacer necesidades de la familia. Este es un tema que hemos venido monitoreando”, apuntó Jiménez.

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El PANI ha sido una de las instituciones que más ha promovido las clases presenciales, la vacunación de docentes y priorizar la vacunación en menores de edad cuando esté aprobada y disponible una vacuna para este grupo en el país.

Los mayores riesgos de explotación laboral han sido detectados en personas de 15 años o más.

En las mujeres de esas edades, por ejemplo, se ha detectado abandono de las aulas para dedicarse a labores del hogar y al cuido de otros menores, de personas adultas mayores o de familiares con alguna discapacidad.

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Las denuncias tienen relación con trabajos que se hacen en jornadas prolongadas; también por remuneración mínima o inexistente, o en lugares donde son alejados y separados de su familia, sobre todo en adolescentes de 15 a 17 años, a quienes se les limita el acceso a la educación.

En los hombres los reclamos se concentran en áreas como la agricultura, ganadería y pesca asociadas a labores en comunidades rurales.

En el área urbana, las denuncias están más relacionadas con actividades comerciales, como ventas callejeras en lugares donde no deberían estar los menores porque se exponen a violencia, accidentes, robo o violaciones.

Según Jiménez, ese tipo de denuncias representan un 26% de los casos en los muchachos de 15 años que están laborando.

“El Código de Niñez y Adolescencia permite que muchachos mayores de 15 años puedan trabajar pero no en trabajos peligrosos o insalubres. Muchas de estas denuncias están asociadas a trabajos donde no solo superan el tiempo laboral con remuneraciones mínimas, sino que también se obstaculiza el derecho a la educación.

“Por ejemplo, están trabajando en explotación de subsuelos, o en altamar o en contacto con productos con sustancias tóxicas, o en horarios que se extienden”, dijo la ministra.

Pandemia eleva amenazas

La explotación laboral infantil vinculada al delito de trata de personas registró 4 casos en el 2020, y 3 en lo que va del 2021, según el PANI.

El Patronato, además, recibió 4.210 denuncias solo por abuso sexual en el 2020, y 301 denuncias por explotación sexual con fines comerciales.

“Cuando hay negligencia en el hogar los menores son expuestos a este tipo de amenazas. Por eso es tan importante el trabajo que venimos haciendo las distintas instituciones en materia de violencia, maltrato y abuso. Apenas empezó la pandemia, empezamos a identificar áreas de riesgo y de trabajo conjunto”, informó la ministra.

Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), presentado en junio anterior, advirtió que en el mundo hay 160 millones de niños y niñas que trabajan con un riesgo elevado para su integridad física y mental.

El informe, comentado por el periodista Alberto Barrantes en su blog ‘Cambio educativo’, en La Nación, también advierte que la pandemia expone a 9 millones más al riesgo de sumarse a las filas de la explotación laboral infantil para finales del 2022, como resultado de la pandemia.

Las cerca de 30 organizaciones que forman el Consejo de Niñez y Adolescencia realizaron un mapeo de riesgos, explicó Jiménez, y ejecutaron más de 420 acciones para atender los impactos de la pandemia en esta población en salud, educación, violencia y derechos humanos.

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“Acciones para no dejar a los niños y adolescentes solos, como campañas (las más sencillas), pero también otras como apertura de líneas de ayuda. El Consejo viene trabajando en los últimos dos meses en un replanteamiento de acciones en educación, salud, deporte y recreación,violencia, maltrato y abuso, y brechas sociales.

“Porque la pobreza entre la población menor de edad subió de un 34% a un 36% durante la pandemia, y un 12% de nuestros niños están en pobreza extrema. Todos estos datos hay que reducirlos”, manifestó Jiménez.