Un total de 348 patronos solicitaron la suspensión de contratos de sus empleados, debido a las afectaciones por la emergencia nacional ocasionada por el nuevo coronavirus.

Dicha medida pretende frenar temporalmente contratos laborales de 4.969 personas, quienes podrían quedar sin salario durante el tiempo que dure la contingencia. Una vez que pase la alerta sanitaria, los empleados retomarían sus puestos.

Ese es el primer corte oficial que realiza el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a dos semanas de la emergencia nacional.

La semana anterior, en un corte extraoficial, Trabajo había contabilizado 117 empresas interesadas en aplicar este mecanismo para suspendier 1.105 puestos laborales.

Las solicitudes formales ahora están bajo análisis de la Dirección de Inspección del Trabajo, que todavía no ha dado visto bueno a ninguna empresa para aplicar la suspensión, explicó la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte.

“Hemos venido aplicando una serie de medidas que nos permiten atender los efectos del empleo sobre la emergencia que enfrentamos por el covid-19. En lo que respecta a la suspensión temporal de los contratos, tenemos 348 empresas que han formalizado su solicitud junto con el cumplimiento de los requisitos previstos”, señaló Dinarte.

La mayoría de empresas que han solicitado acogerse la medida son del sector comercio, seguido por servicios y transporte.

Además, más de la mitad de estas compañías están radicadas en San José, Alajuela y Guanacaste.

Trabajo explicó que otras empresas plantearon la misma solicitud de suspender contratos, sin embargo no siguieron el proceso formal, por lo que se les indicó cómo debían proceder de la forma correcta, así como los requisitos que debían cumplir.

Bajo la contingencia actual, la suspensión del contrato, contemplada en el Código del Trabajo, le permite al patrono afectado suspender el pago de salarios bajo causa justificada y con el aval del Ministerio. A los colaboradores, entretanto, al menos les garantiza retener su empleo cuando la empresa y el país retomen sus actividades, que podría ser de entre ocho y 12 semanas.

Los patronos que pretenden acogerse a esta alternativa por la alerta sanitaria, tienen que cumplir con el protocolo divulgado por el MTSS. Además deben presentar una declaración jurada que haga constar que están al día con el pago de cargas sociales ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de Seguros.

Entretanto, otros 89 patronos solicitaron acogerse a la reducción de jornada laboral, que también afecta parcialmente el salario de los trabajadores.

De acuerdo con esa nueva legislación laboral, publicada en el diario oficial La Gaceta este martes, los patronos podrán acortar la jornada laboral y por ende los salarios de sus empleados, hasta en un 50% cuando los ingresos del negocio bajen más de un 20%.

También permite la disminución de las horas de trabajo hasta por un 75%, en el caso de que la caída en los ingresos del negocio alcance un 60% o más.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) verifica el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la legislación para admitir o rechazar la suspensión de contratos o reducción de jornadas.