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Fiscalía investiga aparente descontrol con ‘mupis’ y puestos

Compañías utilizan mobiliario que debería ser municipal para anuncios y publicidad

El Ministerio Público investiga al alcalde de San José, Johnny Araya Monge, y a otros funcionarios del municipio, por aparentes anomalías en los contratos con empresas de mobiliario urbano (mupis).

La pesquisa se basa en el informe de Auditoría Interna de la Municipalidad 037-Inf-A-2010, realizado por el director ejecutivo, Israel Barrantes Sánchez.

Entre lo que se investiga, está el por qué 99 módulos para ventas estacionarias y cinco para oferta de lotería que, según el contrato, debían estar registradas como propiedad del Ayuntamiento desde el 2007 no aparecen como activos municipales.

Entre tanto, los mupis son utilizados por la empresa De Haro Publicidad de Costa Rica (ahora IMC S. A) para explotación publicitaria, sin que los cobros por ese servicio ingresen a las arcas municipales.

También se indaga la razón de que cuatro columnas informativas donadas por la empresa Equipamientos Urbanos de Costa Rica (Eucor) a la Municipalidad de San José, como parte del contrato, se siguen alquilando para publicidad privada, sin que el Ayuntamiento reciba ninguna ganancia.

Esta misma empresa donó 10 quioscos de prensa, de los cuales, según la Auditoría, nueve desaparecieron de las bodegas del almacén municipal, sin que hasta la fecha se conozca dónde están.

Silencio. Araya no quiso pronunciarse sobre estos cuestionamientos, mientras su asesor legal, Mario Vargas, aseguró que las recomendaciones de la Auditoría fueron acatadas y negó que existan irregularidades en la administración de los contratos.

No obstante, sobre asuntos puntuales como la desaparición de los 10 quioscos que señala la Auditoría Vargas negó tener algún conocimiento.

El informe de la Auditoría también cita a otros cinco funcionarios, pero apunta principalmente a Rodolfo Sancho Quesada. Aunque se le pidió su criterio, no respondió.

Inicialmente, dijo que buscaría asesoría legal para dar declaraciones, pero luego no atendió ni devolvió llamadas, pese a cinco mensajes dejados en su celular.

Según la Auditoría, Sancho figuraba como responsable del órgano supervisor y evaluador de los contratos, pero en los expedientes de estos no aparecen informes, seguimientos o supervisiones al uso del mobiliario instalado.

Las empresas publicitarias mencionadas alegaron desconocimiento de las pesquisas.

De estas aparentes irregularidades fue informado el Concejo Municipal por la Auditoría el 28 de junio del 2011. Este nombró una comisión para profundizar en el caso, la cual no ha emitido su informe.

La denuncia ante la Fiscalía la planteó un grupo denominado Comité de Funcionarios Municipales, Contribuyentes y Vecinos del Cantón de San José por el Rescate y Resguardo del Patrimonio y la Probidad en la Municipalidad (Promuni). No obstante, los nombres de sus integrantes no se dieron a conocer.

Por medio de la oficina de prensa, la Fiscalía informó de que no se referirá a la investigación porque se encuentra apenas en la etapa de recolección de pruebas.

Además, dijo que “se ha visto imposibilitada de brindar algún tipo de información a los denunciantes, por ser denuncia anónima”.

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