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Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) no tiene estrategia para asegurar su sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo, según determinó una auditoría que realizó la Contraloría General de la República sobre la capacidad de gestión en esa materia de la empresa subsidiaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Esa conclusión resulta relevante si se considera que del 2019 al 2021, Racsa ejecutó ¢42.319 millones anuales en la prestación de servicios centrados en soluciones digitales para empresas privadas y estatales. De acuerdo con la la auditoría DFOE-CIU-IF-00007-2022, que evaluó ese periodo, Racsa sí realiza algunas acciones para promover su capacidad de gestión financiera, pero hay debilidades en cada dimensión evaluada.
Por ejemplo, dijo el órgano contralor, la empresa hace una planificación financiera anual con la cual fija sus metas del periodo y un eventual seguimiento más estricto a los resultados de esas metas, pero sigue sin lograr los resultados proyectados aún y cuando para los años 2020 y 2021 había sensibilizado (revisado) sus planes financieros.
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Según el estudio, en razón de lo anterior, Radiográfica creó el Plan de Sostenibilidad Financiera 2021 para dar seguimiento a sus acciones con el fin de mejorar los resultados que obtuvo en el primer trimestre de ese año. Para el 2022, también creó el llamado “Plan Resarcitorio para alcanzar la sustentabilidad de las proyecciones del Plan Financiero 2022″.
Sin embargo, la CGR determinó que el alcance de tales planes corresponden a una visión de corto plazo. Es decir, la empresa sigue sin crear un marco de acción a mediano y largo plazo que asegure su sostenibilidad financiera, condición que incluso admitieron las autoridades de Racsa en su plan del 2021.
Papel dentro del ICE
Parte del problema, según el documento, es la falta de claridad del papel de Racsa y su funcionamiento dentro del Grupo ICE lo cual “ha generado una pérdida de competitividad de la empresa, ya que al no contar con el aval de la casa matriz en ser el comercializador de la última milla (en servicios de Internet de fibra óptica) se disminuyeron sus proyectos”.
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Ese papel indefinido que cita la Contraloría ha tenido un impacto significativo en la rentabilidad de la empresa pues, sus ingresos se han visto disminuidos en los últimos años, lo cual ha presionado aún más su gestión financiera en la búsqueda de la sostenibilidad que requiere. La auditoría no revela datos financieros sobre este punto.
Un ejemplo de dicha indefinición, es que Racsa no tiene normativa actualizada que detalle las funciones y responsabilidades de las unidades financieras que componen su esquema organizacional. Sin esto, concluyó la CGR, nada garantiza que disponga de controles para la delegación de funciones, autorización y aprobación de acciones, separación de funciones incompatibles y rotación de labores del personal.
Racsa sí posee normativa para realizar gestión de riesgos financieros asociados a la liquidez, tasa de interés y de tipo de cambio, pero no se incorporan riesgos asociados a la sostenibilidad financiera ni al endeudamiento, ni siquiera por las limitaciones financieras actuales que ha venido experimentando desde el 2020 y por el giro de negocio de la institución que le abrió la posibilidad de endeudarse.
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Asimismo, añadió el documento, la administración de Racsa no ha definido procedimientos para verificar y controlar el uso de recursos institucionales que pudieran llegar a ser administrados por sujetos o figuras de derecho privado. Tal es el caso de la figura de fideicomiso.
Finalmente, se evidenciaron debilidades en cuanto a las competencias del personal pues, según la auditoría, se han presentado atrasos en la actualización de perfiles para puestos institucionales. Asimismo, durante el proceso de selección y reclutamiento de personal, tampoco se consideran “requisitos elementales sobre antecedentes legales ligados a temas financieros”.
