INS ordenó revisar computadoras de directivos por filtración de acta a la prensa

El 20 de setiembre, un día después de una entrevista con La Nación, Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva del INS, se presentó a la sesión de la Junta Directiva y expresó que sospechaba que alguno de los otros seis directivos divulgó el acta del 23 de agosto de 2022, día en que se avaló el alza en las remuneraciones.

Contrario al criterio de la Sala Constitucional, la jerarca del INS sostuvo que ese documento era confidencial y afirmó que filtrarlo a los medios de comunicación representaba una violación a la confianza de la Junta Directiva.

“La persona que haya hecho esa filtración de información lo hizo intencionalmente por dañar la institución”, dijo Araya en la sesión 9.747, realizada ese 20 de setiembre.

De acuerdo con el acta de esa reunión, la presidenta ejecutiva agregó: “Esto no se va a quedar así y en lo personal voy a pedir una investigación (...) cuando se pierde la confianza no se tiene nada”.

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Además de expresar su sospecha, Araya insinuó que los directivos podrían vender información a la competencia y presentó una moción para que la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General del INS conformaran una comisión que investigara la presunta fuga de información y presentara un informe en 15 días hábiles.

Frente a las acusaciones, los directivos aprobaron la moción. Una vez abierta la pesquisa, la entidad le quitó las computadoras portátiles asignadas a los directivos y ordenó a informáticos de GBM Costa Rica analizar los dispositivos e identificar si alguien descargó el acta del 23 de agosto y la envió, a través de correo electrónico u otra vía, a la prensa u otros.

Para Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista, inspeccionar las computadoras de los directivos para perseguir una supuesta filtración de documentos públicos configura una violación a la libertad de expresión. El especialista añadió que, una vez que la Junta Directiva somete un asunto a votación, adquiere carácter público.

“A pesar de que las computadoras pertenezcan a la institución, los directivos están tutelados por el derecho a la intimidad y la libertad de expresión”, declaró Hernández.

La Nación envió, desde diciembre, varias consultas dirigidas a la presidenta ejecutiva del INS, pero no ha obtenido respuesta.

También se intentó obtener la versión de Luis Fernando Monge Salas, gerente general del INS, pero no contestó las llamadas realizadas a su teléfono móvil ni los mensajes de texto.

Por su parte, GBM indicó que no respondería consultas sobre este asunto, pues no puede “comentar acerca de servicios” dados a sus clientes.

El 25 de noviembre, la Sala Constitucional falló a favor de un ciudadano que exigió que el INS le entregara el acta de la sesión en la que se autorizó el incremento salarial retroactivo, es decir, desde un principio ese documento debió ser público y no sometido a controles de confidencialidad como lo hizo la Junta Directiva.

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Uso de contrato para otros fines

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Para indagar en las computadoras de los directivos, el INS utilizó un contrato, firmado desde diciembre de 2021 con GBM Costa Rica para otros fines. Ante consultas de este diario, el Instituto admitió que empleó una adjudicación entregada a esa compañía para adquisición de servicios de almacenamiento en la nube, un modelo de permite guardar datos de forma segura en Internet.

Se trata, de acuerdo con el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), del procedimiento 2021PP-000023-0001000001 para contratación de soporte en la nube. Según esa plataforma, por cada hora de servicio de los especialistas de GBM, el INS debe cancelar $38, aproximadamente.

La institución reconoció que para examinar las portátiles de los miembros de Junta Directiva necesitó 76 horas y pagó $2.900 (¢1,7 millones) a GBM Costa Rica.

Al consultarle a William Fernández Hernández, director jurídico del INS, cuál fue el fundamento legal utilizado para aprobar la revisión de las computadoras, no logró mencionar una sola norma.

A través de un correo electrónico, el abogado se limitó a decir que fue un acuerdo tomado en el “seno de la Junta Directiva de forma voluntaria” ante una “preocupación legítima”.

A Fernández también se le preguntó si no considera ilegal utilizar fondos públicos para hurgar en las computadoras de los directivos, pero rehuyó la interrogante y repitió que se trata de una decisión tomada en el seno de la Junta Directiva.

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El informe elaborado por GBM Costa Rica no halló evidencias de filtraciones por parte de los directivos a medios de comunicación u otros. En una de las conclusiones indican que hay evidencia de que dos directivos descargaron el acta del 23 de agosto, pero que no existen registros de que la compartieran con terceros.

¿Qué dice la Sala Constitucional?

Copiado!

El 23 de marzo de 2018, los magistrados de la Sala Constitucional declararon parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado por una exempleada de Pfizer. Según la recurrente, la empresa vulneró sus derechos fundamentales porque, luego de ser despedida sin responsabilidad patronal, le quitaron la computadora portátil que utilizaba para sus funciones para ser revisada en su totalidad.

Además, la recurrente alegó que mantenía información personal en ese dispositivo y necesitaba recuperarla.

Los altos jueces corroboraron que la compañía permitió a la exempleada recuperar los datos privados almacenados en el dispositivo. Sin embargo, establecieron que la empresa violó los derechos de la mujer al no permitirle que estuviera presente durante la revisión de la computadora y del correo corporativo.

“(...) Se constató que el levantamiento de información contenida en el correo corporativo otorgado a la recurrente se realizó sin la presencia de la recurrente. Por ende, esta Sala estima que el levantamiento de esa información sin la presencia de la recurrente constituye una vulneración a sus derechos fundamentales”.

De acuerdo con fuentes del INS que solicitaron no revelar su identidad, la revisión de las computadoras portátiles se hizo en ausencia de los directivos.

Además del fallo de la Sala Constitucional en 2018, en octubre de 2012 también declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo por la revisión de una computadora utilizada por un empleado del Instituto Costarricense de Electricidad en ausencia del funcionario.