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Policía de San José intenta poner fin a máquinas tragamonedas

Autoridades alegan que son juegos de azar solo permitidos en casinos. Comerciantes afirman que son de habilidad, regulados por una ley de hace 100 años

Más de 10.000 máquinas tragamonedas en la capital generan ganancias millonarias a un pequeño grupo de “comerciantes” que las traen al país aprovechando “vacíos legales” y luego, amparados en una ley que tiene 100 años, las colocan en pulperías, restaurantes y demás establecimientos que no deberían albergarlas.

Así lo describió en entrevista con La Nación el director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, quien aseguró que acudirá a los nuevos miembros de la Asamblea Legislativa para presentar una propuesta con el fin de erradicar estas máquinas en todo el país.

“Con la Comisión de Seguridad del Congreso anterior ya habíamos empezado a trabajar una propuesta con un equipo de asesores, pero lamentablemente no dio tiempo para poder culminar y ponerla a discusión de los diputados.

“Fundamentalmente, es una prohibición expresa para el funcionamiento de esas máquinas tipo casino, en donde se prohibiría la importación en función de los problemas de seguridad ciudadana y salud pública que generan”, explicó Solano.

Estos aparatos, según el jefe policial, han funcionado por muchos años al filo de la ley a pesar de que han sido objeto de un extenso debate. Sus defensores alegan que son máquinas de habilidad y no de azar, y que por lo tanto pueden ser reguladas por la Ley de Juegos de 1922, junto con las máquinas para sacar peluches o de arcade (videojuegos).

De esta manera, los comerciantes logran abrir locales en donde colocan algunas máquinas de habilidad como mampara y llenan el resto del espacio con las tragamonedas, que son con las que realmente generan las ganancias del negocio, las cuales ascienden hasta los ¢500.000 mensuales con unos pocos ejemplares.

Por lo tanto, cuando las autoridades intervienen estos lugares, los propietarios solo tienen que mostrar el permiso para “sala de juegos” que les otorgó la Municipalidad y así se excusan de cualquier responsabilidad.

El director de la Policía Municipal de San José afirmó, sin embargo, que estas máquinas no son de habilidad, sino de azar, por lo que deberían ser reguladas por la Ley de Impuesto a Casinos y Empresas de enlace de llamadas a apuestas electrónicas, y únicamente permitirse en casinos debidamente certificados.

Su argumento es que, aunque parezcan inofensivas, estas máquinas representan un grave problema de seguridad y salud pública, principalmente para las personas menores de edad, ya que en la mayoría de intervenciones policiales en estos “casinos clandestinos” se encuentra a niños gastando su dinero en estos juegos.

De acuerdo con las autoridades, los sitios donde se ubican estas máquinas son puntos de encuentro que favorecen la introducción a vicios y la participación en edad temprana de delitos, ya que los menores tienen alto contacto con personas adictas al juego o con problemas de alcoholismo y drogadicción.

Actualmente, solo pueden existir casinos dentro de hoteles, por lo que los locales que generan ganancias con estas máquinas tragamonedas estarían lucrando al margen de la ley, aunque falta claridad en la regulación.

Solano señaló que los casinos son regulados por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y no por las municipalidades, por lo que debería ser esa cartera la que intervenga estos sitios.

“La normativa para estas salas de juegos no está clara. Aunque trastoca la ley de casinos y hemos insistido desde la Municipalidad de San José que deben considerarse casinos clandestinos, y que por lo tanto, deberían ser intervenidos por el Ministerio de Seguridad y clausurados, lo cierto es que no ha ocurrido así.

“Esto porque sigue habiendo una discusión sobre si son máquinas de azar o no, pero la realidad es que eso la ciencia ya lo ha resuelto: donde la habilidad del jugador permite ganar premios no es una máquina de azar y donde la habilidad del jugador no interesa para ganar un premio, es una máquina de azar”, detalló el oficial.

Por lo tanto, para el jefe policial las máquinas tragamonedas deberían ser prohibidas en todo el país y las municipalidades no deberían otorgar permisos para que se coloquen en supuestas salas de juegos.

Ante la consulta de este diario, el MSP respondió que este tema únicamente le compete a las municipalidades porque dichas máquinas son reguladas por la Ley de Juegos de 1922. “La única injerencia que tiene el Ministerio de Seguridad es en la ley de casinos, lo que usted pregunta lo regulan los municipios”, contestó.

Otro asunto por revisar es que estas famosas máquinas no solo se encuentran en “salas de juegos”, sino también en bares, panaderías, restaurantes, cantinas, pulperías y demás comercios en los que su principal actividad económica no es el juego.

¿Cómo llegan hasta ahí? Marcelo Solano explica que el pequeño grupo de “comerciantes” que las coloca en esos lugares también es el mismo que las importa. El grupo se ha repartido el mercado y ha llenado el país con estos artefactos en todas las provincias.

En los últimos años, las autoridades de San José, Desamparados, Alajuela y Heredia han realizado operativos para clausurar este tipo de juegos y en algún momento incluso se inició con el decomiso de las máquinas, pero como son tantas, las bodegas se llenaron y la capacidad de incautación llegó a su tope.

“Los procesos judiciales han sido muy lentos y nos hemos visto en la obligación de guardar las máquinas decomisadas por más de cinco años, lo cual hace prácticamente imposible que podamos decomisar más”, dijo Solano, al destacar que estos “comerciantes” son de interés policial por la cantidad de dinero que generan.

Por ejemplo, mencionó el caso de un hombre que tiene una docena de locales con estas máquinas distribuidos por toda la capital, con los cuales genera hasta ¢1 millón diarios, de acuerdo con versiones dadas por los administradores de los sitios, quienes también obtienen una parte de las ganancias.

Asimismo, el director de la Policía Municipal de San José apuntó que estas máquinas tragamonedas -por ser de azar- solo deberían ser importadas por dueños de casinos, pero por la falta de regulación, los supuestos comerciantes “se aprovechan de vacíos legales y desvirtúan los usos permitidos, y posiblemente no ha habido el interés suficiente en otras autoridades para atender esta problemática”.

Otra de las preocupaciones que surgen a partir de los hechos con los que se topan es que menores de edad u otros jugadores se ven tentados a cometer delitos para conseguir dinero para las máquinas o incluso sustraerla de sus núcleos familiares.

Ese riesgo es el de caer en cuadros de ludopatía, enfermedad que se caracteriza por un fracaso crónico y progresivo en resistir los impulsos de jugar apostando dinero.

La ludopatía se reconoce desde 1980 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus organizaciones asociadas como una enfermedad o trastorno mental, y también aparece reconocida de forma similar en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana Psiquiatría (APA).

Desde el 2008, el Ministerio de Salud también declaró de interés público las acciones contra la ludopatía.

“El Ministerio de Salud considera que la ludopatía es una enfermedad que tienen las personas que son propensas a los juegos de casinos, por ende un problema de salud pública por los efectos devastadores, psicológicos, sociales y económicos que produce en las personas y su grupo familiar, dado que se puede constituir en un factor de disolución de los vínculos familiares”, dice la declaratoria.

José Andrés  Céspedes

José Andrés Céspedes

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación, graduado de la Universidad de Costa Rica. Escribe sobre vivienda y trabajo.

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