Escuchar este artículo:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/QIVXXBO7PBEVTJVR7XHBRFKX7U.jpg)
La planta Don Pedro, en San Miguel de Sarapiquí (Alajuela), cerró el año pasado a falta de contrato con el ICE. Pertenece a la empresa Enel Green Power Costa Rica, filial de la italiana Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL). Fotografía: Cortesía.
El Gobierno evalúa la posibilidad de que generadores privados vendan su energía en Costa Rica al quedar sin contrato con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Con ese objetivo trabaja en una reforma de ley, pues hasta hoy la normativa establece que las plantas privadas solo pueden venderle electricidad al ICE y este decide si contrata o no.
La legislación les impide vender a un tercero dentro o fuera de Costa Rica y por esta razón, al quedar sin contrato con el Instituto, se ven obligados a cerrar, con las implicaciones que eso tiene a nivel de despidos, por ejemplo.
El borrador de la propuesta para modificar la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, número 7.200, de 1990, y sus reformas de 1995 (Ley 7.508), estaría listo la otra semana.
La redacción está a cargo del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), informó a La Nación el presidente de la República Carlos Alvarado.
“El viceministro de Energía, Rolando Castro, está finalizando el borrador para ser enviado a la Asamblea Legislativa y espero pronto sea remitido allí y la energía pueda colocarse en la región u otra actividad. Es lo que esperamos y tenemos toda la disposición para que sea una ley. No vamos a poner traba alguna en ello”, declaró el mandatario.
El año pasado, el ICE anunció que no renovará todas sus compras de energía privada, decisión por la cual ya han apagado turbinas las hidroeléctricas Poás I y II, en Poás de Alajuela, cuyos contratos vencieron en setiembre. También la eólica PESA en Tilarán, Guanacaste, cuyo convenio expiró en noviembre.
Otras cuatro plantas correrán la misma suerte este año, incluida una a final de este mes como es el caso de la hídrica Río Segundo (en Bajos del Toro, cantón de Sarchí, en Alajuela).
La decisión del ICE compromete el futuro de instalaciones valoradas en $47 millones que aportan electricidad con fuentes limpias, según ha dicho la Asociación de Productores de Energía (Acope), la cual solicitó la autorización para que los afectados comercialicen la energía en el Mercado Eléctrico Regional (MER).
Cooperativas o grandes consumidores
El viceministro Castro aclaró que permitir la venta de energía en el mercado regional es solo una opción entre varias bajo examen, pues también se considera que los generadores dejen su electricidad en Costa Rica bajo las mismas normas actuales.
“Creemos que es importante que esta energía, que puede negociarse a precios competitivos, se quede en el país. Después de todo esas plantas ya las pagamos los costarricenses. Vemos el tema del MER como una opción más, pero no un fin en sí mismo”, adelantó Castro.
Esas opciones en análisis incluyen permitir a los privados vender su energía a las cooperativas rurales de distribución o que sea consumida por industrias de uso intensivo de energía en el marco del Sistema Eléctrico Nacional.
El funcionario evitó detallar aspectos de fondo, pues adujo que el plan aún está en revisión por lo delicado del cambio. Aseguró, sin embargo, que el Gobierno reconoce el sentido urgencia de este asunto.
Según el viceministro, la solución debe llegar a la corriente legislativa “lo antes posible”. Además debe ser muy directa y políticamente viable con tal de prevenir cualquier interpretación distinta que pueda complicar su discusión entre los diputados.
“Como esto incluye al ICE, nuestro afán es que la reforma vaya muy concreta a solventar un vacío legal y tenemos claro el sentido de urgencia. Venimos trabajando con distintos actores como el ICE, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y los generadores privados, para que el ajuste sea eficiente y preciso”, destacó.
Acope y la Cámara de Industrias de Costa Rica han urgido desde hace meses al Gobierno a que se permita la venta de los privados en el MER, donde el ICE, como único agente autorizado de Costa Rica, podría actuar como intermediario para colocar la electricidad de los empresarios entre países de Centroamérica.
A cambio, el Instituto recibiría una comisión y quedaría liberado de cualquier riesgo financiero de ese intercambio comercial, el cual sería asumido por los empresarios.
Colaboró en esta información el periodista Esteban Oviedo
