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La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) contrataron una firma de abogados para revisar las convenciones colectivas vigentes, brindar asesoría jurídica y asistir a las autoridades durante la negociación con los sindicatos.
Entre setiembre y octubre del 2019, estas dos instituciones públicas contrataron a BDS Asesores, bufete especializado en derecho laboral, por un total de ¢75 millones.
Recope adjudicó el 5 de setiembre por ¢51 millones y Japdeva lo hizo el 21 de octubre por ¢24 millones. Los concursos de contratación directa fueron publicados en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop); en ambos casos la única oferta presentada fue la de BDS asesores.
¿Por qué contratar a juristas externos y no echar mano a los departamentos legales de cada entidad?
La razón es que los funcionarios de las direcciones jurídicas de Japdeva y Recope reciben los beneficios de las convenciones colectivas y en una renegociación estarían frente a un conflicto de intereses.
Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva, manifestó que la institución buscó, en negociaciones de convenciones colectivas anteriores, consultoría externa, pero no precisó los años, ni el costo de esos servicios.
La última convención colectiva de Japdeva fue suscrita en 2016 y venció en 2018; ese mismo año fue denunciada por la Presidencia Ejecutiva, pero aún no se firma una nueva convención.
El costo de la convención colectiva de Japdeva en 2019 fue superior a los ¢10.600 millones.
Incluyó ajustes salariales adicionales por aumento en el costo de vida, anualidades de entre 1,94% y 2,54% sobre el salario base, y complementos salariales por modificaciones de turno, así un incentivo que oscila entre el 15% y 30% del salario base si el trabajador desempeña funciones a una altura de 8 metros.
También existen, dentro de esa convención, remuneraciones adicionales para los pilotos de remolcadores e incentivos por atracar y desatracar buques de grandes dimensiones, entre otros.
En la acera de Recope, el presidente ejecutivo, Alejandro Muñoz, dijo que desconoce si años atrás requirieron apoyo legal para acordar beneficios extras con el sindicato.
El valor de la convención colectiva de Recope oscila entre ¢15.000 millones y ¢20.000 millones por año; la última se pactó en 2016 y venció en 2019.
La Refinadora comenzó las negociaciones con el Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (Sitrapequia) a inicios del presente año, pero decidieron mantener las conversaciones en secreto para no “complicar” el proceso ni “despertar” sensibilidades.
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“Ellos (BDS Asesores) son especialistas en Derecho laboral y Derecho público (...). Solo los miembros de Junta Directiva podemos negociar, entonces estamos sin asesoría, ni siquiera del departamento legal, no se puede acudir al departamento legal porque también está cubierto por la convención colectiva”, declaró Centeno.
Cuando se firmó la convención colectiva de Japdeva, en 2016, la entidad tenía una cantidad de trabajadores mucho mayor a la actual, pues con el proceso de restructuración la planilla bajó a poco más de 500 personas.
En 2017, el costo de los beneficios asociados a esa convención colectiva fueron ¢10.074 millones y en 2018 fue de ¢12.314 millones. Ese último año subió porque decenas de trabajadores dejaron la empresa y entonces hubo que pagarles liquidaciones millonarias.
“La asesoría legal fue contratación total y completamente necesaria porque sería irresponsable que los miembros de la Junta Directiva, ninguno con bagaje legal, nos sentemos a negociar algo sin asesoría”, añadió Centeno.
La misma situación asegura vivir Recope.
“La Dirección Jurídica de la institución no puede aportar ningún abogado para el proceso de negociación porque serían una parte interesada”, afirmó Muñoz.
“En los últimos meses se han suscitado una serie de situaciones que convierten el panorama de la empresa, en el ámbito de sus relaciones laborales, en uno extremadamente complejo, requiriendo de asesoría especializada y continua para la atención de los distintos temas que se deben enfrentar”, expresó la Refinadora en la justificación del cartel de contratación, publicado el 23 de agosto del 2019.
En ese documento, la administración de Recope menciona la necesidad de ajustar la convención colectiva con las exigencias de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en 2018.
Además, indica que es “es imperativo contar con asesoría legal que ayude a la empresa a determinar los efectos, alcances e implicaciones” del fallo de la Sala Constitucional que anuló once pluses por considerarlos desproporcionados.
Entre los excesos declarados inconstitucionales resaltan el tope de auxilio de cesantía, que era superior al límite máximo de 12 años establecido por los mismos magistrados; subsidios en alimentación; y los permisos de dos días con goce salarial por el matrimonio de un hijo, por ejemplo.
En la edición vigente de dicha convención colectiva, se contemplaban hasta 20 años por concepto de cesantía. Sin embargo, en ediciones anteriores se llegaron a cubrir hasta 24 años.
“Estamos con todo el interés de bajar sustancialmente la convención colectiva actual; el objetivo es alinearla con la legislación vigente”, aseveró el presidente de Recope.
Por su parte, Ronald Gutiérrez, abogado de BDS Asesores, explicó que las personas que representen a la Administración Pública en la negociación de una convención quedan excluidos de los beneficios acordados.
Agregó que con la reforma procesal laboral, aprobada en 2017, si un asesor jurídico de una institución estatal participa de las negociaciones, quedará relegado.
"Bajo ese contexto, algunas organizaciones buscan asesorías externas. Efectivamente, vía Sicop, sale esta contratación y BDS participa, se nos adjudica y dentro de todo lo que implica negociar una convención colectiva, no es solo llegar al momento clave de sentarse frente al sindicato.
“De previo debe hacerse una revisión sobre qué es lo que dice la convención, qué es lo que se puede llegar a tener. Además, ahora existe una comisión negociadora de convenciones colectivas. Entonces, hay que preguntarles a ellos cuáles son sus lineamientos para efectos de la negociación”, expuso Gutiérrez.
Único oferente
De acuerdo con la información disponible en Sicop, el bufete BDS Asesores fue el único en presentar ofertas para las contrataciones promovidas por Japdeva y Recope.
BDS Asesores se describe como “el mejor equipo de abogados especializados en Derecho Laboral”. La compañía es dirigida por el abogado, Marco Durante, quien es uno de los representantes de patronos en el Consejo Nacional de Salarios.
¿Cómo se garantiza que el precio establecido por ese proveedor es razonable y conviene al Estado?
“Yo no participo en la contratación, eso se hace por medio de Sicop y es la Administración la que lo hace; no sé cómo fue la contratación de esa empresa (...), No lo sé, si solo uno participó no sé por qué otras firmas no participaron, no podría saber por qué otras empresas no participaron”, respondió Muñoz.
“El tiempo que se otorgó al concurso publicado en SICOP como plataforma pública responde al monto de la contratación. La firma adjudicada cumplió con los requisitos solicitados, la experiencia y su oferta se basa en los costos mínimos establecidos en la tabla de aranceles del Colegio de Abogados.
"El costo de la contratación total equivale a un 0,22% del costo que tuvieron los incentivos de la convención en Japdeva en 2019”, señaló Centeno.
El pasado 26 de octubre, fue publicada una sentencia de la Sala Constitucional que anuló ocho artículos de la convención colectiva de Japdeva por considerarlos abusivos. Ese fallo deberá ser tomado en cuenta para las negociaciones que empezarán el próximo año, informó la presidenta de Japdeva.
En el caso de Recope, las autoridades esperan definir la nueva convención colectiva antes de que finalice el presente año.
Ambas entidades afirmaron que las restricciones impuestas por la pandemia retrasaron el proceso de negociación.
