Juan Fernando Lara Salas. 5 diciembre, 2019
Fachada del edificio sede del ICE localizado en Sabana Norte, San José/ Fotografía: John Durán
Fachada del edificio sede del ICE localizado en Sabana Norte, San José/ Fotografía: John Durán

La Fiscalía investiga si el ICE atentó contra la Hacienda Pública en la negociación de una multa por $6,7 millones que le aplicó a Huawei luego de que la empresa china incumpliera parte de un millonario contrato de telefonía celular.

En lugar de cobrar el dinero en efectivo, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aceptó que el gigante asiático pagara la sanción con la entrega de equipos y servicios.

Eso, al final, le permitió a Huawei convertirse en proveedor para un nuevo negocio con la empresa pública pero en el área de Internet fijo.

La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó las investigaciones ante consulta de La Nación.

La denuncia la presentó la Auditoría Interna del ICE el 19 de noviembre y el caso está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción bajo los expedientes 19-000294-1218-PE y 19-000295-1218-PE. Ambas causas son contra personas ignoradas.

Un funcionario público atenta contra la Hacienda Pública cuando interviene en razón de su cargo para influir, dirigir o condicionar, en cualquier forma, para producir un resultado determinado lesivo a los intereses patrimoniales del Estado o al interés público, según la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley Nº 8422).

El caso se remonta al 2009 cuando el área de Telecomunicaciones del ICE adjudicó a Huawei un proyecto por $235 millones. Era un contrato por cinco años, bajo la modalidad de arriendo, de un sistema para ofrecer telefonía móvil desde la red 3G.

No obstante, las cosas no salieron según lo previsto.

Siete años después, el Instituto le abrió a Huawei un procedimiento para cobrarle $6,7 millones de multa por incumplimientos en el contrato entre el 2011 y el 2014, como quedó consignado en el oficio 5225-1031-2016 del 22 de noviembre del 2016.

Huawei aceptó la multa pero sin traducirla a un desembolso económico.

En su lugar, la compañía asiática le propuso al ICE una dación: entregar un bien o servicio a cambio de saldar la deuda.

El ICE aceptó la oferta con el aval de Jaime Palermo Quesada, entonces gerente corporativo de Telecomunicaciones.

Él dejó el ICE el 26 de noviembre anterior como parte de un proceso de movilidad voluntaria. Su salida se dio seis días después de la presentación de las dos nuevas denuncias ante el Ministerio Público, el 19 de noviembre pasado.

El aval de Palermo a la dación lo evidencia el oficio 6000-1513-2017 del 9 de noviembre del 2017 donde aparece su firma.

Gracias a esta dación, Huawei convenció al ICE de recibirle equipos para Internet fijo valorados por peritos del Instituto en $5,2 millones y servicios por la suma $1,5 millones, precisan documentos en poder de este diario.

Aparte de honrar sus faltas en telefonía móvil, esto le abrió la puerta a Huawei para seguir haciendo negocios al incursionar así y de forma ventajosa en la red de transporte de Internet fijo del ICE.

Las nuevas investigaciones se unen a otras dos en la misma Fiscalía donde se indaga si la decisión del ICE de comprar la empresa Cable Visión pudo haber derivado en delitos de malversación de fondos públicos e influencia en contra de la Hacienda Pública. Se trata de los expedientes 18-000122-1218-PE de setiembre del 2018 y el 18-000167-1218-PE de noviembre de ese año.

La Nación consultó al ICE sobre los nuevos casos, la entidad aseguró que se referiría al tema durante la tarde de este jueves. Sin embargo, fue hasta este viernes 6 de diciembre cuando comentó al respecto.

“En virtud de encontrarse las denuncias en la etapa de investigación penal ante la Fiscalía citada, el ICE es respetuoso de dicha labor, que por Ley es competencia del Ministerio Público, y en consecuencia está imposibilitado de rendir declaraciones en torno al tema”, aclaró la entidad por correo electrónico.

Eso sí, agregó que brindará al Ministerio Público la colaboración que dicha entidad demande para llevar adelante la investigación de los hechos denunciados.

Asociación bajo lupa

La Fiscalía también investiga si, como efecto de esta incursión de Huawei en este negocio, también se pudo lesionar a la Hacienda Pública por ciertas condiciones en que el ICE y la extranjera aceptaron hacer negocios.

Específicamente porque el ICE firmó con Huawei un acuerdo para vender paquetes de suscripciones de televisión, Internet y telefonía a hogares en el cual se comprometió a dar millonarias compensaciones a los chinos de incumplir determinada porción de mercado en tres años.

Además, el Instituto le otorgó potestad de fiscalizar sus esfuerzos en dicho proceso.

El texto amarra al Instituto a instalar 100.000 Set-Top Box (STB) en ese lapso o deberá iniciar una serie de desembolsos hasta por $5,8 millones a lo largo de cinco años de incumplir la meta durante ese lustro. Los STB son los aparatos colocados sobre el televisor para decodificar la señal digital de los servicios contratados.

El acuerdo de Asociación Empresarial entre el ICE y Huawei Technologies Costa Rica S. A., No. AC-018-17, se firmó 12 de julio de 2017 y da a la asiática autoridad de juzgar el esfuerzo del ICE en el proceso.

“En caso que se demuestre por parte de Huawei que el ICE no efectuó los esfuerzos administrativos, técnicos y comerciales necesarios para el posicionamiento del servicio de TV Paga, deberá reconocer como mínimo al final de cada año respectivo, los montos que se indican en la tabla siguiente”, dice la cláusula 7.5.1.

Para el primer año, la compensación asciende a $810.000, luego a $945.000 al segundo año y $1.080.000 al tercero. Luego sube a $1.350.000 y $1.620.000 al cuarto y quinto año; respectivamente.

El escrito también fija un aporte inicial del ICE a Huawei por $3,1 millones en desembolsos anuales en los primeros tres años después de firmado. A la fecha, el ICE ya pagó $2,5 millones.

Dicho acuerdo de asociación también lo firmó Jaime Palermo Quesada, exgerente de Telecomunicaciones; Carlos Cerdas Delgado, director de Contratación Administrativa, y la entonces directora jurídica del Instituto, Julieta Bejarano Hernández.

Por Huawei, firmaron Shiqing Chen, gerente general de Huawei Technologies Costa Rica S. A. y su apoderada general, Jing Li.

Sofía Machuca Flores, auditora general del ICE había dicho desde marzo anterior que había estudios en proceso en esa auditoría ligados a la contratación que la Institución hace de equipo Huawei. Así lo manifestó entonces ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.