Trabajo

Estado pide informes a funerarias para no pagar pensión a fallecidos

Casas fúnebres y panteones tienen orden de reportar decesos por ‘e-mail’, pero, aún así, depósitos del Estado a difuntos aumentaron en ¢800 millones en año y medio

Con tecnología que facilita múltiples trámites en pleno siglo XXI, la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), todavía depende de informes semanales de cementerios y funerarias para no depositar el dinero de pensiones a personas fallecidas o a herederos que pierden el derecho a recibir el beneficio.

Aún así, en el último año y medio se transfirieron ¢800 millones a cuentas de difuntos o sus familiares, por lo cual, aumentó a ¢4.000 millones el monto pagado erróneamente desde el 2008. A mediados de 2020, apenas se había recuperado ¢159 millones y, ahora, la directora de la DNP, Priscilla Gutiérrez Campos, dice desconocer si ese monto incrementó.

De hecho, no está claro quién es el responsable de que el dinero no se haya podido recuperar. “Se está tratando de determinar de quién es la responsabilidad o cómo se mejora el sistema de recuperación porque hay algunas trabas administrativas a nivel de otras instituciones que no permiten la recuperación”, respondió Gutiérrez, al señalar entre esas entidades a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda.

Pese a que aún mucho dinero se deposita en cuentas de difuntos, ella defiende como “confiable” la exigencia de reportes a funerarias y cementerios, pues alega que los datos de fallecimientos que maneja en forma digital el Registro Civil, bajo la tutela del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), están desactualizados.

También pone sobre la mesa otro detalle. “Hay familias que se dejan los certificados por ahí guardaditos y el señor no aparece fallecido” en los registros del TSE. Por eso, cree, los datos de casas fúnebres y panteones ayudan a “disminuir este riesgo”.

Además, dio a conocer que una auditoría del Ministerio de Trabajo determinó que el TSE tarda de ocho a diez días para registrar fallecimientos y que, en ocasiones, las familias reportan las muertes hasta semanas o meses después del deceso. Además, cuando son médicos quienes declaran las defunciones, a veces “el sistema falla” y deben utilizar boletas físicas que dan a los familiares para que ellos después las entreguen al TSE. Esto, dice la jerarca, también genera atrasos.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones no acepta esos argumentos. Ante las aseveraciones de Gutiérrez, Luis Guillermo Chinchilla, oficial mayor civil del TSE, aseguró que sus registros de fallecimientos siempre están actualizados.

Añadió que las irregularidades señaladas por la contraparte ocurren por una mala coordinación de la DNP. También indicó que las familias no están obligadas a comunicar las muertes al Tribunal y que solo deben dar aviso en casos muy específicos, como cuando la defunción se da en el extranjero.

“Lo que ha sucedido es que no ha habido coordinación del Ministerio de Trabajo en relación a cómo deben enlazarse con nuestras bases de datos para que en tiempo real tengan la información precisa. Ellos, usualmente, lo que hacen es que bajan unos archivos que nosotros generamos mensualmente para todas las instituciones que no tengan la facilidad y comodidad de conectarse directamente con las bases de datos del Registro Civil”, indicó Chinchilla.

Para pedir las listas de difuntos a funerarias y panteones, la Dirección de Pensiones se ampara en una reforma de hace siete años al “Reglamento General de Cementerios”. En ella, el artículo 63 obliga a los administradores de cementerios públicos y privados a comunicar a la DNP “la información referente a las inhumaciones y/o cremaciones de cadáveres humanos realizadas en sus instalaciones”, en un plazo de 15 días naturales a partir del día siguiente de procesar el cadáver. Los datos deben ser enviados por correo electrónico o en papel.

¿Por qué dejar esa responsabilidad estatal en los encargados de cementerios y funerarias? “A mí no me corresponde establecer si es mucha o poca responsabilidad”, respondió Gutiérrez, al reconocer que la DNP aún incurre en los cuantiosos sobregiros pese a que “somos sumamente auditados no solo por la auditoría interna sino también por la Contraloría General de la República”. En el último año fueron objeto de cuatro investigaciones.

Aunque ella expresa confianza en los datos de funerarias y cementerios, también confirmó que en noviembre le tuvo que recordar a todos los camposantos la obligación de remitir estos datos para no perder su permiso de funcionamiento o ser clausurados.

Explicó que, de acuerdo con estudios internos, han identificado que varios cementerios no comparten los listados a tiempo y que, como muchos son manejados por las municipalidades, han tenido que solicitarle a los gobiernos locales que recuerden esta tarea a los administradores.

¿De quién fue la idea de que funerarias y cementerios dieran los datos? “Se le ocurrió a algún director”, pero Gutiérrez dice no recordar el nombre ni cuáles fueron sus fundamentos. “No tengo el detalle”, contestó.

Por su parte, la Contraloría General de la República informó a La Nación que realiza dos auditorías en la Dirección Nacional de Pensiones sobre controles asociados con la generación de información, detección y recuperación de las sumas giradas de más. Igualmente, sobre la ejecución presupuestaria realizada por los Regímenes Especiales de Pensiones en 2021.

El portavoz del TSE, Luis Guillermo Chinchilla, explicó que desde el 2021 comenzaron con un plan para crear un mecanismo de alerta a la DNP cuando un pensionado fallezca.

También señaló que varias veces le han insistido a la DNP sobre su falta de coordinación con la plataforma de servicios y que no es necesario que descarguen la información de manera mensual porque la herramienta siempre está al día con sus bases de datos.

Por último, rechazó que pedir información a cementerios sea más confiable que utilizar los registros del TSE y recomendó a la DNP revisar sus labores. “Aquí lo que considero que puede estar sucediendo es que no hay una interacción oportuna y efectiva en los servidores del Ministerio de Trabajo con los del Registro Civil”. Afirmó que otras entidades del Gobierno no tienen este tipo de inconvenientes con el mismo sistema al que accede la Dirección.

Aseveró que esta situación se ha intentado resolver desde 2015 por todos los millones que pierde el país, pero que aún no se ha logrado. “Evidentemente nosotros no podemos hacer las modificaciones de los sistemas de ellos. Ellos tienen que hacer sus adecuaciones en lo que se llama la lectura de web service. Porque ellos pueden obtener la información, los técnicos pueden hacer la conexión y tener los datos de forma inmediata. A estas alturas de la época, donde las tecnologías las tenemos muy fortalecidas, no creo que sea posible que no pueda haber una interacción entre dos sistemas”, finalizó el oficial mayor del TSE.

José Andrés  Céspedes

José Andrés Céspedes

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación, graduado de la Universidad de Costa Rica. Escribe sobre vivienda y trabajo.

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