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Seis recursos de amparo contra el plan de Recope de diluir etanol en la gasolina súper, permanecen en estudio de los magistrados de la Sala Constitucional, desde la semana pasada.
Las quejas fueron acogidas el miércoles, un día después de que el Gobierno decidió suspender, al menos por un año, el proyecto ante la polémica a la que dio origen.
Los reclamos se tramitan bajo los expedientes 19-6063-CO, 19-6115-CO, 19-6148-CO, 19-6159-CO, 19-6167-CO y 19-6186-CO, confirmó la oficina de prensa de la Sala Constitucional.
Todos se acogieron en votación ajustada de cuatro votos a favor y tres en contra, sin precisar los argumentos de unos y otros magistrados.
Los magistrados Paul Rueda Leal, Martha Esquivel, Jorge Araya y Luis Fernando Salazar apoyaron admitir los amparos.
Los magistrados Hubert Fernández Argüello, Fernando Cruz Castro y Nancy Hernández López salvaron el voto y rechazaron de plano su admisión al considerar que carecían de interés real debido a que Casa Presidencial frenó de golpe la idea.
El plan
La idea de vender el litro de gasolina súper con 8% en todo el país (y hacer lo mismo luego con la gasolina regular) topó con diversidad de cuestionamientos.
En los recursos de amparo se alega escasa divulgación de los supuestos estudios realizados por la Refinadora sobre la mezcla, así como dudas sobre la procedencia del alcohol (si vendría de proveedor local o extranjero).
También se plantean inquietudes de posibles daños en motores o un previsible aumento en el gasto de los usuarios por el menor rendimiento previsto del nuevo combustible.
Uno de las quejas –expediente 19-6115-CO– lo presentaron los ciudadanos Erick Miranda Picado, Félix Miranda Quesada y Jadiel Quesada Monge en su condición de dueños de vehículos.
Según ellos, incorporar etanol a la gasolina puede causar “daños considerables a los sistemas que la utilicen, tal y como ha sido reconocido por las mismas autoridades de la empresa”.
Por esa razón, explican, Recope es incapaz de garantizar que la nueva gasolina no dañará los sistemas de los automotores.
Agregan que la opción de hacerle ajustes previos a los vehículos tampoco garantiza que los automotores estarán exentos de daño.
Otros tres amparos (expedientes 19-6148-CO, 19-6167-CO y 19-6186-CO) coinciden en que el plan expone los vehículos porque tampoco hay forma de verificar si el combustible se ajusta a normas internacionales, señaló prensa de Sala Constitucional.
Otros señalamientos en estos tres amparos incluyen falta de un mecanismo de reclamo o resarcimiento para el usuario en caso de daños en su vehículo, falta de información veraz y adecuada por parte de Recope y que iniciativa atenta contra la propiedad privada.
Más señalamientos
Junto a estas gestiones, hay una interpuesta por la exdiputada del Movimiento Libertario, Natalia Díaz, y otra del legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pedro Muñoz.
Díaz alega que se lesiona el principio constitucional de razonabilidad porque Recope no descartó con estudios técnicos posibles daños colaterales en motores.
“No hay estudios tampoco, que demuestren técnica y razonablemente, que tal decisión de Recope esté sustentada en los principios fundamentales del ambiente, según la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro y su posterior desarrollo normativo y jurisprudencia”, precisa otro de los argumentos en ese amparo.
Por su parte, el legislador socialcristiano,argumenta que la Refinadora no ha hecho consultas ni al Ministerio de Ambiente y Energía, ni a la ministra coordinadora del Consejo Económico, Edna Cmacho, ni a los jerarcas de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Economía, Industria y Comercio, ni a Hacienda.
Específicamente, alegó Muñoz, no se ha indagado cuál sería el impacto económico, técnico y social que tendrá en el país la implementación del proyecto de mezclas de gasolinas con etanol.
