EscucharEl Instituto Costarricense de Electricidad no podrá desarrollar redes de telecomunicación de la tecnología 5G utilizando las frecuencias concesionadas a su subsidiaria Radiográfica Costarricense (Racsa), ni viceversa.
De hacerlo, incumplirían el principio de legalidad según el cual todo acto de órganos del Estado debe basarse y sustentarse en la legislación vigente. Así se lo aclaró la Procuraduría General de la República (PGR) en el dictamen PGR-C-177-2023 del lunes 18 de setiembre de 2023.
Este pronunciamiento respondió a consultas planteadas por el presidente del ICE, Marco Acuña Mora, en julio.
Específicamente, Acuña preguntó al asesor jurídico del Estado si el ICE y Racsa constituían un grupo económico.
De seguido, consultó que, de ser ese el caso, si era posible que el Gobierno habilitara al ICE a usar y explotar de forma conjunta o compartida espectro radioeléctrico concesionado a ambas empresas para lanzar redes móviles de quinta generación (5G), por ser parte del mismo conglomerado público.
La PGR respondió que el ICE y Racsa sí constituyen un grupo económico pero aclaró que prevalece un principio de legalidad que impide una estrategia como la pretendida.
“El ordenamiento jurídico no autoriza que bajo ese criterio el Instituto pueda aprovechar frecuencias concesionadas del espectro que le fueron asignadas a Racsa, al no implicar su absorción por dicho ente, ni que pierde su condición como centro autónomo de derechos y obligaciones”, explica el dictamen de carácter vinculante.
Aún siendo Racsa filial del ICE, la PGR indicó que eso no significa que sean una misma entidad jurídica (en definitiva, una única persona jurídica), la cual le permita al Instituto aprovechar las bandas de transmisión de su filial apartándose de las normas.
La Procuraduría indicó a Acuña Mora que el régimen de gestión instaurado por la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) declara el espectro radioeléctrico un bien demanial (del Estado), el cual habilita únicamente al titular de una concesión el poder de explotarlo.
“Por lo expuesto, carece de sentido determinar la competencia del Poder Ejecutivo para autorizar el uso y explotación conjunta o compartida del espectro radioeléctrico concesionado al ICE y Racsa”, concluye el dictamen.
La Nación consultó la tarde de este jueves al ICE el motivo por el cual preguntó a la Procuraduría si podía hacerse una excepción en ese caso. Asimismo, solicitó explicar la posible afectación que este dictamen implica para sus inversiones y estrategia comercial para el lanzamiento de 5G.
Al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta.
Consecuencias
El pronunciamiento de la Procuraduría implica que el ICE queda sin acceso a 100 megahercios en la banda de 3500 Megahercios (MHz) que fueron concesionados a Racsa.
De esa frecuencia, el Instituto tenía inicialmente 200 megahercios, pero en setiembre de 2022 devolvió al Ministerio de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) 100 megahercios entre las bandas de 3400 MHz y 3500 MHz.
Además, cedió 25 megahercios entre las franjas de 3600 MHz y 3625 MHz, según confirmó la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
Ahora esos segmentos de espectro serán subastados entre empresas extranjeras interesadas en desarrollar 5G en el territorio nacional.
De esta forma, si el ICE creía disponer de 200 megahercios en la banda de 3500 MHz, la PGR le precisó que solo posee la mitad.
En muchos países, el espectro de 3500 MHz es comúnmente probado e implementado en 5G, indica literatura técnica del tema. Su popularidad se debe a su mayor disponibilidad frente a secciones por debajo de los 2700 MHz las cuales ya se usan en las redes 3G y 4G.
Como el espectro es un recurso valioso y escaso, los operadores en el mundo tejen redes 5G en otras secciones de este y, de preferencia, procuran hacerlo usando grandes bloques de bandas de transmisión contiguas para operar mayores anchos de banda y ofrecer a sus clientes un mejor rendimiento.
Esto explica por qué otras naciones han decidido liberar espectro de 3300 a 3800 MHz mediante subastas para reasignarlo. Por eso es clave para cualquier operador poseer la mayor cantidad de espectro posible en toda frecuencia apta para 5G.
Tiempo perdido
Para el exviceministro de Telecomunicaciones, Édwin Estrada Hernández, la respuesta de la PGR sí es un impacto para el ICE por seguir una estrategia empresarial que, en su criterio, no es la correcta.
“Los problemas del ICE siempre han sido en el sector de telecomunicaciones por las malas decisiones de quienes lo administran y no por la apertura del mercado. Hasta ahora han tratado hacer cosas que la ley impide en este tema”, declaró.
En su criterio, ese operador diseñó mal su estrategia en 5G, porque si bien dispone de suficientes bandas para brindar los servicios, es “evidente” que ahora debe replantear la ruta con las frecuencias que sí tiene derecho a utilizar.
“Esto lo afecta porque perdió tiempo valioso en asuntos improcedentes y esto ya era sabido. A sus usuarios los afecta porque el proveedor se atrasará. Ahora deberá tomar decisiones y tejer planes apegados a la ley”, concluyó.
Este revés para la estrategia del ICE no sería el primero. En junio, el Micitt le rechazó una solicitud para cambiar el uso de un segmento de 75 megahercios entre las bandas de 3625 a 3700 MHz con el fin de aprovecharlos en 5G.
La negativa se debió a que, según la adecuación de frecuencias otorgada al Instituto, ese espectro es para servicios satelitales. Así lo expresó el Gobierno en el acuerdo ejecutivo 041-2023-TEL-MICITT.
