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Luego de más de dos años de manifestaciones, recolección de firmas y envío de documentos a distintas instituciones, los vecinos del distrito de Jiménez, en Pococí, Limón, lograron detener la construcción de una planta industrial para recuperar metales a partir de baterías de vehículos.
En una sesión con la presencia de vecinos, el Concejo Municipal de Pococí acordó, este martes 8 de marzo, rechazar la patente para el funcionamiento de ese negocio. Las autoridades municipales argumentaron que el proyecto va en contra del interés público e invocaron el principio de in dubio pro natura, establecido en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, la cual indica que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible”, no es necesario estudios científicos para la adopción de medidas que impidan la degradación del ambiente.
Los temores de los vecinos se basan en que desechos como ácidos y plomo, provenientes de las baterías, terminen contaminando fuentes de agua para consumo humano, quebradas y ríos que llegan hasta el Parque Nacional Tortuguero.
Además, les inquieta el ruido que genere la planta, pues el terreno donde se instalaría está en medio de un área residencial, donde hay canchas de deportes y un colegio. También, reclaman que la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) paralizaron el proyecto en marzo de 2020, por entubar una quebrada y construir sobre ella.
No obstante, esa infracción fue resuelta, según expusieron los líderes comunales, con el pago de una multa superior a ¢1 millón.
“Los vecinos del distrito de Jiménez de Pococí reiteramos nuestra posición de acogernos al derecho internacional del principio precautorio, establecido por la Organización de las Naciones Unidas en junio de 1992″, dijo Mario Rivera Aguilar, dirigente comunal, durante la sesión del consejo municipal.
Henry Umaña, otro de los vecinos que se presentó en el Concejo Municipal a pedir la paralización del proyecto, denunció que los propietarios del inmueble han lanzado chatarra a una quebrada cercana.
“Lo que queremos los vecinos es que se niegue la patente para el negocio de recicladora de baterías de plomo en Jiménez y todo el cantón”, subrayó Umaña.
José Pablo Sibaja, químico de la Universidad Nacional y asesor de los vecinos, reiteró a los regidores los riesgos de instalar una planta procesadora de baterías en un área residencial y sin los estudios necesarios para demostrar que su operación no representa un peligro.
“Inicialmente, la empresa era una bodega. Después pasó a ser una empresa de reciclaje de baterías de plomo, lo cual cambia el esquema de la información que debería entregarse en Setena, ya que una empresa de este tipo no es solo una bodega, sino que también hace reacciones químicas, trabaja con materiales peligrosos (...) El plomo se puede acumular en el cuerpo y generar problemas a nivel neurológico, a nivel circulatorio y respitatorio a largo plazo. Hay casos de este tipo en República Dominicana y El Salvador, en los que incluso aún están activos procesos de desinfección de las zonas”, comentó Sibaja.
Sin respuesta
La Nación contactó por mensajes y llamadas a Jorge Durán, empresario que pretende instalar la planta procesadora en Pococí, pero no respondió. Durán es el mismo empresario que, en junio de 2020, le vendió a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 316.000 mascarillas quirúrgicas por ¢88 millones para atender la pandemia.
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Dicha adjudicación se concretó en solo 48 horas mediante una compra directa, en la que no hubo más oferentes, según el expediente de contratación. El proveedor se inscribió como contratista de la Caja un día antes de la adjudicación.
