EscucharEl Grupo ICE redujo en casi ¢25.000 millones la provisión para el pago de cesantía en el 2022, como resultado de los cambios que introdujo la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635).
Al 31 de diciembre pasado, el total de la reserva para el pago de prestaciones legales (incluida la cesantía) fue de ¢68.146 millones, la cifra representa una merma de ¢24.923 millones (26,7% menos) respecto a los ¢93.069 millones al cierre del 2021. Así lo revelan los Estados Financieros Consolidados 2022 que presentó este viernes el conglomerado de empresas públicas.
La llamada reforma fiscal, que entró a regir en diciembre de 2018, puso al pago de cesantía un tope de 8 años. En el Grupo ICE, se determinó que los funcionarios con al menos 12 años de laborar, tenían derecho a recibir hasta 12 años de cesantía, mientras que el resto del personal con una antigüedad menor, solo recibirán 8 años, como lo dispone la ley.
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Anteriormente, se pagaban hasta 24 años de cesantía a trabajadores con 40 años de trabajo continuo.
El Grupo ICE lo integran el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Radiográfica Costarricense (Racsa) y su filial Gestión Cobro, centrada en el soporte de cobro administrativo y judicial a sus empresas hermanas.
Cambio en pensiones
Otro aspecto que contribuyó a reducir la previsión en el pago de prestaciones legales del Grupo ICE, según sus estados financieros, fue una reforma aprobada en enero del 2022 por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Se trató de un ajuste al Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte, el cual eliminó la jubilación por vejez anticipada para los hombres, quienes solo podrán retirarse hasta que cumplan los 65 años, mientras las mujeres mantienen la posibilidad de retirarse anticipadamente a los 63 años, y no a los 60 años.
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Dicha reforma entrará en vigor a partir del 11 de enero de 2024, pero para el Grupo ICE y otras empresas públicas tiene efectos contables desde ahora en las previsiones ligadas a la salida de trabajadores por jubilación.
Este año, la ley de reforma fiscal produjo el gasto estatal en salarios más bajo como porcentaje del producto interno bruto (PIB) desde el año 2015.
Para este 2023, el Estado presupuestó ¢6,53 billones en la partida de remuneraciones, lo que representa 14% de la producción nacional. Esto contrasta con el 17% que se destinó en el 2015, por ejemplo. O bien, al 16% que se consumió en 2017 y 2018.
