INS afronta ¢1.000 millones de déficit por usar plazas sin aval de la Contraloría

Se trata de personal administrativo, auxiliares de cocina, enfermeros, farmacéuticos, nutricionistas, médicos y técnicos en servicios de salud, entre otros, para abrir un tercer turno de la Unidad de Valoración Inicial del Hospital del Trauma, reforzar otros centros médicos y fortalecer dos salas de cirugía menor.

Para cubrir el hecho, durante 2022, la entidad echó mano de la subejecución de la partida de salarios. La institución tampoco incluyó los gastos vinculados a esos 87 puestos en el presupuesto ordinario 2023 y, ante la urgencia de recursos, acudió a la CGR por un presupuesto extraordinario que le permitiera sufragar las remuneraciones.

No obstante, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR improbó, el pasado 18 de julio, ¢1.179 millones por “incorporar contenido para cubrir gastos que ya han sido ejecutados”. La resolución consta en el oficio DFOE-CAP-1600.

Ante esa decisión, Luis Antonio Monge Cordero, gerente general de la Red de Servicios de Salud, ordenó recortar gastos en horas extra, viáticos, reposiciones de personal y cirugías con el fin de no exceder el presupuesto institucional anual, el cual asciende a ¢38.000 millones.

Por ejemplo, el 13 de octubre, Monge envió un correo a varios de sus subalternos en el que comunica que no se aprobarán jornadas extraordinarias de cirugías en los centros médicos del INS, los cuales atienden personas que sufren accidentes de tránsito o en el trabajo. Esa medidas impiden atender con mayor celeridad a los asegurados.

Además, instruyó no avalar permisos sin goce de salario, excepto en los casos que su aprobación no exija el pago de horas extras para sustituir al trabajador que solicitó el beneficio. También informa que los empleados que renuncien o se desvinculen de la entidad por cualquier razón no serán sustituidos hasta enero de 2024, medida que podría afectar algunos servicios.

Por último impone restricciones severas sobre el pago de horas extras y la gestión de viáticos.

En una entrevista con La Nación, Monge reconoció la ejecución de plazas sin contenido presupuestario, lo cual contraviene el artículo 180 de la Constitución Política de Costa Rica.

El argumento del gerente para actuar de esa manera es que, según él, en agosto de 2022 enfrentaron un aumento en la demanda de servicios médicos en el Hospital del Trauma, provocado por el fin de la pandemia y el aumento de accidentes de tránsito. Esa situación, asegura, los obligó a elevar la capacidad de atención.

Agregó que, por orden de la Junta Directiva de la Red de Servicios de Salud del INS, presidida por Laura Mora Camacho, aprobaron la creación de las 87 plazas, pero no aportó documentos que respalden su versión.

Se solicitó, desde el miércoles 1.º de noviembre, copia de las actas en las que se basó la decisión, copia de los estudios de cargas de trabajo que justificaron las contrataciones y otros documentos ligados al tema, pero la entidad aún no responde.

Julissa Sáenz Leiva, quien fungía como gerente de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa cuando se revisó el presupuesto de la Red de Servicios de Salud del INS, declaró que abrieron un análisis más exhaustivo sobre este asunto, pero no ofreció detalles.

En esa línea, Monge admitió que el INS también ordenó una pesquisa administrativa para determinar responsabilidades. Aceptó que él podría estar entre los investigados.

Se intentó conversar con Mora Camacho, pero no respondió las solicitudes de entrevista ni las llamadas hechas a su teléfono celular. Tampoco aceptaron contestar preguntas Kathe Chacón, directora de Administración y Finanzas, y Jaime Barquero, jefe de Talento Humano.

Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva del INS, tampoco contestó las llamadas hechas a su teléfono para consultarle al respecto.

Sin rastro de estudios técnicos

Según Juan Pablo Delgado Sánchez, exdirector de Administración y Finanzas de la Red de Servicios de Salud del INS, todas esas contrataciones fueron decididas sin estudios de demanda y factibilidad que los respalden.

“No solo no se realizaron los estudios de demanda, sino que el Departamento de Planificación Estratégica, que es el encargado de este tema, concluyó que no había elementos para poder estimar la demanda en ese servicio.

El gerente general de la Red de Servicios de Salud del INS, Luis Antonio Monge Cordero, aseguró que se hicieron estudios de cargas laborales previo a la apertura de las 87 plazas, pero no detalló el alcance de esos análisis. Desde la semana anterior, este diario pidió copia de esos documentos, pero no los han remitido.

Joselyn Alfaro, encargada de prensa dijo, este martes, que los estudios podrían entregarlos en los próximos días.

Delgado enfatizó que la Gerencia General fue advertida, desde agosto de 2022, de la ejecución de puestos sin fondos y la Junta Directiva fue alertada desde setiembre del mismo año. Luego de eso se recordó la irregularidad cada mes a través de informes financieros.

¿Qué dice la Auditoría Interna?

Arturo Brenes Serrano, auditor interno de la Red de Servicios de Salud del INS, afirmó que se enteró hasta este año de la ejecución de plazas sin contenido presupuestario. Afirma que lo escuchó en una reunión de comité de apoyo a la Auditoría Interna, pero no logró precisar la fecha.

Aseveró que iba manejando su vehículo y no podía recordar la fecha. Añadió que. al enterarse de la ejecución contra las normas presupuestarias y sin aval de la Contraloría, llamó la atención verbal en ese mismo comité.

Luego, al conocer la improbación del presupuesto extraordinario, elaboró una nota de advertencia dirigida a la Gerencia General.

Brenes señaló que no consideró necesario realizar una relación de hechos o solicitar la apertura de una investigación administrativa.

“Una relación de hechos no se hace solo porque se me ocurra o por cualquier cosa”, comentó el auditor, quien ocupa el cargo desde 2014.

La Auditoría Interna dirigida por Brenes tiene un equipo de nueve personas.