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¿Pueden desaparecer 31.000 latas de atún sin que el CNP se dé cuenta?

Auditoría evidencia que en bodega en Santa Ana se pierden cada día ¢1,6 millones en alimentos dirigidos a niños con desnutrición, policías y la CNE

31.000 latas de atún, 17.900 bolsas de arroz, 6.400 botellas de aceite... Esos productos son solo el comienzo de una larga lista que fueron desapareciendo, poco a poco, durante siete meses, de la bodega de abarrotes que el Consejo Nacional de Producción (CNP) tiene en Santa Ana, San José, para surtir a niños en desnutrición, policías y cárceles.

Solo los atunes representan una pérdida de ¢30 millones; el arroz ¢26 millones, y el aceite, ¢19 millones. Pero el botín es mucho más grande. También se llevaron 17.000 bolsas de frijoles, cuyo costo es de ¢17,7 millones; 18.265 bolsas de harina que valen ¢8,5 millones y 18.915 paquetes de pasta valorados en ¢7,8 millones.

Lo hurtado llega a un promedio diario de ¢1,6 millones, pero, aún así, la Junta Directiva del CNP no se decide a investigar o dar con los responsables.

El ‘robo hormiga’ que sangra al CNP se detectó en la bodegas de abarrotes del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), donde se almacenan los diarios de asignaciones familiares (DAF), para niños con desnutrición; los diarios que distribuye la Comisión Nacional de Emergencias en caso de desastres y los que reciben los clientes institucionales del CNP, principalmente los dirigidos a las cárceles del Ministerio de Justicia y Paz y las sedes policiales del Ministerio de Seguridad Pública que son atendidos a nivel central.

Según reportó la Auditoría Interna del Consejo en el informe AI-AD-OFIC-111-21, al analizar el inventario de marzo de este año, quedó en evidencia el faltante de mercadería por ¢138 millones, un 34% de lo que se tenía para esa fecha (productos por ¢407 millones).

También desaparecieron bolsas de basura, galletas, café, papel higiénico, azúcar, té, leche en polvo, garbanzos y avena.

La Auditoría señaló directamente el “robo hormiga” como la razón de las pérdidas. Este consiste en la sustracción de un artículo o unos pocos por vez; así, al cabo de semanas o meses, causan un gran impacto.

“De esta manera, es muy difícil darse cuenta de la desaparición de mercancía. Con el paso del tiempo, y por la carencia de un debido control de la mercadería, un aparente robo que al parecer es insignificante se convierte en presuntas pérdidas cuantiosas y millonarias para la institución”, explicó la Auditoría.

El informe también señaló una mala gestión en el inventario, lo que impacta en grandes pérdidas de fondos públicos, pues además de la desaparición, detectan productos que se dejan vencer o que se ponen en mal estado por el almacenamiento.

“De acuerdo con los resultados del inventario, se están evidenciando presuntas pérdidas millonarias de inventarios debido a la falta de monitoreo sobre la rotación de los productos”, afirmó.

La investigación de la Auditoría advirtió que la situación es más grave. Lo dijo luego de revisar el inventario de enero de este año y agosto del 2021.

“Las presuntas pérdidas durante los últimos siete meses analizados (de agosto de 2021 a marzo de 2022) ascienden a la suma de ¢248,5 millones, para un promedio mensual de presunta pérdida por mes de ¢35,5 millones y, a su vez, un promedio diario de ¢1,6 millones de presuntos faltantes, considerando 22 días laborales al mes, lo cual representa una presunta pérdida millonaria para la Institución”, dijo la Auditoría.

En el corte de enero, desapareció el 12,5% del inventario; en el de agosto, el 18,6%.

A raíz de los hallazgos, la Auditoría recomendó a la institución realizar una investigación acerca de las causas que provocaron el faltante de la mercadería y “sentar las responsabilidades correspondientes ante la presunción de que se han disminuido los fondos públicos en esa cuantía”.

Otro señalamiento del análisis es que la bodega de Santa Ana está a cargo de una sola persona, la encargada de la bodega, que asume todas las funciones y tareas que se requieren allí.

“Se les hace del conocimiento que en los procesos donde participen dependencias diferentes, cada una será responsable de los subprocesos o actividades que le correspondan, donde cabe responsabilidad por cualquier descuido, desatención por negligencia del funcionario responsable, a cargo del uso, custodia, protección y administración del bien público”, advirtió la Auditoría a la Administración del CNP.

Les recordó que estas pérdidas millonarias en los inventarios no pueden ser calificadas ni reconocidas como parte del costo de ventas, ni como pérdidas corrientes del giro normal de los inventarios, salvo que la Administración las declare y justifique a qué corresponden dichas pérdidas, por consignarse.

“Se reitera que estas presuntas pérdidas millonarias no se acercan a ninguna fórmula implementada contablemente para una provisión de inventarios, ni son hechos propios de un giro normal de administración de inventarios, por ende, deben ser justificadas por la Administración Activa”, explicó la Auditoría Interna.

En la sesión de la Junta Directiva del CNP del 30 de junio se discutió sobre la solicitud de apertura de una investigación por la pérdida millonaria de mercadería. De las declaraciones se denota que no están de acuerdo en realizar las pesquisas.

“Se sabe que hay problemas serios, no se pueden enfocar en una persona por las múltiples cosas que están abiertas, entonces se tienen que ir cerrando los portillos para que esto no suceda y asegurarse de que el faltante que existe sea un faltante real y no por pulgas del sistema”, dijo Víctor Julio Carvajal, presidente ejecutivo del CNP en dicha sesión.

Rafael Herrera, representante del Movimiento Cooperativo ante ese órgano, manifestó que en su criterio estos faltantes “se deben a múltiples razones, no a una sola”.

“Probablemente tiene que ver con sistemas, vencimientos, desechos o procedimientos y claramente va a haber un tema de robo de hormiga, pero un robo hormiga no se roba ¢1,9 millones al día (la Auditoría habla de ¢1,6 millones). El proceso que tiene que tomar la Administración, va por el lado de cerrar los portillos, encontrar cuál es el proceso o los procedimientos que están faltantes y si ya en algún momento se encuentra el robo de hormiga que puede ser el 1% de todos los faltantes, ahí ya tomar las acciones debidas”, expresó Herrera.

Para el directivo, en el tema de procesos “la gente responsable no sabía que era responsable y no se le puede achacar una responsabilidad”.

“Primero hay que ordenar la casa para saber cómo está funcionando el procedimiento y ver cómo está funcionando el tema de manejo de inventarios para llegar al meollo del asunto”, concluyó.

Los señalamientos del informe de auditoría se suman a otra gran cantidad de problemas y críticas que enfrenta el Consejo por los servicios que brinda a escuelas, Cen Cinái y hospitales.

Daniela Cerdas E.

Daniela Cerdas E.

Bachiller en periodismo, estudiante de Derecho. Cobertura de la temática educativa del país desde 2015. Redactora del año La Nación, 2018.

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