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Desde el 2007, el Ministerio de Hacienda decretó que las instituciones públicas debían adoptar un mecanismo contable que permitiera mayor transparencia y mejorara la rendición.
Es el caso de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), que doce años después siguen sin aplicarse plenamente en decenas de municipalidades y en otras están muy lejos de hacerlo.
La Contraloría General de la República (CGR) se percató de la desobediencia a partir de una revisión de cumplimiento de las NICSP, con una muestra de 21 ayuntamientos.
Esas normas sirven para incrementar la calidad de los estados financieros de las instituciones porque facilita la comparación de datos entre municipalidades y amplía la transparencia y facilita la toma de decisiones a partir de la revisión de sus cuentas.
Estas fueron razones que consideró Hacienda cuando emitió el mandato.
Sin embargo, la CGR descubrió que en esas 21 municipalidades hay deficiencias en la implementación y aplicación de las normas.
Apoyo insuficiente de jerarcas, falta de identificación, falta análisis y medición de riesgos son algunas de las razones detectadas. También hay falencias en la normativa interna o en la coordinación y comunicación con las unidades de registro contable, así como en la supervisión del proceso de implementación.
La CGR auditó a las municipalidades de Alajuelita, Atenas, Belén, Buenos Aires, Cañas, Corredores, Coto Brus, Desamparados, Dota, El Guarco, Escazú, Limón, Oreamuno, Osa, Palmares, San Carlos, San Isidro, Santa Ana, Tarrazú, Turrialba y Upala.
En su examen, la CGR descubrió que el año pasado, diez municipalidades presentaron incumplimientos cuando enviaron la información requerida por la Dirección General de Contabilidad Nacional.
Los problemas incluían lagunas de información ligadas al seguimiento del avance en el cierre de brechas para aplicar las NICSP, deudas en el proceso de implementación, así como errores en la presentación de los estados financieros y en el balance de comprobación que complicaban la incorporación a los estados financieros consolidados del Sector Gobierno General.
La CGR concluyó que 19 de 21 municipalidades analizadas, a pesar de que continúan ejecutando algunas acciones para implementar las NICSP, todavía incumplen requerimientos para adoptarlas o cerrar brechas entre las prácticas contables actuales y las requeridas, según el estándar internacional.
Entre las municipalidades auditadas, San Carlos (Alajuela) y Osa (Puntarenas) lograron las mejores calificaciones con 90 y 80 puntos, respectivamente de 100 posibles. La Municipalidad de Upala (Alajuela) y Oreamuno (Cartago), en cambio, tuvieron ambos una nota de 0.
La gran mayoría de municipalidades (19) no tienen formalmente establecida una gestión de los riesgos que permita identificar, analizar, controlar y mitigar los riesgos asociados a la implementación de las NICSP.
En 12 casos, no hay planes de capacitación al personal para aplicar la nueva normativa, en ocho casos la normativa interna municipal no está acorde a las normas y en 16 casos el apoyo es “parcial o escaso al proceso de implementación de normas por parte de los máximos jerarcas”, precisa el informe de auditoría DFOE-DL-IF-00006-2019 del 17 de junio pasado.
Ante todas estas debilidades, la CGR solicitó correcciones.
