Juan Diego Córdoba González. 13 febrero
El INVU considera que hubo un mal entendido con el reglamento de fraccionamiento, de ahí el tiempo para hacer las aclaraciones. En la imagen, el edificio del Instituto, en barrio Amón. Albert Marín.
El INVU considera que hubo un mal entendido con el reglamento de fraccionamiento, de ahí el tiempo para hacer las aclaraciones. En la imagen, el edificio del Instituto, en barrio Amón. Albert Marín.

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) decidió aplazar para junio la entrada en vigencia del polémico reglamento del fraccionamiento de terrenos.

Tomás Martínez, presidente ejecutivo del Instituto, explicó que este tiempo permitirá aclarar las dudas y mejorar la redacción de la normativa para segregar propiedades en los cantones donde no haya plan regulador.

Durante los próximos meses, dijo, escucharán las preocupaciones del Colegio de Ingenieros Topógrafos, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, así como de algunos diputados que se han interesado en el tema.

“Esta mesa de diálogo y trabajo nos permitirá mejorar aquellos aspectos que se han interpretado de manera errónea, construyendo el Reglamento entre todas las partes interesadas, beneficiando a todas aquellas comunidades que no cuenten con plan regulador, permitiendo una planificación del territorio adecuada", dijo Martínez.

Una de las definiciones más preocupantes es la de fraccionamientos con fines urbanísticos. Esos procesos deben ceder 10% del terreno a los gobiernos locales.

La Ley de Planificación Urbana y la jurisprudencia de la Sala Constitucional señalan que únicamente se debe traspasar terrenos a las municipalidades cuando se trata de desarrollos urbanísticos.

Sin embargo, la definición en este reglamento deja abierta la posibilidad de que se interprete que los obligados son todos los dueños de terrenos mayores a los 900 m², que se encuentren en un área no urbanizada frente a calle pública.

En la redacción de la normativa también se incluye la obligación de los propietarios de acondicionar esos espacios como parques infantiles al traspasarlos a los ayuntamientos.

Martínez ha aclarado que ese no es el objetivo del reglamento. Sin embargo, la normativa pareciera llevar a confusión.

Esta es la segunda prórroga que se da para la entrada en vigor el reglamento. Cuando se aprobó, en noviembre pasado, se acordó que entraría a regir el 12 de febrero. Luego se dio un mes y ahora un trimestre.