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La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) informó este miércoles que presentó una “demanda” contra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para reclamar que, supuestamente, el órgano regulador no le resuelve sus recursos de apelación en fijaciones tarifarias de combustibles.
Según un comunicado de prensa, Recope habría presentado este 14 de marzo el reclamo ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que esa autoridad instruya a la Autoridad a tramitar sus reclamos. Conforme el comunicado, Recope exige ¢800 millones ($1,4 millones al tipo de cambio actual).
El regulador general, Erick Bogantes, explicó por su parte que lo presentado por la Refinadora no es una demanda sino un amparo de legalidad.
“Es un pedido a una instancia distinta y no hemos sido notificados de dicha gestión”, dijo Bogantes.
El amparo de legalidad es un proceso sumario para solicitar la pronta resolución de un reclamo o retardo en un procedimiento en la vía administrativa de la Administración Pública.
De paso, Bogantes consideró poco significativo el monto pretendido.
El regulador general aseguró que la Junta Directiva de la Aresep atiende toda queja de las empresas reguladas en condición de igualdad. En este caso, añadió, los alegatos de Recope están en trámite para primero validarse en la Dirección Jurídica desde donde pasarían a Junta Directiva.
El anuncio de la gestión judicial lo hizo Juan Manuel Quesada, presidente de Recope, acuerpado por el presidente Rodrigo Chaves, en conferencia de prensa Casa Presidencial.
El mandatario hizo un llamado a la Autoridad para que “se ponga la mano en el corazón y realice los ajustes por el bien de los costarricenses” por ese monto.
26 resoluciones
En su comunicado, Recope también aseveró que, entre agosto y setiembre del año pasado, Aresep habría anulado 26 resoluciones emitidas por la Intendencia de Energía las cuales, dijo, “estaban mal hechas y tenían errores, algunas de estas tenían hasta seis años de haberse emitido”.
“Lo más lamentable es que se trató de la anulación de resoluciones que tenían hasta 6 años de haberse emitido. Corregir los errores 6 años después en nada le ayuda a los costarricenses. El momento de ayudar a la gente es hoy, no mañana” señaló Quesada.
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Para el regulador general, esa declaración es una “falsedad”, pues no guarda conexión con el tema del reclamo ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Según él, existe una diferencia de criterio entre Recope y la Intendencia, que la primera ha reclamado por la aplicación del tipo de cambio del colón frente al dólar en el conteo de días que contempla la metodología para fijar los precios de los carburantes.
Sin embargo, enfatizó Bogantes Cabezas, no hay nada resuelto sobre este tema porque tampoco ha sido visto en la Junta Directiva de la Aresep.
Choques siguen
Las declaraciones de Quesada y Chaves constituyen otro episodio del enfrentamiento entre Aresep y Recope desde el inicio de la actual administración.
El 14 de mayo del 2022, pocos días después del cambio de autoridades, ambas entidades iniciaron una disputa sin precedentes por la cual Recope anunció que desistiría de proponer montos en sus solicitudes para ajustar precios de combustibles.
Para la Autoridad, la acción de la Refinadora constituía una falta de “transparencia” y una negativa a dar la cara al país por las tarifas de gasolina, diésel y gas.
En enero anterior, el regulador Bogntes Cabezas confirmó a este diario que Recope estaba atrasando rebajas en gasolinas y diésel debido a tácticas dilatorias.
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Ajustes de ¢74 y ¢96 anunciados el 9 de diciembre del 2022 seguían varados ese mes porque la empresa envió datos a última hora, el 23 de diciembre, una estrategia que usó en el trámite de varias disminuciones el año pasado.
El regulador mencionó que, en otras ocasiones y fuera del plazo de consulta pública, Recope había pedido incorporar datos al expediente tarifario o envía solicitudes de aclaración que fuerzan a reprocesar datos o revisar la información por si llega a afectar los precios propuestos.
Apenas el viernes pasado, la Refinadora se atribuyó la devolución de ¢51.000 millones a los usuarios de combustibles mediante tarifas, cuando en realidad esa retribución resulta de un trámite que ejecuta de oficio la propia Autoridad.
