Estado aplicará cuatro procesos para seleccionar a beneficiarios de subsidios por emergencia nacional

Mediante tres procesos distintos, el Estado podrá seleccionar a los 375.000 hogares beneficiarios del subsidio para enfrentar las repercusiones económicas de la emergencia nacional a causa del nuevo coronavirus.

Las ayudas estatales temporales de hasta ¢200.000 mensuales tendrán una vigencia de tres meses, con la posibilidad de que el beneficio sea extendido, en algunos casos, según las condiciones socioeconómicas del país.

Un primer grupo de hogares será elegido a través del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) y otros registros administrativos que tienen las instituciones.

De acuerdo con Juan Luis Bermúdez, presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y ministro de Desarrollo Humano, en esa fase se identificarán a las familias pobres desatendidas.

“Ahí podremos identificar a poblaciones que tiene mayor vulnerabilidad y factores de riesgo ante el covid-19, que sumados a su condición socioeconómica, conllevan la necesidad de la intervención del Estado mediante transferencias monetarias que les permitan atender sus necesidades básicas en esta coyuntura”, señaló Bermúdez.

Ese sistema identifica con precisión a todas las familias pobres que no cuentan con ayudas estatales. Incluso brinda dirección física y nombre completo de los miembros del hogar.

Para un segundo grupo de beneficiarios se utilizarán los registros que lleva el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con los cuales se identificarían todos los empleados afectados por la suspensión de contratos laborales, y en un segundo grado, a aquellos con jornadas reducidas

A este lunes, esa entidad había avalado la suspensión temporal de 1.728 empleos, mientras procesaba otras 11.457 solicitudes de ese tipo. Además, aprobó la reducción de jornadas para 48 empleados y tramita otras 9.060 peticiones de patronos y empresas.

Comercio, turismo y servicios son los sectores con más afectación, según los datos oficiales de Trabajo.

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También se podrá identificar a los trabajadores despedidos durante la crisis.

Aunque el MTSS no tiene esa información, recurrirán a la información del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para identificar a quienes se quedaron sin empleo, según explicó la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte.

“No existe ninguna obligación de que los patronos nos reporten cuando hay despidos. Entonces no hay nadie que tenga el dato oficial de cuántos despidos se estén dando. Uno de los mecanismos que estamos previendo, dentro de lo que venimos diseñando, es que se requiere generar mecanismos de control cruzado para identificar quiénes estaban reportados como trabajadores en la CCSS a febrero, por ejemplo”, explicó Dinarte.

Aparte de esos tres mecanismos de selección de beneficiarios, las personas afectadas económicamente también podrán solicitar el auxilio estatal.

“Echaremos manos de otros recursos tecnológicos para que las personas puedan autogestionar la solicitud, en caso de que las personas no quedaran seleccionadas dentro de los primeros grupos”, afirmó Bermúdez.

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Esas solicitudes, insistieron los funcionarios, serán evaluadas para garantizar que los subsidios se asignen a las personas que verdaderamente necesitan apoyo económico.

Las autoridades llamaron a los ciudadanos a no saturar las centrales telefónicas de instituciones como el IMAS o Trabajo para obtener el subsidio, pues no han comenzado a otorgarse, y en su momento divulgarán los mecanismos para solicitarlos.

Aunque la estrategia de entregas de ayudas monetarias está en proceso, el Gobierno insistió en que ese auxilio dependerá de los recursos que la Asamblea Legislativa apruebe.

Para conseguir los recursos, el Ejecutivo enviará al Congreso un presupuesto extraordinario por ¢225.000 millones, con reacomodos y recortes de partidas por ¢100.000 millones.

Además, se planteó una propuesta para establecer un impuesto flotante a los combustibles, con el objetivo de preservar el precio actual a los consumidores aunque el costo de la gasolina siga a la baja.

También se contempla un “impuesto solidario” a los salarios superiores al ¢1,1 millón mensuales.

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