Diputados reviven proyecto de ley para cerrar fondos de pensiones exclusivos para empleados públicos

El principal argumento de la iniciativa para liquidar los fondos de retiro es que solo se financian con aportes de los patronos y no existen contribuciones de los trabajadores para sostener los regímenes. Por ejemplo, en la CCSS, el beneficio le cuesta a los contribuyentes ¢750 millones por mes según datos de la Auditoría Interna.

El último estudio actuarial señaló un hueco de ¢17.629 millones en las reservas y reveló que por 40 años la institución subsidió los gastos administrativos.

De aprobarse la ley, los exfuncionarios de las cinco instituciones que reciben pensiones complementarias las seguirán captando cada mes hasta que el último beneficiario fallezca y los trabajadores activos serán trasladados al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC), en las condiciones que están afiliados la mayoría de empleados en el país.

La moción fue firmada el pasado 19 de mayo por los jefes de fracción de los partidos Liberal Progresista, Eliécer Feinzag; Unidad Social Cristiana, Daniela Rojas; Liberación Nacional, Kattia Rivera; Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros y Frente Amplio, Jonathan Acuña. Esta da dos meses a la Comisión de Asuntos Sociales para que rinda una nueva recomendación al plenario legislativo.

Ahora la Comisión de Asuntos Sociales deberá analizar el texto, revisar observaciones hechas por congresistas e instituciones involucradas, emitir un dictamen y trasladarlo al plenario para su discusión.

“Como fracción estamos totalmente de acuerdo con que estos regímenes hay que cerrarlos, en particular los que son como la CCSS, donde solo hay un aporte del patrono, lo cual quiere decir que es un aporte de los asegurados, porque ese es el origen de los recursos del patrono”, declaró Feinzag.

LEA MÁS: CCSS financia doble pensión complementaria para sus empleados con aportes de cotizantes

El excandidato presidencial agregó que los fondos de jubilaciones creados para las cinco instituciones públicas mencionadas representan “terceras pensiones” financiadas por los contribuyentes, pues los funcionarios, a la hora de jubilarse, reciben pensión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias y del fondo especial.

En el caso de la CCSS, la entidad traslada todos los meses el 3% de las planillas ordinarias.

“No parece ser esta situación algo justo. En relación con el fondo de retiro de empleados de la Caja, es de los casos más odiosos, porque es una tercera pensión, donde solo el patrono hace aportes (...) Entonces, si el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte ya tiene un déficit actuarial y, además, le quitamos plata a la entidad para financiar terceras pensiones para los trabajadores de la Caja no parecer moral y éticamente correcto”, subrayó Feinzag.

Para Daniela Rojas, jefa de fracción de la Unidad Social Cristiana, es importante que la Comisión de Asuntos Sociales respete el plazo de dos meses fijado en la moción.

“Ese proyecto es muy importante para nosotros, es un proyecto que vemos con buenos ojos. Sin embargo, tuvo un trámite (en el periodo legislativo 2018-2022) de archivarlo por medio de una recomendación de mayoría, pero también tuvo una recomendación de minoría. Se trata de un texto sustitutivo que incorpora las observaciones que se hicieron en el periodo de consultas, ese texto sustitutivo no fue aprobado ni consultado. Entonces, nos parece importante que se pueda consultar ese texto para saber la opinión y las respuestas de las diferentes instituciones.

“La idea es tener una nueva recomendación de la Comisión de Asuntos Sociales hacia el plenario. Nosotros creemos en la protección al trabajador, es algo que vamos a defender. Sin embargo, en el estado de las finanzas públicas tenemos que encontrar dónde hay huecos o faltantes que se puedan recortar, este es el caso de régimenes especiales”, comentó Rojas.

LEA MÁS: Diputada del PLN propone liquidar Fondo de Retiro de Empleados de CCSS

En enero anterior, Rocío Aguilar, superintendenta de Pensiones manifestó que ese tipo de fondos de retiro producen inequidad y tratos desiguales.

“La conclusión es que eso es viable. Nadie tiene derecho a que el beneficio no se cambie, pero todos los cambios se tienen que hacer respetando los derechos adquiridos de la gente, ahí tenemos a personas que están ya pensionadas y personas que están contribuyendo. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de poner en ejecución una ley como esta, a qué costo nos estamos refiriendo”, señaló Aguilar.