Escuchar“Ya es hora que, como país, pongamos a Crucitas en el orden de las prioridades, con soluciones reales, no pasajeras, sin demagogia y sin intereses políticos y económicos inmediatos, sobre todo con claridad y apertura de mente, pues la familia humana se está destruyendo alrededor de lo que allí acontece”.
Con estas palabras el obispo de Ciudad Quesada, José Manuel Garita Herrera, hizo un llamado este martes a colocar como prioridad el daño ambiental y la crisis social que se está viviendo en la finca Vivoyet, en Crucitas de Cutris, San Carlos.
En ese terreno, de 805 hectáreas, cientos de personas se han dedicado a extraer ilegalmente oro y han obligado a las autoridades policiales a realizar incursiones para intentar poner un freno a la actividad.
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En su boletín semanal, el obispo de Ciudad Quesada, reconoce que la situación que ahí se está dando está perjudicando al ambiente y rompiendo los vínculos familiares.
"Las acciones al margen de la ley, producto de una ambición desbordada y con grave perjuicio del ambiente, incluso exponiendo la propia vida, son algunos de los hechos que se viven en esta zona desde hace ya muchos meses.
“He manifestado, en otras oportunidades, la movilidad de miembros de familias, el potencial riesgo de ruptura de las mismas, la deserción de jóvenes en la etapa estudiantil e incluso la manipulación de poblaciones en riesgo social, hablo de personas en pobreza o pobreza extrema o poblaciones migrantes, por citar algunos casos”, dice el obispo.
“Es un hecho que la solución no viene solo de un sector. Debe haber participación de instituciones públicas y privadas, de autoridades locales y, desde luego, de una decisiva intervención estatal”, agregó el obispo.
En una comparecencia el mes pasado ante los diputados de la Comisión de Ambiente, el ministro Carlos Manuel Rodríguez, admitió que de esa zona se han sacado $90 millones en oro. Sin embargo, un informe del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) revela que son $194 millones.
Una investigación de un grupo interdisciplinario (Universidad Nacional (UNA), Universidad de Costa Rica (UCR) y Universidad Cornell) reveló, en diciembre, la contaminación con mercurio, superior a la estimada por estudios previos, presencia de drenaje ácido (fuerte aumento de la acidez en aguas de nacientes superficiales) y dispersión de metales tóxicos a otras áreas.
El pronunciamiento del obispo sucede en un momento en que, según dijo, el Ministerio Público ha revelado crimen organizado en la zona
"(...) además de la extracción ilegal del oro, se habla de trata de personas y de tráfico de drogas. El tiempo pasa, y conforme este avanza, se encuentra mayor deterioro ambiental, se descubren nuevos hechos al margen de la ley, y el poco respeto a la vida humana.
“Se habla de soluciones con el afán de detener los males que se han venido presentando y sobre todo en función de llevar desarrollo a la zona. Todo esto debe darse, por supuesto, pero poniendo a la persona humana como eje central”, advirtió el prelado.
“Desde la Iglesia, clamamos por un principio de solidaridad hacia un pueblo que sufre. Pongamos entonces todos nuestros esfuerzos por ser solidarios y por buscar la justicia, teniendo como centro y fin, a la vez, la dignidad de la persona humana”, concluyó.
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