En el papel eran densos bosques en San Carlos por los que el Estado paga a sus propietarios un monto anual a cambio de preservarlos. Cuando los oficiales visitaron las cinco fincas, se toparon con destrucción.

Hallaron tala ilegal de especies vedadas, trochas, puentes construidos sobre quebradas y claros en bosques. Incluso, grupos organizados para plantar cultivos.

Las irregularidades las descubrió en diciembre el Grupo de Operaciones Ambientales (GOA), del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y del Sistema de Áreas de Conservación (Sinac), en un operativo sorpresa en diciembre.

Los casos serán denunciados ante el Ministerio Público para que se investiguen delitos contra el ambiente y también por fraude, dado que los propietarios de estas tierras reciben dinero del programa Pago de Servicios Ambientales (PSA).

También se abriría un proceso ante el Ministerio de Hacienda para obligar a los dueños de las fincas a reintegrar el dinero recibido, cuyo monto está por cuantificarse, informó el ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez.

En todos los casos, los oficiales trabajan en completar la verificación de las irregularidades, para luego seguir con la cancelación de los contratos por servicios ambientales, explicó Rodríguez.

“Estoy muy satisfecho de que nuestras acciones de control y protección nos dan resultado, pero sí me preocupa que algunas personas sean capaces de traicionar el espíritu del pago por servicios ambientales; algo totalmente contrario a los anhelos de la sociedad costarricense y el mundo”, expresó.

El PSA es un programa reconocido mundialmente. Nació en 1996 para la conservación de los recursos naturales. Se financia con un 3,5% de los ingresos que genera el impuesto único a los combustibles y solo en el 2019, recibió ¢16.000 millones que administra el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo). Gracias a este plan, 52,4% del territorio continental tiene cobertura forestal.

En promedio, paga ¢35.000 al año por hectárea.

Grupo organizado

Entre los casos que están bajo la mira se incluyen dos fincas en Casa Lata de Boca Tapada, Pital, invadidas por un grupo donde, aparentemente, hay funcionarios municipales, un topógrafo, un abogado y finqueros de nacionalidad costarricense y nicaragüense.

Así lo detalla un reporte del GOA, según el cual, ambas propiedades están atravesadas por caminos recientemente hechos, flanqueados por cintas topográficas y estacas taquimétricas (para medición rápida).

En el sitio se detuvo a dos personas in fraganti cuando talaban árboles. También se halló evidencia del procesamiento y aprovechamiento ilegal de madera en las áreas de protección de una quebrada.

Ambos individuos se remitieron a la Fiscalía de Ciudad Quesada, lo mismo que algunos bienes decomisados: un vehículo Toyota modelo 4Runner, dos motosierras, machetes, palas, equipo y herramientas varias.

En otra finca con PSA, también en Boca Tapada, se descubrió aprovechamiento ilegal de madera talada en bosques en zonas de protección de quebradas.

En el sitio se abrieron claros en el bosque, se ampliaron caminos y se hicieron trochas como pistas de arrastre de troncos; así como patios de acopio con “fuertes movimientos de tierra y extracción de maderas de especies vedadas (Tostado y Almendro)" precisa el reporte.

También se descubrieron puentes sobre una quebrada, que también son obras prohibidas.

En otra finca, en la misma comunidad, se encontraron “lesiones graves” de cambio de uso del suelo progresivo en extensiones de tierra de entre cuatro y doce hectáreas en 20 sitios diferentes durante los últimos ocho meses.

Otros problemas incluyen la invasión por parte de 60 familias de una zona boscosa de 400 hectáreas en Tiricias de Cutris, dentro del Área de Conservación Huetar Norte (ACHN).

En el Refugio Nacional de Vida Silvestre Maquenque se descubrió una siembra ilegal de piña, para la cual se cortó vegetación periférica al área de siembra. Aquí, se usó incluso la técnica de anillar arboles vivos para matarlos lentamente y así ampliar el área de cultivo.

El informe de la incursión en diciembre concluye que el avance de la expansión ganadera y agrícola continúa de forma descontrolada.

“Es notable que la explotación y aprovechamientos de madera ilegal y especies vedadas en la zona están por la libre y que existe un tránsito sin control por los caminos vecinales sin temor alguno a autoridades del Sinac y Fuerza Pública”, concluye el GOA.

Tanto el trabajo de campo como el análisis de información de la base de datos del Fonafifo, confirman que las fincas visitadas, y ahora denunciadas, poseen proyectos de PSA activos.

‘Pocos casos’

El ente responsable de tramitar y pagar servicios ambientales es el Fonafifo, adscrito al Minae.

Para Jorge Mario Rodríguez, director general del Fondo, es mínimo el número de infracciones en el programa de PSA.

Del 2011 al 2019, precisó, se han abierto 190 procedimientos administrativos contra finqueros por incumplimientos de contratos entre 7.000 activos a la fecha. En total, hay 380.000 hectáreas protegidas bajo este esquema.

Del total de hectáreas, 73.000 están en la zona norte: 20% del total nacional.

“Enfrentamos una situación particular que es el caso ligado a las fincas en zona norte porque la explotación de oro ilegal condujo a que algunas fincas fueran invadidas. En algunos casos notamos que a veces el propietario no se ha enterado o se entera pero está limitado en su accionar”, explicó.

Rodríguez señaló que apenas detectan este tipo de irregularidades se congelan los desembolsos y se abre un proceso administrativo para determinar si hay incumplimiento. De haberlo se verifica el área bajo protección para determinar cuánto dinero se debe recuperar.

Estos fondos luego se reinvierten en reforestación.

Faltan recursos

Mauricio Hernández Artavia, jefe del Grupo de Operaciones Ambientales (GOA), del Minae, fue categórico al señalar que Sinac enfrenta una “carencia absoluta de funcionarios de campo”. Los existentes tienen asignadas grandes zonas territoriales, lo que les impide una vigilancia y control adecuados.

Para él, es “sumamente grave” la persistente llegada de personas con intenciones “evidentes de destruir la naturaleza de Costa Rica para apropiarse de territorio nacional y explotar sus recursos”.

Los problemas y amenazas en los puntos visitados son tan evidentes, según Hernández, que recomendaron al Área de Conservación Huetar Norte una reingeniería de todo su personal y reasignar funcionarios con conocimientos y destrezas de labores de control y protección; así como crear un programa estable de vigilancia con suficientes recursos.

El ministro Rodríguez coincidió en que esas actividades ilegales de finqueros y bandas organizadas representan un problema “serio e histórico”.

Por eso, dijo, hay que reforzar las condiciones de los guardaparques todavía más y ampliar el PSA en la zona norte donde, asegura, el programa ha sido exitoso para desincentivar prácticas delictivas.