¿Ganar un salario de 12 horas trabajando solo 8? La nueva duda del proyecto de jornadas 4-3

Se trata del artículo 2 que propone adicionar un numeral 145 bis al Código de Trabajo, específicamente en el punto 2.8, referente a los límites de aplicación de la jornada excepcional, el cual indica que “a solicitud de la persona trabajadora, las personas que demuestren que padecen alguna enfermedad mediante certificado médico que pueda agravarse en virtud de la permanencia prolongada en el lugar de trabajo, podrán solicitar un ajuste en su jornada, sin que este cambio le represente un perjuicio a nivel salarial”.

“Esta medida se aplicará estrictamente mientras la condición especial subsista. Igual medida deberá tomarse con quienes demuestren tener una condición de cuidador de menores o adultos mayores y no cuenten con una posibilidad de solución o quienes demuestren cursar planes de estudios que resulten incompatibles con las jornadas excepcionales ampliadas. En este último caso, los trabajadores conservarán el derecho a la jornada hasta la finalización del ciclo lectivo”, dice el artículo.

Así lo plantea el texto presentado el 13 de junio, sin embargo, la ministra de Trabajo, Marta Esquivel, anunció una nueva redacción que se entregaría al Congreso el 21 de este mes, aunque no precisó cuáles serán las modificaciones que se introduzcan.

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Los especialistas advierten de que la interpretación de este punto específico puede prestarse para que, si una persona con condición especial está en jornada de 12 horas, pueda pasarse a la jornada ordinaria de ocho horas y continuar recibiendo el salario de la jornada excepcional, es decir, como si estuviera trabajando 12 horas y no ocho.

Además, el artículo agrega que si el patrono no acepta que el trabajador se pase a la jornada ordinaria devengando el salario de la jornada excepcional, o si modifica las condiciones de trabajo del empleado en su perjuicio, o lo despide sin justa causa, se considerará discriminatorio y por lo tanto podrá ser sancionado.

“Estoy de acuerdo en que tengan el derecho a optar por una jornada ordinaria y que esas condiciones no sean motivo para perder el empleo, pero no a que reciban un sueldo mayor al tiempo real trabajado. Me parece desproporcionado y una carga injustificada al patrono. Hay que tener presente que estas condiciones especiales pueden extenderse de manera indefinida y además están protegidas por una limitación al despido.

“Podría darse el caso, por ejemplo, de una persona que sea contratada para laborar 4-3 y que al mes empiece a cursar una carrera universitaria. Tendría derecho a que se le asigne una jornada ordinaria (digamos de ocho horas) por todos los años de estudios, pero conservando el sueldo completo de contratación como si prestara servicios en un turno ampliado (12 horas)”, manifestó la abogada laboralista Paola Gutiérrez.

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La preocupación la comparte la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la cual respondió a La Nación que “se encuentra haciendo un análisis riguroso de la propuesta del Poder Ejecutivo para emitir una posición”.

“El sector empresarial ha sido claro en que está a favor de la jornada 4-3 y es consciente que el texto que se encuentra dictaminado necesita cambios a fin de que la propuesta sea viable para el país con el objetivo de contar con más herramientas en materia laboral en nuestra legislación”, señaló la Cámara.

Incluso la Agencia Costarricense de Promoción de Inversiones (Cinde), que ratificó su total apoyo a la iniciativa, también mencionó que espera que los diputados revisen con mucho cuidado este nuevo punto del texto sustitutivo que presentó el Gobierno.

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“Coincidimos en que es un tema que la Asamblea Legislativa debe analizar con mayor detalle; si todos estos supuestos tendrán que aplicarse. Coincidimos en que claramente hay una duda en relación con esta aplicación para el caso estudiantes en donde cuatrimestralmente o semestralmente pueda haber mucho cambio”, dijo.

Abogados laboralistas como Ronald Gutiérrrez y Rocío Carro, que han analizado el proyecto de ley junto con Cinde, también se mostraron extrañados por el nuevo punto de la iniciativa y solicitaron al Congreso hacer un estudio cauteloso de las implicaciones que podría traer la medida en las empresas.

“Me parece que este es un tema que admite revisión cuando se estudie el texto que se tiene en este momento”, dijo Gutiérrrez. “El tema de estudiantes es el que se tiene que puntualizar un poco más”, agregó Carro.

Ahora, sin embargo, se deberá esperar al texto sustitutivo prometido por el Ejecutivo para conocer si el tema fue modificado.

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