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Andrés se topó con un dictamen médico en un momento apremiante.
Un fuerte dolor en el pecho, provocado por estrés, lo obligó a renunciar a uno de sus dos trabajos.
Tuvo que dejar de ser taxista, para dedicarse solo a sus labores en la Fuerza Pública, donde es empleado desde hace 19 años.
Andrés, quien pidió identidad protegida, requería los dos salarios. Él pagaba pensión a sus dos hijas y a su exesposa, de quien se separó en el 2014.
También debía tres préstamos que debió adquirir para comprar una casa.
Le suele llegar un salario líquido de ¢50.000 mensuales, aunque en ocasiones es más grave: en la última quincena le ingresaron ¢11.000.
Él es parte del 26% de funcionarios del Ministerio de Seguridad que en setiembre percibieron menos del salario mínimo de ¢190.377, según datos del Ministerio de Planificación (Mideplán).
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Con un salario base de ¢319.300 por mes, el funcionario ya tenía 12 años de “taxear” antes de que lo ahogaran las deudas. Por eso, debió cambiar su estilo de vida cuando un médico del hospital Calderón Guardia le advirtió que bajara su carga laboral.
“Es duro porque me tuve que ir a vivir donde mi mamá y ella me ayuda bastante en lo que es alimentación y dormida. Mi casa se la dejé mis hijas y la mamá”, relató.
Actualmente, ya no le paga pensión a su expareja, pero a sus hijas les sigue destinando ¢240.000 al mes.
Por los préstamos, paga cerca de ¢140.000, tomando en cuenta que desde hace algunos años dejó de pagar uno cuya mensualidad era de ¢100.000. Por los tres, debe más de ¢5 millones.
Sus finanzas empeoraron aún más cuando le fió a dos compañeros que no se hicieron cargo de sus cuentas.
“Estoy manchado en todo lado, no puedo ni sacar un chicle. Actualmente, me viene un embargo de ¢26.000, yo he sacado desgloses pero no viene de qué es”, afirmó.
