Luego de nueve intentos históricos fallidos, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) retoma este año la idea de distribuir gasolina súper mezclada con etanol. Su meta es arrancar el próximo mes de junio revelan sus previsiones en el presupuesto inicial para este 2020.

El etanol o alcohol carburante se añade a la gasolina, en distintos porcentajes, para sustituir parte del hidrocarburo convencional y así reducir el consumo de dicho combustible fósil. Supuestamente, esto baja la emisión gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global de la Tierra.

De acuerdo con el plan de gastos anual, Recope estima que la gasolina súper tendrá 8% de etanol en todo el volumen previsto para venta a partir de junio, revela el Presupuesto Inicial del año 2020 (Tomo II, Parte A).

La empresa también presupuestó la suma de ¢5 millones como previsión para atender eventuales reclamos que puedan presentar consumidores ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) por el lanzamiento de la gasolina con etanol.

Además, prevé construir tres tanques de 10.000 barriles cada uno para almacenamiento de etanol. Con estos tanques, construiría dos reservorios adicionales para 40.000 barriles cada uno donde guardaría gasolina. El gasto en los cinco tanques sería por ¢3.708 millones, precisa el presupuesto.

La Nación consultó a la empresa de estas previsiones y un eventual programa de voluntariado para probar mezcla y resultados de supuestas pruebas hechas en automotores y otras medidas.

Según Recope, toda la iniciativa depende de la publicación de un decreto ejecutivo que habilitaría a Recope a producir y distribuir la llamada gasolina ECO95.

Sobre cuándo lanzará el plan de voluntariado, el área de prensa de Recope respondió: “se trabaja en el desarrollo de una hoja de ruta que integre las acciones requeridas para la implementación del Plan Demostrativo con usuarios voluntarios que estén interesados en probar el producto”

Recope también asegura hallarse junto al Ministerio de Ambiente y Energía “trabajando en la actualización de estudios y pruebas técnicas”.

Según la empresa, las mejoras de infraestructura previstas en su programa de inversiones, se realizarán a partir de la oficialización de la venta de la mezcla.

La empresa pública confirmó que planea emitir una campaña informativa antes de lanzar el plan de voluntariado e iniciar la distribución en puntos de venta.

La Nación también consultó a Recope cómo pretende lidiar con eventuales reclamos de dueños de vehículos que lleguen a sus dependencias quejándose por daños en motores debido a la gasolina ECO95.

“Es importante indicar que la flotilla del parque automotor nacional es similar a la de países que ya tienen incorporado el etanol en las gasolinas y en mayor porcentaje, y en cuyas experiencias no se han reportado daños a los vehículos, así que en Costa Rica la situación debería ser similar, y esto lo respalda el uso del producto por parte de nuestra flotilla y de los vehículos de competencia en el autódromo La Guácima”, respondió la entidad.

El plan de gastos detalla que Recope tenía previsto, desde el 2017, adecuar instalaciones existentes en todos sus planteles de ventas para mezclar combustibles fósiles con biocombustibles y expender al mercado dichas mezclas.

Sin embargo, el propio documento aclara porqué no se ha hecho esto: si bien el decreto 35915 MINAE está vigente en cuanto a regulación de biocombustibles, sigue pendiente otro decreto para regular especificaciones físico-químicas de las gasolinas mezcladas con etanol.

Si este decreto se emitiera, continúa el presupuesto de este año, Recope podría hacer inversiones requeridas y comprar etanol para iniciar la mezcla de las ventas con la gasolina.

“Esta meta se ha postergado por una decisión del Gobierno de introducir la mezcla de gasolina con etanol para mayo 2020, por lo tanto Recope procederá a actualizar los estudios de preinversión y realizar el Plan de Voluntariado”, añade el documento.

Aún y cuando ese decreto sigue pendiente, la Refinadora también contempla para este año la suma de ¢476 millones para promover la introducción al mercado de la mezcla de etanol en la gasolina.

“También se requiere recursos para implementar campañas informativas y educativas dirigidas a fomentar una cultura para que el consumidor final realice el mantenimiento de sus vehículos con el objetivo de facilitar el cambio en la composición de los combustibles que expenderá Recope para cumplir con la meta país de reducir las emisiones de gases al ambiente”, indica el presupuesto.

Las previsiones para resucitar la idea de añadir etanol a la gasolina llega 10 meses después de que el Gobierno se viera obligado a frenar de golpe este plan, apenas cinco días después de su anuncio, ante cuestionamientos de diversos sectores.

Esa fue la novena ocasión en que un Gobierno intentó sin éxito diluir etanol en la gasolina de venta en Costa Rica.

Los principales reclamos hace 10 meses fueron la escasa divulgación de supuestos estudios hechos por la Refinadora, dudas sobre la procedencia del alcohol (si vendría de un proveedor local o extranjero), temor a posibles daños a motores, y un posible aumento en el gasto de los consumidores ante el menor rendimiento previsto de la mezcla.

En aquella ocasión, Alejandro Muñoz Villalobos, jerarca de la Refinadora, prometió en conferencia de prensa un programa de socialización con todos los sectores “para que la gente tenga mejor información acerca de los estudios técnicos y bibliográficos que ha realizado Recope”.

Además, se habló de un programa de voluntariado para que eventuales interesados probaran la mezcla en sus automotores. Incluso, en ese entonces, Muñoz declaró desierta la iniciativa de comprar el alcohol mientras se resolvían varios recursos de amparo contra ese plan.

La Sala Constitucional resolvió, el 23 de julio del 2019, declarar sin lugar seis recursos de amparo interpuestos contra la venta de etanol al concluir que, como el propio Gobierno decidió congelar el plan al menos un año, se eliminó cualquier condición de inminencia en cuanto a las posibes afectaciones reclamadas por quienes interpusieron las gestiones.

No obstante, los jueces constitucionales recalcaron que su decisión no significaba que la ciudadanía quedara desprotegida en caso de una potencial afectación si se retoma de nuevo el plan.

“Será en el momento que se anuncie su reactivación, que puede proceder un amparo por amenaza o bien frente a actos concretos, si se llegaren a materializar y estos fueran capaces de afectar algún derecho fundamental. En ese momento, la Sala, estará obligada por ley a actuar, si es requerida su intervención por las gestiones concretas de los habitantes”, explica la resolución Nº 13572 - 2019 , de uno de los casos y cuyo texto es idéntico en las resoluciones de los otros cinco amparos.