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No hubo delitos y, por lo tanto, la investigación judicial no debe continuar. Este fue el criterio de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público que solicitó al Juzgado Penal desestimar una causa abierta contra Irene Cañas Díaz, ahora expresidenta del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por realizar teletrabajo desde Panamá, cuando atendía un drama familiar, durante la segunda mitad del 2021.
El hecho fue denunciado en febrero por parte de la auditora interna del ICE, Sofía Flores Machuca, para quien Cañas pudo haber incurrido en los delitos de violación al deber de probidad, incumplimiento injustificado de deberes, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad por ejercer su cargo desde el vecino país, al que viajó con frecuencia debido a una “compleja situación familiar”, según lo que la entonces jerarca divulgó.
Para la auditora, el hecho de que Cañas realizara sus tareas como presidenta del Instituto desde el extranjero merecía investigarse, por ser una situación no contemplada ni en la normativa interna, ni en la legislación nacional sobre teletrabajo.
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No obstante, la Fiscalía confirmó a La Nación que este expediente, tramitado bajo el número 22-000040-1218-PE, se remitió al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública con una solicitud de desestimación, el 10 de junio anterior. Según la oficina de prensa del Ministerio Público, la petición aún no ha sido conocida por el juez correspondiente.
“Este caso todavía no está concluido y yo soy completamente respetuosa del debido proceso en tanto este continúe”, dijo al respecto Irene Cañas, al ser consultada por La Nación.
La auditora Flores Machuca también elevó el caso ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética Pública, según lo detalló en su oficio 0020-047-2022 de enero del 2022. Asimismo, envió el documento al entonces jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca, luego de que él solicitara información y cuestionara a Cañas en redes sociales por sus frecuentes salidas.
El diputado aseguró el 9 de diciembre de 2021 en su cuenta en Twitter que Cañas Díaz acumulaba entonces dos meses de ausencia de Costa Rica y cuestionó si aquellas ausencias fueron informadas al Consejo Directivo del ICE, si habían sido con goce de salario o en representación del Instituto en actividades oficiales.
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Drama personal
La ofensiva en redes sociales llevó a la jerarca del ICE en aquel momento, a divulgar que la muerte de su hermano y un proceso de custodia de su sobrino de ocho años la obligaron a moverse a Panamá a atender lo que llamó una “compleja situación familiar”, que también la obligó a separaciones temporales del cargo.
Ella relató que en agosto de ese año falleció un hermano suyo quien residía en aquel país en compañía del hijo de 8 años. Por esa razón, dijo, viajó a atender trámites ligados con la custodia legal y definitiva del niño, de quien se ocupa desde la muerte del padre porque, según su exposición, ella representa ahora la persona con mayor cercanía afectiva para ese menor.
“Es indispensable que le acompañe en el duelo y que esté presente en las citas de salud a las que debe asistir regularmente por tener el Síndrome de Prader Willi, un trastorno genético poco común que requiere atención y terapia especializada y permanente. Además, es importante señalar que él no puede salir del país hasta que el proceso de custodia se encuentre finalizado”, indicó Cañas en diciembre, también desde su cuenta en Twitter.
