EscucharLa Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) aprobó un aumento salarial retroactivo para 2.470 funcionarios sin realizar el estudio técnico de mercado que exige el artículo 44 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Dicha norma establece que las entidades estatales en competencia deben basar sus remuneraciones en ese tipo de análisis y que su contenido debe ser enviado, al menos una vez al año, a la Contraloría General de la República y a la comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público.
A pesar de no contar con el estudio técnico, cinco de los siete integrantes de la Junta Directiva del INS avalaron, en agosto del presente año, un incremento del 1,7% para 2.470 trabajadores. El aumento, autorizado para que tenga efecto retroactivo desde enero de 2022, tiene un costo de ¢622 millones anuales.
En lugar del estudio exigido por la ley, los directivos utilizaron una encuesta de salarios que ni siquiera homologó la totalidad de puestos que, finalmente, recibieron el alza. Según la Subdirección de Cultura y Talento Humano de la entidad, la encuesta solo logró homologar el 47% de las clases de puestos que existen en el Instituto, “dejando el 53% sin homologar”.
El acta de la sesión 9.741 del 23 de agosto de 2022, fecha en la que se aprobó el aumento, muestra que varios directivos cuestionaron la ausencia del estudio y los alcances de la encuesta.
Por ejemplo, Mercedes Campos Alpízar cuestionó que se asemejara la encuesta a un estudio sobre el mercado salarial en empresas aseguradoras y expresó su preocupación al respecto, pues la norma indica que debe existir un análisis técnico.
“Desde la experiencia que yo tengo recuerdo que en los estudios de mercado se hacen comparaciones entre puestos similares, se ven las brechas y se ve si cabe o no cabe el incremento”, comentó Campos en esa sesión, cuya acta fue mantenida en secreto por el INS hasta que, días atrás, un fallo de la Sala Constitucional obligó a hacerla pública.
Además, correos electrónicos en poder de La Nación demuestran que Alejandro Alpirez, jefe de la Subdirección de Cultura y Talento Humano, negó a Willy Carvajal Carvajal, miembro de la Junta Directiva, los resultados completos de la encuesta de salarios, elaborada por la empresa PwC Costa Rica a un costo de ¢1,9 millones.
“Viera que tenemos una imposibilidad de suministrarle la encuesta de salarios, ya que esa corresponde a una base de datos que administra la PwC mediante la habilitación de usuarios ante esa empresa consultora”, le respondió Alpirez a Carvajal el 7 de noviembre. La información fue solicitada por Carvajal desde el 25 de octubre.
Mediante un correo electrónico, Alpirez manifestó que no envió los resultados de la encuesta al directivo porque el informe preparado por su Subdirección para aprobar el ajuste salarial “no contemplaba el análisis específico salarial por clase de puestos” y que el único dato usado de la encuesta hecha por PwC fue el crecimiento promedio de las remuneraciones para el sector seguros.
Por último, señaló que la encuesta contratada equivale a un estudio técnico a pesar de los cuestionamientos de los directivos.
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Votos negativos
En el acta de la sesión en que se aprobó el aumento de sueldos, los directivos Willy Carvajal Carvajal y Alejandro Elizondo Castillo, nombrados por el Gobierno en mayo anterior, expresaron su oposición y votaron en contra del ajuste.
Según el acta, Carvajal afirmó que, al revisar lo estipulado en el artículo 44 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, queda claro que se necesita un estudio técnico para respaldar la mejora en las remuneraciones. “No me queda claro que estemos cumpliendo con los requisitos”, aseveró.
“(...) Incluso no se aporta ningún criterio técnico como parte de los elementos de objetividad que se necesitan para la toma de la decisión (...). No se encuentra el estudio de mercado junto al expediente”, agregó.
Por su parte, Elizondo declaró que los argumentos y documentos presentados no eran “suficientemente sólidos” para apoyar el aumento.
Ambos directivos confirmaron a La Nación que, durante la sesión del 23 de agosto, se mencionó la encuesta contratada a PwC, pero no se les presentaron los resultados completos.
Sobre ese tema también se le preguntó a Campos Alpízar, pero respondió que no recordaba lo expresado en la sesión y que tendría que revisar sus apuntes.
Contrario a lo establecido en la Política sobre Transparencia, Confidencialidad, Acceso, Clasificación y Manejo de la Información del Instituto Nacional de Seguros (INS), la Junta Directiva del Instituto, por propuesta de la presidenta ejecutiva, Mónica Araya Esquivel, declaró confidencial la discusión y votación sobre el aumento.
En una entrevista realizada el 19 de setiembre, Araya sostuvo que la medida se tomó por tratarse de “una decisión empresarial”. No obstante, la normativa mencionada no incluye la materia salarial como información confidencial.
Entre lo que sí está considerado como confidencial figuran los datos de asegurados o eventuales asegurados, así como información del “fuero interno” como origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o genética, vida y orientación sexual, entre otros.
Además, es confidencial la información bancaria, financiera, crediticia y la vinculada a las actividades del INS que califique como secreto industrial, comercial o económico.
