EscucharEl Gobierno permitirá a Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa) conservar un segmento de frecuencias de interés para lanzar 5G en Costa Rica y que por muchos años ha tenido ociosas, contrario a la recomendación de un procedimiento administrativo para que despoje a la empresa de la concesión de esas bandas.
La recomendación surgió de una investigación que se inició el 15 de febrero de 2022, cuando el gobierno de Carlos Alvarado Quesada ordenó verificar eventuales incumplimientos legales y contractuales por parte de Radiográfica.
El órgano director instaurado confirmó las faltas, razón por la cual concluyó que a Racsa se le deben quitar los 100 megahercios concesionados en el segmento de frecuencias de 3.425 Megahercios (MHz) a 3.625 MHz.
De ser así, las bandas deben ser reasignadas a otras empresas mediante una subasta de espectro radioeléctrico, para impulsar el despliegue de redes 5G locales.
Qué se encontró
La falta de uso y explotación detectada a partir de múltiples criterios técnicos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) llevó al órgano director a recomendarle al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) separar a Racsa de la administración de ese bien demanial, otorgado en 1997.
Así se concluyó “en vista del incumplimiento de la empresa con la obligación de utilización del espectro radioeléctrico concesionado y en violación al principio de optimización de su uso”, dice el informe NºODPA-INF-RACSA-001-2023, del 9 de febrero.
No obstante, al cabo de casi ocho meses de emitido el documento, el Micitt se distanció de la recomendación, la cual le habría permitido recuperar un bien apetecido para lanzar las redes de quinta generación de telecomunicaciones (5G) y dinamizar la economía.
En todo caso, desde el 17 de abril, es decir, dos meses después de emitida la sanción, Racsa publicó el procedimiento especial 2023XE-000003-0000800001 para proveer redes 5G a clientes empresariales.
De hecho, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció en junio que su subsidiaria Racsa le adjudicó el contrato a la transnacional finlandesa Nokia y que, supuestamente, tendría disponibles dichos servicios corporativos a finales de este año.
Las acciones se tomaron aunque fue hasta este miércoles 4 de octubre cuando el Micitt notificó el acto final del procedimiento administrativo contra Racsa y le confirmó que puede conservar las frecuencias que por 26 años han tenido sin uso.
Argumentos del Ejecutivo
En su resolución Nº006-2023-R-TEL-Micitt, del 29 de setiembre anterior, el Gobierno también ordenó archivar 24 dictámenes técnicos emitidos por la Sutel entre los años 2012 y 2022, en los cuales el regulador de las telecomunicaciones advertía el no uso del espectro concesionado a Racsa en contra de leyes vigentes.
Por ejemplo, Superintendencia advirtió de incumplimientos al artículo 2 de la Ley General de Telecomunicaciones (Nº 8642) del 2008, el cual dispone que uno de los objetivos de esa legislación es “asegurar la eficiente y efectiva asignación, uso, explotación, administración y control del espectro radioeléctrico y demás recursos escasos”.
Como firmantes del acto final del procedimiento, el presidente de la República, Rodrigo Chaves y la jerarca del Micitt, Paola Bogantes, argumentaron que el Gobierno se apartó de la recomendación por “motivos de orden público”.
Mencionaron la existencia de razones de legalidad, de proporcionalidad y seguridad jurídica, pese a múltiples verificaciones por parte de Sutel del no uso de las bandas.
Conforme las razones del Ejecutivo, esos dictámenes técnicos de la Sutel se habrían emitido bajo figuras no tipificadas en la normativa aplicable para sancionar de acuerdo con Ley General de Telecomunicaciones u otra legislación.
El Ejecutivo agregó que este caso plantea un perjuicio contra una disposición reglamentaria del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias del Micitt, para definir las faltas de Racsa con el uso de las bandas.
Por ello, agrega el acto final del Poder Ejecutivo, “queda a la apreciación discrecional de la Administración, y se traslada a las autoridades administrativas la determinación de los elementos para tipificar el uso ineficiente del espectro”, dice el documento.
De acuerdo con la interpretación del Gobierno, si existe una inadecuada utilización de las frecuencias, lo que correspondería como medida para adecuar la conducta del concesionario no es revocarle la concesión.
“Carece de lógica pretender que, ante una imprecisa utilización del bien concesionado, de manera automática, únicamente corresponda eliminarle la posibilidad de utilizar dichas frecuencias”, cita el texto.
