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A tres años de que el Ministerio Público recibiera una denuncia para investigar si hubo malversación de dinero público en la compra que hizo el Grupo ICE de la cablera Cable Visión, por $12,3 millones, aún no hay ni sospechosos, ni indagatoria. Incluso, la Fiscalía aún espera que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) le aporte información.
El caso sigue igual que hace 40 meses aún y cuando la controversial adquisición de Cable Visión en el 2013 no solo le costó al Estado los $12,3 millones, sino un gasto posterior por ¢23.000 millones que debió inyectar el ICE entre 2014 y 2017 para rescatar la cablera por la cual pagó incluidas finanzas deterioradas. Incluso hubo pérdidas por ¢5.500 millones, según la Contraloría General de la República (CGR).
El Ministerio Público se limitó a decir que “el caso se tramita contra ignorado, es decir, de momento, no hay personas imputadas individualizadas. La Fiscalía se encuentra a la espera de documentación e informes del Área de Investigación del Instituto Costarricense de Electricidad, por lo que, de momento, es todo lo que se puede indicar”, informó la oficina de prensa.
La Nación consultó hace cuánto se pidió la documentación e informes al ICE y si hay riesgo de prescripción de esta causa, pues los hechos que se investigan ocurrieron en 2013, es decir, hace ocho años, el mismo plazo que tiene la pena mayor por el delito de malversación de fondos públicos.
“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción indicó que lo único que puede informar, de momento, es que el expediente se mantiene activo, en la etapa de investigación, la cual consiste en recabar y analizar prueba de interés”, respondió el Ministerio.
La gravedad de los hechos ocurridos la evidenció la Contraloría General de la República (CGR), en un informe del 2018, donde advirtió que la transacción “representa un riesgo para las finanzas del ICE”. Y, el 14 de marzo del 2019, la auditora interna, Ana Sofía Machuca Flores, declaró ante los diputados, sin dar detalles, que hubo “conflicto de intereses” de parte de funcionarios de la entidad al hacer el negocio.
La compra, aprobada por el Consejo Directivo del ICE el 5 de diciembre del 2013, supuestamente, era para retener y aumentar clientes en telecomunicaciones, pero no resultó. Por el contrario, la cablera generó perjuicios.
La CGR halló que Cable Visión se constituyó en una empresa “patrimonialmente deteriorada”, pues en vez de fortalecer el negocio le provocó pérdidas al ICE por ¢5.534 millones de diciembre del 2014 a diciembre del 2017. Esa pérdida equivale a 48% de su patrimonio, según un informe de 2018.
Ese mismo reporte de la Contraloría evidenció que Cable Visión supuestamente gozaba de solvencia patrimonial del 2009 al 2013, pero, esa condición se sustentó en “prácticas empresariales incorrectas” tanto administrativas, técnicas, comerciales y contables.
Este informe provocó que el mismo ICE formalizara la denuncia ante la Fiscalía en diciembre del 2018. “La denuncia se fundamenta en los documentos y los hechos analizados en torno a la adquisición de la citada empresa por parte del Instituto, en 2013”, informó el Instituto en esa oportunidad. Aparte de presunta malversación de fondos públicos, se investiga el delito de influencia contra la hacienda pública.
Hasta 2013, Cable Visión era una modesta empresa que brindaba el servicio de televisión y de Internet. En ese momento, era la tercera del mercado, con unos 25.000 clientes. La marca, como tal, desapareció y fue absorbida por Kölbi Hogar.
La investigación de lo sucedido también corre en la Contraloría General de la República, la cual abrió un procedimiento administrativo por presuntas irregularidades en el manejo de un fondo de contingencias fiscales por parte del ICE y exdirectivos de Cable Visión.
La investigación por impuestos adeudados al Ministerio de Hacienda se inició en el 2020 contra cuatro exdirectivos de la cablera y un abogado de la División Jurídica del ICE bajo el expediente CGR-PA-2020004639.
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Entre los exdirectivos figuran Jaime Palermo Quesada, quien fue gerente de Telecomunicaciones del ICE; una mujer de apellidos Gamboa Ureña, quien fungió como directora de operaciones de la cablera, y otro individuo de apellidos Bogantes Madrigal, quien laboraba en el Área de Planificación y Mercadeo de esa empresa. Hoy ninguno trabaja con el ICE.
La CGR halló que Cable Visión tenía $4,1 millones para contingencias fiscales, pero la Gerencia de Telecomunicaciones del ICE pactó en el 2013 con los anteriores dueños de esa empresa devolverles ese dinero al prescribir el plazo de 10 años del contrato de compraventa.
Sin embargo, la Contraloría halló que tales contingencias fiscales habrían resultado de declaraciones de impuestos sin apego a la realidad económica y legal de la cablera.
Para la Contraloría, el ICE, en calidad de ente público y socio único de Cable Visión, debió haber rectificado dichas declaraciones de impuestos de su nueva subsidiaria de manera inmediata luego de haberla comprado.
Finalmente, en junio del año pasado, el Grupo ICE le canceló al Ministerio de Hacienda $4,6 millones por esos tributos adeudados por Cable Visión.
La compra ruinosa, los términos de la transacción y los pactos ligados a contingencias fiscales que halló la CGR motivaron la apertura de los expedientes 18-000122-1218-PE y18-000167-1218-PE (en setiembre y noviembre de 2018, respectivamente).
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Misma historia en otros casos
También se consultó al Ministerio Público sobre avances en otras cinco investigaciones abiertas desde el año 2019 ligadas todas al sector de Telecomunicaciones del ICE y por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública.
Se trata de los siguientes expedientes:
- Expediente 19-000292-1218-PE (Proyecto Centro de Datos de Internet) ligado a un gasto por $70 millones en un banco de datos inaugurado en el 2009 el cual, con el tiempo, cayó en desuso.
- Expediente 19-000293-1218-PE identificado como Proyecto TIC Heredia por sospecha de anomalías en contratos para el despliegue de soluciones de Internet e informáticas en la provincia de Heredia.
- Expediente 19-000294-1218-PE vinculado a posibles anomalías por el despliegue y contratos del Proyecto Red de Acceso de Nueva Generación (Range) para renovar servicios de Internet fijo de banda ancha con fibra óptica.
- Expediente 19-000295-1218-PE por una asociación empresarial entre el ICE y la firma china Huawei que negociaron una multa por $6,7 millones que nunca se le aplicó a la asiática por incumplir un contrato. En su vez de la infracción, Huawei terminó como proveedor de servicios de televisión paga para el Instituto.
- Expediente 19-000296-1218-PE vinculado al negocio televisión del ICE. Recientemente, la Contraloría General de la República incluso advirtió en una auditoría confidencial que en ese emprendimiento del Instituto no calzan las cifras de ingresos y los clientes afiliados al servicio.
Sobre todos estos casos, el área de prensa del Ministerio Público indicó que todos estos casos ahora se acumulan en el expediente 19-000292-1218-PE. El Ministerio Público también indicó que “de momento, no se han realizado indagatorias en este proceso, no es posible comunicar quiénes son las personas investigadas. Esto podría ser comunicado hasta que dicha diligencia se ejecute”.
