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Los exdueños de la empresa Cable Visión de Costa Rica reclaman en tribunales al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) el pago de $4,6 millones contemplados en una de las cláusulas del acuerdo de compra de la cablera, suscrito en el 2013, por un monto total de $12,3 millones.
Los empresarios exigen que se honre este compromiso a pesar de que Cable Visión estaba en un grave deterioro financiero cuando se concretó la venta y el ICE se vio obligado a inyectarle fondos para mantenerla a flote. La cifra, que trasciende hasta ahora, está contemplada en el causa 18-011595-1027-CA, que se tramita desde el 2018 en el Tribunal Contencioso y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José.
Según los expropietarios de la cablera, esos $4,6 millones corresponden a contingencias fiscales que el ICE debía pagarles cuando expirara el contrato de compraventa al cabo de 10 años (en diciembre del 2023). Sin embargo, este arreglo se cuestionó desde junio del 2018 en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, la cual consideró que hubo un manejo inadecuado de dicha reserva de ley en perjuicio de la Administración Pública a la luz de los problemas financieros que halló en Cable Visión.
Ese mismo informe precisa que el ICE le lanzó un salvavidas financiero de ¢23.000 millones a su subsidiaria del 2014 al 2017. Dicha inyección comenzó justo luego de la compra, cuando las cuentas de la cablera ya estaban en rojo; según descubrió la CGR por, entre otras causas, incongruencias en la información ligada a ventas y cantidad de clientes y una revaluación de activos sin bases técnica que hizo un empleado de aquella empresa, “sin evidencia de una metodología medible y verificable técnicamente”.
Por ello, dijo la CGR, el ICE debió rectificar de inmediato toda declaración de impuestos de su nueva subsidiaria apenas adquirida y ponerla al día en sus obligaciones frente al Ministerio de Hacienda al ser el Grupo ICE un ente público y, en adelante, el único socio de Cable Visión de Costa Rica.
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En medio del litigio, el Instituto le pagó en el 2021 a Hacienda los $4,6 millones de contingencias fiscales como lo ordenó la Contraloría, pero los expropietarios insisten en que el pago acordado con ellos sigue vivo.
En ese mismo año, el ICE buscó incorporar en la demanda a la propia Contraloría General, bajo el argumento de que asumiera su supuesta responsabilidad en perjuicio del ICE, por haber hecho, supuestamente a destiempo, la auditoría y señalado diversas recomendaciones en dicho análisis.
No obstante, el 21 de noviembre anterior, el juez tramitador Wainer Castro Peraza declaró sin lugar la petición, pues consideró que no existen pretensiones concretas de los demandantes en contra del ente contralor; únicamente contra el ICE; según la resolución 1584-2021.
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En julio del 2019, el ICE inició el despido de 220 empleados de su subsidiaria la cual desapareció formalmente en octubre del 2019 cuando la gerencia de Telecomunicaciones del Instituto absorbió sus operaciones.
El Ministerio Público tiene bajo investigación si hubo malversación de dinero público en la compra pero, pasados tres años, aún no hay ni sospechosos, ni indagatoria. Incluso, la Fiscalía aún espera que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) le aporte información.
